Las rejas de Zimmer

Lo realmente grave fue la orden de la jueza de Colonia Virginia Ginares de enviar a la cárcel a Zimmer y a Aunchain. Los procesamientos se basaron en la presunta ilegalidad en enero de 2008 del reempadronamiento de vehículos vencido el plazo legal y que se falsificaran fechas en documentos oficiales. Un tema complejo que finalmente hace dos semanas el Tribunal de Apelaciones de tercer turno, por unanimidad, tiró por la borda.

Los argumentos podían ser parte del debate, pero de lo que no cabe duda es que —pese a estar la jueza legalmente habilitada— la orden de prisión fue desmedida, abusiva, una condena anticipada. El de estos gobernantes de Colonia no es el único caso, pero se trata de uno de los más notorios de los últimos tiempos junto con el de Héctor Amodio Pérez y el de los llamados “enfermeros seriales”.

Aunque se pueda señalar que la prisión de Zimmer y Aunchain es algo lejano en el tiempo, su esencia y significado ha pasado casi inadvertida y para Zimmer, por la fecha del procesamiento, significó un impacto electoral.

La jueza ordenó la cárcel por la “gravedad de los hechos reseñados, la pena de penitenciaría (...) y la continuidad reputada en las figuras delictivas referidas, tratándose de dos funcionarios de altísima jerarquía que no podrían ignorar las implicancias de las decisiones que toman —o de las que no toman debiendo hacerlo— en el desempeño de sus funciones”. Luego, en radio El Espectador insistió, en que los hechos “son lo suficientemente graves como para imponer a ambos la prisión preventiva”. ¿Tan graves que no podían esperar en libertad la sentencia definitiva?

Poca diferencia temporal existe con los procesamientos de abril de ese año del exministro de Economía, Fernando Lorenzo y del expresidente del Banco República, Fernando Calloia, por abuso de funciones. La exjueza del Crimen Organizado Adriana de los Santos no ordenó para ellos la cárcel. A diferencia de Ginares antepuso con sentido común el principio de inocencia.

En todos los casos la prisión preventiva es una medida cautelar para asegurar el resultado del juicio y evitar la frustración de un derecho. ¿Si Zimmer y Aunchain hubieran permanecido en libertad podían alterar el resultado del juicio? ¿Acaso Ginares creía que evadirían las citaciones judiciales? ¿Imaginó que huirían del país para convertirse en prófugos? ¿Había alguna posibilidad de que alteraran los documentos en los que se basó para procesarlos? ¿Acaso en libertad ponían en riesgo la integridad de los ciudadanos? La respuesta a todo es un terminante no.

Si lo hubiera supuesto, debió dejar constancia al ordenar la prisión y no lo hizo. Su decisión, como otros casos, tuvo un camino con tufillo de castigo social. Entre líneas en su fundamentación se lee que pretendió dar un “ejemplo” a la sociedad sobre los malos gobernantes. Cuando Zimmer fue liberado dijo: “Tengo que pensar que (la jueza) tiene algo contra mí”. Tal vez no sea contra él, sino algo más amplio.

Las opiniones sobre la prisión preventiva abundan, pero me quedo con la del catedrático Miguel Langón por su brevedad y elocuencia: “La prisión preventiva es una rémora de otros tiempos que se ha convertido en una mácula para el sistema democrático republicano en que vivimos que nos avergüenza dentro del concierto de las naciones libres”.

Con el nuevo Código del Proceso Penal cambiará. La prisión preventiva será la excepción. Pero será complejo convencer a quienes desde la sociedad reclaman venganza y quieren ver sufrir en la cárcel a los investigados antes de que sean condenados. A todos, no solo a quienes delinquen y merecen la prisión preventiva como medida cautelar.

Zimmer gozaba de la presunción de inocencia que definitivamente estableció el 12 de junio el Tribunal de Apelaciones en una sentencia unánime de los ministros Bernadette Minvielle, Julio Olivera y Eduardo Borges.

El exintendente estuvo 70 días en prisión hasta que la negativa de la jueza y la fiscal a darle la libertad llevó a sus abogados a reclamar ante el tribunal que ordenó que fuera liberado.

Tres meses después la jueza fue ascendida a un Juzgado de Pando y en mayo de 2015 a un Juzgado de Familia en Montevideo. Rápidos ascensos en su carrera. En Colonia germinó su siembra. En 2016 su sustituto, el juez Fernando Islas, condenó a Zimmer a 16 meses de prisión, 300 UR de multa y la inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos. Utilizó los mismos fundamentos que Ginares. ¿Usted conoce casos en los que un juez le enmiende la plana a su predecesor y diga que se equivocó o que un juez absuelva luego de procesar? Si encuentra alguno, le ruego que me lo haga saber para enmarcarlo como un ejemplo contra el corporativismo y el actual sistema en el que el mismo que procesa, condena.

Para Islas, a Aunchain solo se le podría imputar certificación falsa por un funcionario público, delito que en este momento prescribió. De cualquier manera también se comió varios meses de prisión.

Ahora el Poder Judicial deberá indemnizar a Aunchain por su prisión injusta con un monto que ni siquiera le alcanzará para pagarles los honorarios de sus abogados. Zimmer adelantó que no demandará a la administración “porque esto no se arregla con plata”. En la mayoría de los casos los errores judiciales no se arreglan con nada.