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Uruguay comenzará el año 2020 con una tasa de desemplo de aproximadamente 9%, lo que equivale a unas 150.000 personas sin empleo. Pero esta gente no tiene ni sindicato ni voceros que los representen, aún cuando serían el gremio más poblado dentro del PIT-CNT. El SUNCA “apenas” cuenta con 45.000 afiliados, COFE con 30.000, FUECYS 20.000 o ADEOM con 8.900. Pero los 150.000 desocupados no tienen sindicato, ni voz, ni voto.
Hace exactamente 34 años, el 30 de diciembre de 1985, se aprobaba la Ley 15.7991 de “Emergencia de arrendamientos urbanos y suburbanos”, con el fin de “proteger” a los inquilinos que pagaran menos de N$ 15.000 por mes. Lo que básicamente hacía la norma era suspender los lanzamientos y establecer que el reajuste de alquileres se hiciera por el 50% del índice respectivo, además de imponer un régimen de financiación a los alquileres atrasados. Todo esto debía soportarlo el arrendador.
¿Qué creen que sucedió con el mercado de alquileres? Los que ya eran arrendatarios por menos de N$ 15.000 se vieron beneficiados, pero los que NO ERAN arrendatarios y estaban buscando alquilar algo barato se vieron en problemas: el alquiler “piso” pasó a ser N$ 15.001, incluso para una simple piecita que se alquilaba a N$ 5.000 antes de aprobarse la ley, pasó a valer N$ 15.001.
Además del aumento de precios, los propietarios “retiraron” sus propiedades de la oferta, temerosos que estas leyes no fueran prorrogadas o ampliadas y luego no pudieran sacarse a un inquilino de su propiedad en años, como sucedía con los inscriptos al RAVE (Registro de Aspirantes a Viviendas Económicas).
Los inversores dejaron de construir viviendas para la clase media y media baja, ya que nadie iba a comprarlas para alquilarlas por menos N$ 15.000, dada la mentada ley.
Estos factores llevaron a una restricción de la oferta, y así los alquileres “para los más humildes” se fueron a las nubes, perjudiando a quienes se supone querían proteger.
Hoy en día sucede lo mismo con las leyes laborales. Pretenden ser tan “protectoras” del trabajador, asegurándole una “agenda de derechos” tan amplia, que los empleadores buscan por todos los medios contratar menos gente y resolver los asuntos incorporando más tecnología.
Los que ya son empleados (al igual con los que ya eran inquilinos), se ven benefiados (a corto plazo), pero los desocupados, los jóvenes sin experiencia y los menos capacitados, son los que más se perjudican.
Esto obedece (en gran parte) a la concepción corporativista que anima a la izquierda política, sindical y académica del Uruguay. Como bien lo decía el Dr. Daniel Ferrere en una columna de julio de 2010 publicada en El Observador, titulada “¿Qué es ser progresita?”2: “El núcleo de la izquierda está en el corporativismo. De allí su enamoramiento del Estado —la máxima corporación— y su alianza con los sindicatos como corporaciones intermedias entre el individuo y el Estado. La izquierda se alía con las corporaciones, y como consecuencia, posterga a los individuos no integrados: a los no afiliados, a los trabajadores individuales, a los desempleados y a los que caen fuera de la estructura social. A estos está dispuesta a comprarlos con subsidios, pero no a darles prioridad, porque la prioridad son sus aliados, las corporaciones”.
Créanme: si existiera un sindicato que agrupara a los desocupados, los jóvenes inexperientes, los menos capacitados y los autónomos, no estaría reclamando trabajar seis horas, ni un segundo aguinaldo o quejándose de un jefe exigente.
Un sindicato de desocupados debería bregar por más flexibilidad, menos impuestos y más facilidad para emprender, ya que el trabajo no solo genera ingresos para comer, sino que eleva y dignifica. Siendo así, ¿quién será la voz de este grupo —lamentablemente— tan numeroso?
