Los 30 años del Mercosur (I)

El protagonismo sustantivo correspondió a Uruguay. Desde su asunción, el presidente Luis Lacalle Pou ha tenido la iniciativa diplomática en la región. Esa iniciativa se ha materializado en cuatro aspectos: la que yo mismo he llamado en estas páginas la “doctrina Lacalle Pou”, esto es, la idea pragmática de que debemos estar cerca de China y a la vez cerca de Estados Unidos, es decir, lejos de una pendulación oportunista y dependiente y lejos de “relaciones especiales”, siempre gravosas (a salvo de cualquier neo Guerra Fría o guerra comercial). La segunda iniciativa ha sido la propuesta a Argentina primero y luego a Brasil del desarrollo de la hidrovía del río Uruguay, uno de los grandes ríos de la Cuenca del Plata, que baña aguas uruguayas y argentinas, a lo largo de 500 kilómetros, y brasileñas, a lo largo de 1.000 kilómetros desde sus nacientes en el norte de Rio Grande do Sul. Se trata de una iniciativa geopolítica y económica regional concreta. Mientras muchos hablan de integración, el presidente uruguayo realizó una propuesta específica en este sentido: integración física, económica, productiva, técnica, a lo largo del río que nos da nombre. La tercera acción concreta ha sido una activa diplomacia presidencial, aun en difíciles tiempos de pandemia. Lacalle Pou se reunió sucesivamente con Fernández, Bolsonaro y Abdo Benítez para discutir temas bilaterales y regionales. Esta iniciativa contrasta con la virtual supresión de la subregión en el primer año de gobierno del presidente Fernández, que prefirió orientarse a México como principal interlocutor, y con la orientación prescindente hacia la subregión del gobierno brasileño, orientado al alineamiento con los Estados Unidos de Trump y con el occidente definido por estos. Finalmente, Lacalle Pou ha asumido activamente la propuesta de un sinceramiento interno del Mercosur y de su flexibilización.

Más tarde, en los primeros años 2000, ya en el contexto de la crisis y del “relanzamiento” del Mercosur posteriores a la devaluación brasileña de 1999, por iniciativa de Paraguay, se consideró en 2003 la cuestión de las asimetrías y se creó el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) (decisiones CMC Nº 45/04; Decisión CMC Nº 18/05 y decisión CMC Nº 01/10).

El propio gobierno argentino señaló en un comunicado oficial en abril del 2020 “la necesidad de avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas que permitan a los países del bloque avanzar a ritmos diferenciados en la agenda de relacionamiento externo, teniendo en cuenta la situación económica interna de la Argentina y el marco internacional”. (En aquella oportunidad nadie invitó a Argentina a liberar su camarote a bordo).

Estos antecedentes y normas suponen un cierto fundamento jurídico de algún tipo de “flexibilización”.

Por otra parte, los artículos 1o, 2o y 5o del Tratado de Asunción ponen límites a la flexibilidad. Los artículos 1o y 5o consagran el arancel externo común, la libre circulación de los factores productivos, la política comercial común y la coordinación macroeconómica y sectorial. El artículo 2o indica que el Mercosur “estará fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los estados partes”.

La palabra más escuchada en la cumbre fue pragmatismo. Esta parece ser la clave de bóveda del futuro del Mercosur.

A escala nacional, muchos (entre quienes me cuento) abogamos por el proyecto original de 1991 de un Mercado Común del Sur y de una unión aduanera que sostenga y promueva las difíciles disciplinas de la integración. Las uniones aduaneras (existen 16 de ellas registradas ante la Organización Mundial de Comercio, varias de las cuales surgieron en las últimas dos décadas) son acuerdos profundos que requieren compromisos de largo plazo y una metodología de trabajo compartida. Otros, más escépticos (con razón si se toman en cuenta solo las prácticas del bloque en la materia), abogan por darle la razón a Fernández y “bajarse del barco”, denunciando los tratados de Asunción y de Ouro Preto y asumiendo un nuevo status de Estado asociado, liberado de la disciplina de la política comercial común. Creen que así estaremos más cerca de obtener acuerdos de libre comercio ventajosos. Cometen, los segundos, en mi modesta opinión, el error de asumir como normal la peor versión de ciertas políticas públicas, como un dato inmodificable de la realidad. Además, su perspectiva tiende a ser unilateral, con fuertes déficits de conciencia geopolítica regional y global.

Si el objetivo es la celebración de tratados de libre comercio, ¿qué puede hacer pensar que estaremos más cerca de conseguirlos dejando un bloque que ha suscrito acuerdos de libre comercio con Israel, Egipto, México, Chile y la CAN, acuerdos preferenciales de comercio con India y con la Unión Aduanera de África del Sur, que ha negociado un ambicioso acuerdo con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio, y que negocia actualmente con Canadá, Corea del Sur, Líbano y Singapur?

¿No sería mejor reasumir la clave de todos los procesos de integración exitosos que, al decir de Félix Peña, se expresa en la determinación de working together, definiendo un método pragmático para perseguir objetivos compartidos?

El debate de la flexibilización propuesto por el presidente Lacalle Pou es una necesidad. En cualquier diseño futuro beneficiará a la integración y al Mercosur.

También las normas que parecen excluir la flexibilidad se convierten, a su turno, en bases efectivas para un sinceramiento, un ajuste y una modernización del bloque. Porque no hay “reciprocidad de derechos y obligaciones” (artículo 2o) si se sostienen y promueven obstáculos al comercio y barreras no arancelarias, si persisten zonas francas (como Manaos y Tierra del Fuego), si no se revisan los sectores exceptuados (automotores y azúcar), si no se reducen y racionalizan las múltiples excepciones y perforaciones al arancel externo común (esta sí una flexibilización en gran escala), si no se moderniza y revisa el nivel y la dispersión de sus múltiples alícuotas, entre otros muchos aspectos.

La reunión del próximo 22 de abril del Consejo Mercado Común, el máximo órgano del Mercosur, deberá estar guiada por el compromiso con la integración regional, por el pragmatismo para alcanzar acuerdos efectivos de rápida implementación y por la necesidad de resolver en la práctica las asignaturas pendientes de la zona de libre comercio y de la unión aduanera.

La posibilidad de avanzar “a dos velocidades” en acuerdos puntuales de libre comercio con las contrapartes con las que ya se negocia como bloque, y sin quebrar su unidad, debe estar sobre la mesa como un recurso posible más del Mercosur de hoy, contemporáneo de la cuarta revolución industrial.

Enrique Martínez Larrechea