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¿Qué relación tiene la Ley de Empresas Públicas derogada parcialmente en el plebiscito de 1992, con las condenas a militares involucrados en los casos de desaparecidos? La respuesta es sencilla: los primeros “tiraron la toalla” en el primer round por la pelea para achicar el Estado, terminar con absurdas empresas públicas y apostar a la mayor libertad comercial. Los segundos persistieron, persistieron y persistieron. Y lo hicieron aún contra el pronunciamiento popular, no de uno, sino de dos plebiscitos. Hoy, 25 años después, seguimos teniendo empresas públicas que pierden millones y militares presos. Ganaron los persistentes.
La pregunta a hacerse es: ¿acaso los defensores de la libertad comercial, no deberían sacar esta gran iniciativa del ropero y persistir, persistir y persistir? Ahora parece ser un excelente momento para hacerlo. Los uruguayos parecen haber entendido que ni Pluna nos da soberanía, ni fabricar whisky mejora nuestra salud o que no es bueno pagar la nafta más cara del continente.
Todas las predicciones que hicieron los defensores de la Ley de Empresas Públicas se dieron. Y sin embargo, nadie ha salido a recordar esa gesta, convertida hoy en un tema tabú.
Los hechos le dan la razón al presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, cuando dijo: “No me cabe duda de que se trata de la sesión del Consejo de Ministros más importante del periodo de gobierno (…). El Uruguay se incorpora a las transformaciones que en todo el mundo marcan los tiempos modernos. Se inicia un proceso de cambio verdadero, hondo, que va a transformar la calidad de vida de los ciudadanos, a los que invito a partir de ahora a participar de las discusiones sobre el tema, ingresando a él sin preconceptos”.
Ante el Parlamento, Lacalle agregó: “¡Que se termine el monopolio del Banco de Seguros para que los seguros sean más baratos! (…) Que se termine con el monopolio de alcoholes que impide a las agroindustrias primarias la elaboración del alcohol, que se enajenen aquellos entes autónomos que están mejor en manos privadas. Vamos a decir claramente que ‘El Espinillar’ tendrá que pasar a manos privadas, tendrá que privatizarse Pluna, Antel, tendremos que librar al Estado de las cosas que hace mal”.
Si los uruguayos hubieran votado con su cerebro y no con sus miedos, hoy nos hubiéramos ahorrados miles de millones de dólares y ganado miles de dosis de calidad de vida. El tiempo demostró que “las joyas de la abuela”… eran de plástico.
Los empresarios también se hubieran beneficiado con la aprobación de esta ley, pero salvo algunas excepciones, hicieron poco y nada para ayudar a entender el problema del estatismo y la oportunidad de la apertura comercial. La academia tampoco ha analizado el impacto negativo que ha tenido tal plebiscito en estos 25 años. Qué otro Uruguay tendríamos sin Ancap, Pluna o Antel… Y los partidos de oposición, jamás volvieron a hablar del tema.
Sin embargo, se han escrito ríos de tinta sobre los desaparecidos y, vale reconocer, se salieron con la suya sin que hubiera habido ningún riesgo institucional. La convicción que tenían sus defensores por esta causa, parece que fue mucho mayor a la de los defensores de la causa de la libertad comercial.
Con la Ley de Empresas Públicas hay que hacer lo mismo que hicieron con la Ley de Caducidad: insistir, explicar y persistir. Ya que —una vez más— se aplicará con razón el viejo dicho: “persevera y triunfarás”.
