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En una nota anterior hice referencia a los errores cometidos para obtener la habilitación de la CARP, para el dragado del canal de acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad, el fracaso del proyecto de la Hidrovía del Río Uruguay y del Puerto de Itapebí promovido por el intendente Lima y del compromiso de austeridad que había asumido el ministro Bustillo al asumir la cartera de Relaciones Exteriores, que no solo no arrojaba resultados positivos sino que se habían incrementado los gastos en las comisiones binacionales.
Ampliando esa información, debo precisar que creo que la culpa no es solo del que hace, sino que es también del que deja hacer. En otras palabras, en mi opinión, lo que caracteriza la gestión del canciller Bustillo en cuanto refiere al ámbito fluvial y marítimo del país, no es la gestión, es la no gestión, la falta de control, y conducción, principalmente, de las delegaciones ante la CARP, la CARU y la CTM de Salto Grande. Hay culpa por comisión, pero, sobre todo, hay culpa por omisión…
Se ha insistido que por ser las comisiones organismos internacionales, gozan de privilegios e inmunidades, por lo que no se les puede intimar la entrega de información sobre sus actividades. Pero se está incurriendo en un error porque el estatuto de esas comisiones no se extiende a las delegaciones de cada país, que no tienen ninguna inmunidad en relación con el gobierno que representan y que están sometidas al mismo, por lo que deben suministrar la información requerida de la comisión binacional que integran y obedecer las directivas que la superioridad les indique. No son autónomas, pero por la omisión en el control por parte de la Cancillería es como si lo fueran.
Veamos algunos casos en que se asienta la afirmación que antecede. El dragado del río Uruguay, hasta Concepción del Uruguay a 34 pies de profundidad, ha sido promovido por el intendente de Río Negro, Dr. Omar Lafluf, por la razón que, con esa profundidad, se podría reactivar el Puerto de Fray Bentos. A esos efectos convocó a una jornada de “Navegabilidad y dragado del río Uruguay”, que contó con la presencia del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Economista Isaac Alfie, del gobernador de Entre Ríos y de los presidentes de las delegaciones ante la CARU. Al respecto, el director de la OPP manifestó que este proyecto es de prioridad nacional. En un tema tan importante, que refiere al tramo del río Uruguay que compartimos con la Argentina, no estuvo presente ningún jerarca de la Cancillería. ¡Al Poder Ejecutivo lo representa el director de la OPP! ¿No sabemos cuál es la posición del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores sobre este emprendimiento, cuyo costo el suscrito ha estimado en US$ 120 millones, más 12 de mantenimiento anual?
Lo mismo respecto al dragado entre Paysandú y Salto, que será emprendido por la CARU. La Cancillería no se ha expedido al respecto. No conocemos si la delegación uruguaya, cuyos integrantes reciben remuneraciones de más de US$ 8.000 mensuales, libres de aportes e impuestos, más viáticos, actúa siguiendo instrucciones impartidas por ese ministerio y tampoco conocemos el informe del secretario técnico, que es uruguayo y que percibe un sueldo de US$ 11.700 mensuales libres de impuestos.
No existe una política, una planificación por parte de la Cancillería, lo que existe es un grave descontrol, por lo que importa conocer qué se gasta en estas comisiones binacionales y, por ejemplo, por qué el presupuesto de la CARP aumentó más de US$ 5 millones desde el año 2020, ya que pasó de US$ 22.657.000 a US$ 27.955.170. ¿Cuáles son las remuneraciones y viáticos de los delegados y secretarios de estas comisiones? ¿Formulan rendiciones de cuentas por las partidas recibidas?
