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“¿Para cuándo fue que dijo que lo quería? ” Un cartel con esta leyenda y cuatro graciosos personajes desternillándose de la risa, suele verse en algunos talleres u otros lugares en los que se encargan trabajos a término. Luego de esbozada la primera sonrisa, a poco que se reflexiona sobre su significado, el anuncio no resulta para nada agradable ni de buen augurio para quienes están urgidos por recibir aquello por lo que han pagado.
Un cartel de este tipo bien podría estar en la puerta de los ámbitos bilaterales en los que se esperan decisiones de la República Argentina relativas a cuestiones del Río de la Plata.
En 2006 la Argentina se obligó formalmente en el seno de la CARP a llamar a licitación para profundizar el canal Martín García a 36 pies de navegación, pero en 2011 el gobierno del presidente Mujica liberó a la República Argentina de esa obligación incumplida, al aceptar la promesa de una efectiva profundización a 34 pies.
A partir de ese momento, se sucedieron periódicos anuncios de la inminente concreción de las obras, los que siempre tuvieron alguna excusa para ser incumplidos: la necesidad de esclarecer previamente las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, la “guerra de comunicados” entre las cancillerías, la rescisión del contrato con el concesionario del canal, la proyectada creación de una empresa binacional para gestionarlo, la reprogramación de los cronogramas ya acordados, la necesidad de realizar nuevos estudios, especialmente sobre trazas alternativas.
Del lado uruguayo, se registró la contraproducente intervención de interlocutores ajenos al ámbito institucional específico, sin perjuicio de las ya célebres “pifias” al más alto nivel, tales como “la vieja terca es peor que el tuerto” o “se pudrió todo”. Y del lado argentino, amén de los comunicados de su cancillería de tono y contenido inadmisibles, se adoptaron decisiones unilaterales notoriamente perjudiciales para nuestro país, tales como el anuncio de la modificación de la vía troncal del Río de la Plata en base a una autorización de la CARP que no es tal, la deserción del proyecto binacional de la planta regasificadora y más recientemente, los comentados cambios en las reglas de juego para la navegación y amarres de trenes de barcazas en el río Uruguay, así como la limitación de los trasbordos de cargas de mercaderías de aquella procedencia, que perjudican los puertos de Nueva Palmira y Montevideo.
Recientemente, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de Argentina, que ya nos había explicado muy claramente la decisión de su gobierno según la cual las cargas argentinas solo pueden salir por puertos argentinos, nos dice ahora que toda la carga de la hidrovía del Paraná le corresponde a la Argentina. Según el diario “El País” del 30/3/14 (página A10), que reproduce una nota de su homónimo de Madrid, el Sr. Tettamanti afirma sin ningún doblez ni rubor, que la presencia del puerto de Nueva Palmira no tiene ningún sentido, invocando para ello ¡los antecedentes del Virreinato del Río de la Plata!
Doscientos años después, los gobernantes actuales de la República Argentina se consideran dueños, ya no del transporte fluvial y las cargas de su país, sino de las de Paraguay, Bolivia y parte del Brasil.
En definitiva, mientras nuestro presidente “se comía la pastilla” (como él mismo gusta decir) de la Patria Grande, el verdadero sentimiento y propósito de quienes manejan estos temas del otro lado del río, sigue basándose en los seculares intereses hegemónicos de Buenos Aires.
Entre tanto, el gobierno de la República Oriental del Uruguay ha preferido guardar silencio, o peor aún, sumarse a los ya reiterados anuncios de inminentes realizaciones, pretendiendo presentar como logros de nuestra diplomacia, lo que solo cabe calificar como innegables retrocesos para los intereses nacionales.
