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    Los asentamientos y colonización (II)

    Sr. Director:

    Desde hace semanas se viene discutiendo, en el marco de las negociaciones para la aprobación del proyecto de Rendición de Cuentas, de dónde deben salir los fondos para brindar a la población que hoy “vive” en los asentamientos una solución digna para la vivienda.

    El tema no es para nada menor. No solo se trata de encontrar solución para la vivienda de los más vulnerables, al menos en ese aspecto, sino para otros importantes estratos de la población. Porque tampoco es fácil para otros sectores populares encontrar soluciones rápidas para uno de los aspectos fundamentales de la vida de una familia, que repercute en forma tan importante no solo por lo económico, sino también en cuanto a que la vivienda, propia o alquilada, es también el ámbito donde se desarrollan las familias, donde se cría a los hijos, etc. Toda traba o dificultad de esta índole repercute en muchos aspectos de la sociedad.

    La discusión ha estado centrada, más que nada, en el origen e importe de los fondos que se utilizarán para brindar esta solución y el mecanismo legal a utilizar. Desde el gobierno se ha propuesto utilizar fondos del Instituto Nacional de Colonización que, según los voceros del Ejecutivo, tiene de sobra. El presidente ha dicho que es esa fuente o no hay otra. Otra propuesta dentro de la coalición es utilizar los derechos especiales de giro que otorgó el Fondo Monetario Internacional a países de todo el mundo para hacer frente a los problemas generados por la pandemia, lo que es desaconsejado por el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En fin, dentro mismo de la coalición no hay acuerdo en varios aspectos.

    El presidente ha dicho también que el Estado destina US$ 20 millones al año para dar soluciones en vivienda. Parece muy poco. En caso de ser la cifra cierta, sería una vergüenza. Por otro lado, los fondos que recibe Colonización por concepto de impuestos son US$ 30 millones al año. Nadie ha dicho cuánto se precisa para salir del paso de esta vergüenza de que más de 200.000 compatriotas vivan en esas condiciones, y tampoco para evitar que se vuelva a generar esta situación y que la vivienda esté al alcance de las grandes mayorías.

    A pesar de que el presidente ha dicho que no hay otra fuente que la de sacarle a Colonización, también ha dicho anteriormente que uno de sus sueños es concretar durante su mandato la Hidrovía con Brasil y Argentina. De más está decir que este proyecto requerirá mucho dinero, que el país necesita para darles a nuestros compatriotas que viven en situaciones indignas o insatisfactorias una solución. Además, todas las voces con autoridad en la materia han dicho que es altamente dudoso que ese proyecto sea económicamente viable o necesario. Pero parece que nuestro presidente entiende que para ese proyecto inviable e innecesario sí hay fondos, y que lo inquieta más la Hidrovía que el problema de la vivienda de cientos de miles de uruguayos.

    Por otro lado, hace varios meses se anunció que OSE (Obras Sanitarias del Estado) inició el estudio de factibilidad de una propuesta de varias empresas del rubro de la construcción para invertir una cifra cercana a los US$ 975 millones en obras de saneamiento en poblaciones del interior del país de más de 2.000 personas (124 en total) y obras anexas, lo que llevaría la cobertura de saneamiento en el territorio nacional al 88%, desde el 50% actual. Ante esta propuesta a estudio de OSE, cuyos costos pagaremos los uruguayos en caso de concretarse, no solo no se dijo que no hay plata, sino que la misma fue recibida con gran entusiasmo por el presidente de OSE. En declaraciones recogidas por la diaria en su edición del 13/7/2021, decía el jerarca, Raúl Montero, que “OSE claramente no es capaz de llevar adelante” un proyecto como el planteado sin el apoyo privado. Debemos suponer que con “el apoyo privado” se refiere a los fondos de las empresas que promueven el proyecto, no a lo que deberemos pagar todos los uruguayos durante 30 años para devolver lo invertido. No solo los casi US$ 1.000 millones, también los US$ 685.000 de operación y mantenimiento.

    Menciono esto para mostrar que se dice que no hay más plata para vivienda si no se le saca a Colonización, lo que parece ser un remiendo, pero no se dice lo mismo respecto a estas obras de saneamiento en el interior del país.

    Cabe preguntarse si este plan de obras de saneamiento es imprescindible. Asumo que para los 560.000 compatriotas que serían beneficiarios de estas obras, sí lo son, pero ¿lo son para el país? No sería más útil destinar parte de esos fondos en generar soluciones habitacionales e infraestructura en ciudades más pobladas, con mayor actividad cultural, económica, comercial, etc., en las que más y más personas encuentren una vida más rica, donde los jóvenes y los no tan jóvenes encuentren más posibilidades de desarrollo, de empleos, de intercambio con otras personas en muchos campos. Las ciudades son el principal motor de desarrollo de los países, dice el informe Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina. Se podría agregar, sin temor al error, que han sido y son también la cuna del progreso para la humanidad toda. Pero para que se conviertan en oportunidad para el progreso y el desarrollo, sería mucho mejor planificarlas y estimularlas, no dejarlas a la buena de Dios.

    Invertir esa cifra tan importante para nuestra economía en localidades de escaso porte que, en muchos casos, han mantenido igual su población durante décadas o la han disminuido, mientras en ciudades donde habitan muchos más habitantes las condiciones de vida de muchos de ellos distan mucho de ser ideales, parece ser una opción poco seria.

    En declaraciones a El País en su edición del 13/9/2021, el Arq. Leonardo Altmann, director del Observatorio Metropolitano del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), nos cuenta, entre otras cosas, que la zona metropolitana con centro en Montevideo, se ha extendido durante las últimas décadas, a pesar de no aumentar la población, lo que le ha significado al Estado (léase a todos nosotros) un costo enorme, gracias a falta de planificación gubernamental, en todos sus niveles, para atender las necesidades de sectores de la población que buscaron la solución a su problema de vivienda de la forma que fuera. La extensión de la mancha urbana alcanzó las 3.000 hectáreas, lo que es una gran extensión en relación con Montevideo.

    Es fácil de imaginar que para el erario público la construcción de un edificio en el casco central de una ciudad resulta casi inocua en cuanto a los gastos a realizar para brindarle saneamiento, electricidad, agua, transporte, educación, salud, seguridad, etc., en tanto que la construcción de viviendas en un sector en los bordes de la misma, o más allá de esos bordes, implica una inversión muy alta. Y no pensemos solamente en la inversión en sí. Pensemos en que la gran mayoría de los asentamientos están en zonas periféricas de Montevideo y de otras ciudades. Regularizarlos en el lugar donde están ubicados significa mantener a un importante sector de la población —en el caso de la zona metropolitana estamos hablando de un 10%— en la periferia. Es decir, que esas personas van a tener un mayor gasto en transporte y tiempo para el acceso a los servicios centrales de la ciudad, o de los centros de educación, o de espacios culturales o deportivos, o que haya que construir nuevos servicios con su correspondiente costo. Además, pensemos que eso significa, encima de todo, mayor contaminación por transporte, la pérdida en muchos casos de espacios fértiles, etc.

    Un estudio del Instituto Nacional de Estadística referido a los resultados del censo del 2004, se indica que las tendencias observadas en el mismo, en lo que se refiere al porcentaje de variación en la población de Montevideo entre los censos de 1996 y 2004, mostraban “un crecimiento significativo de la periferia del departamento, una reducción de población, también significativa, de las áreas centrales y un estancamiento del crecimiento del área de la costa sureste del departamento”.

    En la mencionada entrevista en El País, el Arq. Altmann dice: “El profesor Edgardo Martínez (del Instituto de Urbanismo)…, estudió el tema de la provisión de servicios y los procesos de expansión. E hizo un cálculo muy interesante: ¿cuánto le salió al primer PIAI (Programa de Integración de Asentamientos Irregulares) urbanizar una hectárea, y cuánto habría salido hacerlo antes, es decir, que el Estado hubiese provisto el agua corriente, saneamiento o red eléctrica, previamente a la instalación de un barrio en el lugar? Hacerlo después, costaba el doble”. En relación con esto, en el informe Ciudades bien gestionadas, la gran oportunidad del desarrollo latinoamericano de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina se destaca que “… en ciudades que se expanden de manera desordenada, se evidencian costos que pueden ser cuatro veces más grandes que en ciudades más compactas”.

    ¿A cuento de qué viene esto? ¿Qué conexión hay entre la negociación entre los fondos de Colonización, la Hidrovía, la propuesta de saneamiento presentada a OSE, y la extensión de la mancha urbana de la zona metropolitana? El Uruguay no ha resuelto en forma unificada a nivel nacional, a largo plazo, de acuerdo a una planificación seria, con fondos suficientes, el tema de la vivienda para su población, para atender, en especial, la necesidad de algo tan vital para tantos aspectos de la familia y de las personas de los sectores bajos, medio-bajos y medios. Por otra parte, las características demográficas del Uruguay nos hacen pensar en un futuro incierto para nuestro país. La inmigración es una de las herramientas a la que el país puede apostar para paliar este problema. En los últimos años hemos visto llegar miles de hermanos latinoamericanos en busca de una mejor vida o, al menos, una no tan mala como la que tenían en sus países de origen. Sería una obviedad decir que constituiría un gran aliento a la llegada de pobladores si desde el vamos tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna, en lugar de sufrir, como lo hacen ahora, entre pensiones de dudosa salubridad y apartamentos atiborrados.

    Como lo indica la lógica, las inversiones a largo plazo requieren financiamiento a largo plazo. Y no hablo de cinco años, porque en el próximo gobierno discutiremos nuevamente de dónde salen los fondos, si es que hay de dónde sacar. Hoy el Instituto Nacional de Colonización tiene fondos porque los gobiernos de estos últimos tres lustros han creado los mecanismos para que los tuvieran, impuestos mediante (lo que, obviamente, el gobierno actual no menciona). Pero lo que sí menciona es que no hay posibilidad de mayor endeudamiento para reducir este déficit que el Estado tiene en la materia en relación con un vasto sector de la sociedad. Como si las calificadoras de riesgo fueran a castigar a un Estado por contraer una deuda de largo plazo, destinada a invertirla (no gastarla) para encarar un desafío tan importante que no ha resuelto en décadas, y en especial a través de un sector como el de la construcción, que, nadie lo niega, tiene la característica de impactar muy positivamente en otros sectores de la economía.

    También es llamativo que algo tan presente en la vida de las personas de esos sectores sociales, que repercute en tantos aspectos de la vida cotidiana, no haya sido centro de las grandes preocupaciones de la clase política. Las soluciones hasta ahora han sido de corto alcance, parciales, insuficientes, y, en la mayoría de los casos, para salir del paso.

    Si bien hay programas quinquenales, que coinciden con los cambios de gobierno, Uruguay no tiene una política de Estado a largo plazo en este tema y hasta que no haga una planificación seria, los necesidades continuarán insatisfechas, los mayores costos lo seguiremos pagando en cuenta gotas sin darnos cuenta de que estamos pagando mucho más, y cada cinco años veremos, en campañas nacionales o en las departamentales, a los candidatos prometer hacer obras de saneamiento, de pavimentar calles, de hacer veredas, en plan de parche, porque no se han preocupado en encontrar las soluciones definitivas.

    La institucionalidad está, los diagnósticos, evidencia, hechos, análisis, etc., están. Existen varios organismos multilaterales de crédito que tienen vasta experiencia en la materia. Falta que la clase política deje de utilizar este tema tan importante para los ciudadanos como una herramienta de manipulación de necesidades y de captación de votos. Nada menos.

    Haroldo Saxlund

    CI 1.945.736-5