Los deseos no son la realidad

Es más complicado en el mundo político donde los deseos son mayores y las aspiraciones partidarias buscan descalificar instituciones o personas para hacerle creer a quienes poco saben que es obligatorio cumplir esos reclamos. Pero los hechos son los hechos y la realidad expulsa esos deseos o las estrategias político-publicitarias. La política es el arte de lo posible y no el arte de engañar o mentir.

Ahora mucho se manifiesta mediante pataletas como las de la frenteamplista conversa y actual senadora blanca Graciela Bianchi. Para defender al sumariado fiscal Raúl Iglesias reclama pedirle explicaciones a Gómez, que actuó dentro de la ley. Pero tiene cangrejos bajo la piedra: le atribuye a Gómez hacerle mandados a Díaz y mintió dolosamente al afirmar que la esposa de Díaz “es la directora del Departamento de Víctimas de la Fiscalía. Todo en familia”. Esa directora, Mariela Solari, es funcionaria de carrera y pareja del fiscal Carlos Negro.

Como senadora y abogada Bianchi tiene acceso a información precisa, por lo que el suyo no fue un error. Actuó dolosamente. Cuando el olor de su cloaca había inundado las redes simuló una disculpa y perversamente agregó que Negro es una “persona muy cercana” a Díaz. Ha convertido en monomanía su combate contra Díaz con métodos que aprendió como secretaria de Germán Araujo y ahora utiliza desde el Partido Nacional.

A Díaz lo votaron todos los partidos en 2012. Tampoco ningún partido objetó que Gómez fuera designado fiscal adjunto en junio de 2021. Salvo que renuncie o muera seguirá en el cargo hasta 2025, cuando cumpla 70 años. Entonces proponer al sucesor le corresponderá al presidente electo en 2024, que deberá someter su propuesta al Senado.

Las actuales controversias tienen su origen en decisiones de Iglesias, quien archivó de un plumazo casi 300 investigaciones y liberó de prisión a imputados sexuales. El sumario con separación del cargo dispuesto por Gómez para averiguar lo ocurrido desató el rechazo de algunos con el argumento de que afecta la independencia técnica y que no actuó de la misma manera con otros fiscales. No me extrañaría que dijeran que algunos subrogantes de Iglesias violaron su independencia técnica al desarchivar varias de las clausuras. Todo es posible en este repugnante mundo del revés. Por eso así nos va.

El conventillo sobre Iglesias no considera que hoy los fiscales de Montevideo tramitan cada uno en promedio 2.575 expedientes, de los cuales unos 728 son por delitos sexuales. Las comparaciones se desvanecen si solo se toman en cuenta unos pocos casos y se compara aserrín con pan rallado.

Lo ocurrido con Iglesias reavivó la pretensión del diputado colorado y exfiscal Penal Gustavo Zubía de transformar la Fiscalía General en un triunvirato. Fiel a su impronta beligerante pretendió embretar al presidente Luis Lacalle Pou. Le exigió “ponerse las pilas” para esas designaciones porque “es prioridad uno”. Recordó que antes se lo había propuesto sin obtener respuesta.

Pero Lacalle Pou replicó con la Constitución: “Puedo compartir algunos supuestos de algunos legisladores y de gente que son formadores de opinión. El tema es el siguiente: no lo cambia el presidente, ni el Parlamento por una mayoría simple. Para nombrar un fiscal de Corte hace falta una mayoría especial. Entonces no solo alcanza con la voluntad de un grupo de personas”. Cuando un periodista le pidió su opinión sobre un triunvirato fue terminante: “No opino sobre cosas que son supuestos, que no van a pasar”.

Se requieren los tres quintos del Senado, 19 votos. El Frente Amplio tiene 13, el Partido Nacional 11, el Partido Colorado 4 y Cabildo Abierto 3. Sería necesario un acuerdo entre los partidos con el peso de los mayoritarios. ¿Qué partido admitiría quedar afuera de un eventual gobierno del Ministerio Público, aunque lo compensen con otro cargo? Los problemas se solucionarían si el vencedor de las elecciones de 2024 lograra 19 bancas en el Senado. Imposible.

También se debe decidir la condición profesional de los candidatos: ¿fiscales, jueces, académicos de derecho o abogados en ejercicio? No es un cargo de carrera. La ley exige 35 años, ciudadanía natural en ejercicio o legal con siete años, ser abogado con ocho años de antigüedad o haberse desempeñado como fiscal o como juez durante seis años. Los candidatos sobran. También los problemas.