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La primera de las alarmas la tiene siempre sonando en su cabeza. Después hay otra en su celular, una más notoria y audible. Una de esas que avisan con ruido las metas intermedias que se alcanzan o todas las que faltan para llegar hasta la orilla. Pero también tiene por ahí señales analógicas escritas en cada uno de sus despachos: pizarrones con fechas señaladas, cruces rojas marcadas en calendarios que van perdiendo sus hojas.
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Al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, obsesionado con el paso del tiempo, preciso con la cronología, le quedarán desde el sábado 4 de junio, 1.000 días de gobierno. Dos años, ocho meses y 24 días.
Parado sobre ese punto puede mirar por el espejo retrovisor y ver que durante los dos primeros años su gestión estuvo absorbida por la pandemia y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Podrá ver también que hubo unos cuantos meses dedicados por su gobierno a defender en el terreno y en las urnas la Ley de Urgente Consideración (LUC). Son cuestiones que quedaron atrás en el camino del mandatario. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuáles son los asuntos pendientes y prioritarios en la agenda del presidente?
El analista político y director de la consultora Equipos, Ignacio Zuasnabar, dijo la semana pasada en una entrevista con Búsqueda que a esta altura del mandato, el gobierno tiene que elegir “tres o cuatro batallas relevantes” y avanzar lo que se pueda por esa ruta. No es un tramo fácil, porque se irá llenando de baches electorales, de especulaciones e intrigas políticas partidarias que inevitablemente emergen cuando las elecciones nacionales asoman en el horizonte. Por eso mismo hay que elegir bien las batallas: porque es un tramo corto, uno que pasa rápido. “Estoy totalmente de acuerdo en que hay que apurar el tranco, a veces depende de nosotros y a veces no, pero somos responsables y no nos vamos a sacar el lazo con la pezuña”, declaró a fines de mayo el presidente Lacalle Pou en el cierre del Congreso de la Federación Rural.
Una fuente de Presidencia dijo a Búsqueda que si tiene que señalar las prioridades para estos 1.000 días de gobierno que quedan por delante, las enfocaría en la educación, la inversión privada y pública, la seguridad social —donde se está redactando un proyecto de ley para encarar la pesada reforma previsional— y el plan de asentamientos. Y mirando al futuro inmediato en lo internacional, no habló de Tratados de Libre Comercio (TLC) sino que prefirió hacer referencia a la profundización de una “política exterior comercial” como concepto macro.
Otro integrante de la Torre Ejecutiva destacó como necesario un “shock” en el tema educativo y mencionó el saneamiento, el desarrollo de una fuente alternativa de agua potable, la consolidación del hidrógeno verde en el marco de la transición energética y la inversión en infraestructura pública y privada como objetivos inmediatos en los años que le queden a esta administración. “La seguridad pública va a estar siempre” entre las prioridades, agregó, mientras distintos barrios de Montevideo sufren una escalada frenética de la criminalidad.
Entonces, si de asuntos pendientes se trata, el senador blanco Sebastián da Silva reclamó, en diálogo con Búsqueda, “asumir la nueva violencia en el narcotráfico y actuar en consecuencia”. También citó otras cuestiones más heterogéneas dentro de lo que son a su juicio las urgencias que debe encarar este gobierno: un TLC con China, una política de aumento del procreo vacuno y el control de las jaurías de perros.
El senador nacionalista Jorge Gandini prefirió dividir en dos bloques los temas a hincarle el diente en esta segunda parte del mandato. Dijo que hay “prioridades de coyuntura” y señaló el empleo, la recuperación salarial de los funcionarios públicos y una mejor distribución de ingresos, incluidos cambios tributarios. En el otro bloque ubicó “cambios necesarios en el corto plazo para generar efectos de largo plazo”: seguridad social y educación, donde también englobó la innovación, la investigación, la ciencia y la tecnología. Uno de los miembros del gabinete habló de la posibilidad cierta a corto plazo de la introducción comercial de la tecnología informática 5G y el posicionamiento de Uruguay como un hub de innovación y desarrollo tecnológico.
La senadora blanca Graciela Bianchi opinó que se tienen que notar cambios en el área de la educación, y subrayó que eso debe quedar especialmente manifiesto en la gobernanza de los centros educativos. También reclamó avanzar hacia una Fiscalía colegiada en el área judicial.
El senador nacionalista Sergio Botana fue bien concreto en los temas que deben tener preferencia para el presidente en sus últimos 1.000 días de mandato: reformar el mercado de los combustibles; cambiar las políticas sociales, e invertir en los sectores de la inteligencia.
La mirada de los analistas
Desde afuera del gobierno, con una visión tal vez más crítica y analítica, los expertos coinciden en que hay reformas que se prometieron en campaña y que no son nada fáciles de concretar. Así lo evaluó el politólogo Adolfo Garcé. Dijo que deberían ser prioridades los proyectos prometidos en seguridad social, educación y apertura comercial.
Garcé también habló sobre desafíos en el plano de los resultados. “Acá también destaco tres: crecimiento económico, recuperación salarial y control de la criminalidad”, señaló a Búsqueda.
“Pasando del plano de las políticas públicas y de los resultados concretos de la gestión al terreno estrictamente político, el presidente tiene el desafío de conciliar la preservación de su autoridad —y de su popularidad— con el protagonismo de sus socios en la coalición”, agregó Garcé.
El sociólogo y director de la consultora Factum, Eduardo Botinelli, coincidió en que la reforma previsional es un proyecto que se ha tornado “clave” para el gobierno. “Porque lo puso en agenda el propio presidente y porque le ha dado una trascendencia muy importante”, argumentó, y evaluó que al tratarse de una iniciativa “tan compleja” los plazos pueden conspirar en su contra.
Botinelli dijo que hay una serie de asuntos donde el Poder Ejecutivo se “juega mucho” en lo que resta hasta el fin del mandato. “Son temas macro, complejos”, enfatizó.
El primero, señaló, es cómo se desarrolla la economía en los próximos dos años, no solamente en términos de crecimiento, sino también en cómo repercute ese desarrollo económico en el conjunto de la ciudadanía. “Y ligado directamente con lo anterior, la evolución que haya en el empleo, el desempleo y los salarios será un tema clave, tanto en la discusión pública con la oposición como en el posicionamiento que la población toma con respecto a la actuación del gobierno”, dijo y recordó que los asuntos económicos son los de “mayor preocupación en la población” y en los que el gobierno “obtiene los menores niveles de aprobación”.
Por otra parte, consideró que la finalización de la obra de UPM y del tren generará un impacto positivo en términos de realizaciones, aunque matizó que también generará “un vacío en cuanto al impacto del PBI y la ocupación, por lo que mitigar esa consecuencia es imperioso”.
El analista dijo que otra de las oportunidades del gobierno en su recta final tiene que ver con las soluciones habitacionales y especialmente con el éxito que pueda tener desde el Ministerio de Vivienda la ejecución de las obras anunciadas recientemente. “Si en lo que queda de gobierno se construyen las viviendas y se reduce la cantidad de asentamientos o de personas viviendo en asentamientos, será un elemento positivo para el gobierno porque lo usará contrastando directamente con lo realizado en los gobiernos del Frente Amplio”, argumentó. Si esto no ocurre, puede volverse discursivamente en contra con una oposición bombardeando fuerte sobre anuncios no concretados. “En este sentido hay una apuesta fuerte tanto para el presidente como para Cabildo Abierto en alcanzar esos objetivos”, concluyó.
