Las empresas públicas

Tampoco son públicas. Digo esto porque si bien en Uruguay entendemos por empresa pública aquella que es propiedad del Estado, me parece que debemos además considerar el concepto de public company, en el sentido anglosajón, que quiere decir que sus accionistas son el público general que puede adquirir parte de las acciones en la bolsa. Cuando una compañía es pública, ya sea porque cotiza en Bolsa, o más aún porque el dueño es el Estado, o lo que es lo mismo toda la ciudadanía, tiene de por sí mayores requisitos de transparencia y accountability (necesidad de rendir cuentas) que si fuera una empresa privada, donde la gestión e información de la empresa se restringe a sus dueños, ya que sólo ellos disfrutan de sus ganancias o sufren sus pérdidas. Si hay algo que hemos visto con este indignante espectáculo de Ancap, y en buena medida puede decirse lo mismo de Antel, es una total ausencia de transparencia en su gestión, acompañado por una nula rendición de cuentas y asunción de responsabilidades. Se necesitó una Comisión Investigadora del Parlamento para que quienes manejaron Ancap rindieran cuentas de sus acciones. Los balances, a diferencia de otras public companies, mucho más grandes que Ancap que entregan resultados trimestrales a los pocos días de cerrado el trimestre, se accede en forma anual y con suerte seis meses después de cerrado el ejercicio. Asimismo, vemos que la supuesta empresa “pública”, tiene un sinnúmero de subsidiarias de Derecho Privado, con nula transparencia y controles, que explican la mayoría de las pérdidas que a nivel consolidado genera Ancap. De Antel podemos decir que fue muy débil, siendo suave la fundamentación para invertir cientos de millones en el tendido de fibra óptica al hogar, asunto del que al parecer se ocuparán los legisladores de la oposición cuando terminen con Ancap. Ni que hablar de Antel Arena, una decisión que se parece más a un berretín de un único accionista y presidente de una empresa privada interesado en dejar su “marca”. No se presentó una justificación de negocios ni se pidió una autorización para una actividad que a todas luces difiere del objeto de Antel. Es más, se pasó por arriba un fallo del Tribunal de Cuentas, protector de los intereses de todos los uruguayos, que objetó la competencia de Antel como desarrollador y operador de un estadio deportivo, así como las facultades de la IMM de contratar con Antel dicha construcción.

Entonces, dejemos de llamarlas empresas públicas. Podrían ser otros Ministerios, regidos por una lógica política, por la cual a quien no salió electo diputado le damos un cargo en el Ministerio. Los Ministerios no tienen que hacer publicidad (nos ahorraríamos esos gastos) y sobre todo los ministros no se disfrazarán de empresarios, en beneficio de todos los contribuyentes.