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Este fue el mensaje de texto que permitió dejar al descubierto una trama espeluznante. Con una frialdad que horroriza, una enfermera le comunicaba a un allegado que un colega de ambos había dado muerte intencional a una persona. Tanto el que recibía el sms como el aludido por su acción venían matando gente desde hacía varios años en dos establecimientos de salud.
El juez penal Rolando Vomero declaró a los medios de prensa que tres enfermeros habían sido procesados por el homicidio especialmente agravado en reiteración real, por los 16 casos que reconocieron. Los dos hombres por estos hechos aberrantes y la mujer por encubrimiento. No obstante, son acusados de muchísimos otros asesinatos de pacientes: se están investigando hasta 200 casos de personas que fallecieron en circunstancias llamativas en los últimos siete años. Los crímenes fueron cometidos en uno de los hospitales públicos más emblemáticos del país y en una de las clínicas privadas más prestigiosas.
Los enfermeros admitieron, primero a la Policía y luego ante la Justicia, que venían matando gente desde hacía siete años, semana tras semana, en los establecimientos mencionados. Sin embargo, al reconocer sus acciones alegaron que lo hicieron “por piedad”. Uno de los acusados justificó sus acciones ante el juez, alegando que el móvil fue ayudar a que los pacientes sufrieran menos.
Esa “excusa” cayó por sí sola, al comprobarse que la mayoría de los pacientes que habrían matado no eran terminales. Precisamente, “la paciente de la cama 5” era Santa Gladys Lemos, que no estaba desahuciada y además, tenía el alta médica para volver a su casa. Cuando se preparaba para dejar el hospital, repentinamente comenzó a sentirse muy mal, se retorcía de dolor y pedía ayuda. Ese mismo lunes 12 de marzo murió de un infarto. Quedó probado mediante una autopsia que fue asesinada mediante una inyección letal.
En apariencia, los dos enfermeros no actuaban en forma conjunta. Un informante declaró que constataron que mataban a quienes demandaban mayor atención. Además, está comprobado que el patrón común era que asesinaban a personas cuya muerte no era considerada inminente. Es más, eran enfermos que en casi todos los casos habían presentado síntomas de mejoría. Pero, como estaban en el Centro de Cuidados Intensivos (CTI), sus fallecimientos no llamaban demasiado la atención. Los métodos que utilizaban para matar eran diferentes: uno de ellos les inyectaba aire en la sangre; en cambio, el otro les daba grandes dosis de morfina.
Una vez conocidos los hechos, comenzaron a surgir una serie de interrogantes: ¿cómo es posible que esto estuviera ocurriendo tan asiduamente y durante un período tan prolongado, y ninguna autoridad lo hubiera advertido? ¿Nadie en los centros de salud sospechaba lo que estaba ocurriendo? Y si desconfiaban, ¿por qué se hacían los “distraídos”? ¿Hay más “ángeles de la muerte” haciendo su tétrica labor?
La Justicia va a investigar a los médicos que firmaron las actas de defunción y a las jerarquías de los nosocomios aludidos. Según declaró la enfermera que hizo la denuncia, hacía tiempo que había puesto en conocimiento de las autoridades del hospital lo que estaba ocurriendo. Pero como estas no tomaron ninguna medida para castigar a los responsables e impedir que siguieran ocurriendo más muertes, recurrió a la Policía.
Más allá de las responsabilidades penales que les quepan a cada uno, hay una pregunta de fondo: ¿por qué razón estos hechos pasaron “inadvertidos”? ¿Indiferencia general? ¿Complicidad solapada?
En nuestra opinión, lo acontecido deja al descubierto un gran mal que aflige a la sociedad posmoderna en general, y a la uruguaya en particular: la desvalorización de la persona. Da la impresión que actualmente, en la cultura occidental, solo son dignos de respeto y consideración los sujetos situados entre determinadas franjas etarias, que son aquellas que coinciden con la adolescencia y juventud. Después de cierta edad, a la gente se la considera “material de desecho”. Una molestia de la cual cuanto más rápido nos desprendamos, mejor.
Esta concepción del ser humano fue expuesta con increíble crudeza por el abogado de uno de los procesados. En defensa de su cliente expresó que los asesinados eran “gente añosa, grande (eufemismo importado de la Argentina, con el cual se ha puesto de moda designar a los ancianos) y realmente por motivo de piedad fue lo que hizo nuestro defendido”.
A nuestro entender, esta desvalorización de la persona como tal está muy ligada a las controversias relacionadas con el aborto. Cuando se toma como algo natural el plantear que lo relevante para decidir si es lícito terminar con la vida de alguien es determinar en qué momento el embrión se convierte en “ser humano”, entonces están abiertas las compuertas para cualquier barbaridad. Si es posible sostener que a partir de los seis meses (por decir un lapso cualquiera) el feto es “persona” pero antes no, se barre con todas las barreras morales concernientes al derecho a la vida.
Uno se puede cuestionar: ¿por qué a los tres meses de gestado se puede eliminar a un ser humano y no después de nacido? Una vez emprendido ese camino, todo está permitido. Incluso, ya hay quienes han alegado que se puede poner fin a la vida de un bebé, siempre que se haga dentro de las 24 horas del parto. Los que tienen discapacidades serias, ¿serán considerados personas? ¿Hasta qué edad alguien debe ser tratado como sujeto con derechos? La dignidad intrínseca de cada individuo, ¿tiene fecha de validez?
Una vez que aceptamos que la vida humana no es sagrada e inviolable, el camino que tenemos por delante es tan solo de cifras. Es uno en que los más fuertes son los que van a decidir quiénes pueden vivir y quiénes no. Si seguimos así, que eso ocurra va a ser tan solo cuestión de tiempo.
Lo acontecido en Uruguay es una prueba palpable de hasta qué punto nos hemos deshumanizado. Y que, una vez que hemos permitido que se cuestione en qué momento alguien se convierte en “persona”, la consecuencia lógica es que también desvaloricemos a los que se encuentran en la otra punta del hilo de la vida.
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