Los de arriba y los de abajo

Los ciudadanos ignoran los procesos judiciales de todas las materias porque el propio sistema erige muros que limitan un acceso, rodeado por lo dicho y por un lenguaje rebuscado y arcaico que produce información imprecisa con el agregado reciente de un absurdo lenguaje inclusivo. Desde la irrupción de las redes sociales se ha registrado una merma del esfuerzo periodístico: con un escritorio y una pantalla recogen escandaletes para llenar espacios —la mayoría livianos y con fines publicitarios—, que se transforman en titulares “noticiosos”. Allí se estanca el conocimiento.

Vale la transcripción textual del diálogo final:

“—Todos buscan la Ley —argumenta el hombre—. ¿Y cómo es que en todos los años que llevo aquí nadie más que yo ha solicitado permiso para llegar a ella?

El guardián comprende que el hombre está a punto de expirar y le grita, para que sus oídos debilitados perciban las palabras.

—Nadie más podía entrar por aquí, porque esta entrada estaba destinada a ti solamente. Ahora cerraré”.

Según Kafka entonces los guardianes de la ley son dueños del derecho, de un tesoro al cual el pueblo, representado por el campesino de la historia, no tiene acceso debido a su ignorancia de las leyes. Así, estas se convierten en incomprensibles porque interpretarlas es solo un asunto de jueces, fiscales y abogados.

A las dificultades de acceso se añade terminología inescrutable: ab initio, litis expensas, usucapión, premoriencia, aggiornar, litispendencia, subrogación, non bis in ídem, concusión, a la sazón, emplazamiento, sobreseimiento, absolución y empero son algunos vocablos entre centenares que se utilizan en todas las materias. Se expresan por escrito u oralmente durante los juicios. ¡Como para que lo entienda el ciudadano de a pie que ni siquiera habla bien el español sustituido por el lenguaje barrial o lunfardo!

Algunos juristas y políticos suponen que el uso de latinazgos o palabras “doctas” les permite aparecer como eruditos, aunque en cultura general no superen la línea media de un equipo del ascenso.

Además de los vocablos herméticos un especialista me advirtió hace años que el sistema judicial está contagiado de frases hechas. Es absurdo que los abogados le “supliquen” a los jueces en sus escritos, que le escriban “pido Justicia” o señalen mediante un “otrosí” que el tribunal debe actuar “como mejor proceda a derecho”, ¡como si no fuera su obligación! Son obviedades que, sumadas a muchas otras, a jueces, fiscales y abogados les permiten llenar “fojas” (hojas) para pretender lucirse mediante una arbitraria extensión de sus argumentos mientras que a los de afuera, a los legos, el sistema les impide desentrañar el lenguaje críptico y escuchan con la boca abierta argumentos que no entienden.

Ahora, para intentar que el ciudadano no permanezca aislado de las decisiones y acciones judiciales, se ha formado la Red Uruguaya del Lenguaje Jurídico. No es todo, pero es un gran paso. La impulsó la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo y por el momento la integran la Fiscalía General, la Suprema Corte, el Poder Legislativo, el Impo, el Colegio de Traductores Públicos y el Colegio de Abogados, mientras otros esperan incorporarse. Los organizadores consideran muy importante que la gente comprenda las decisiones judiciales mediante un lenguaje uniforme porque es “crucial para la democracia y el Estado de derecho”, remarcó hace dos semanas en Búsqueda Ximena Pinto, técnica del Poder Legislativo.

Quizá esta iniciativa signifique un avance para que el a quo (el de arriba) le preste mayor atención al ad quem (el de abajo) y no sea necesario que un Kafka del siglo XXI insista sobre esta cuestión y se quede afuera.