Nº 2122 - 13 al 19 de Mayo de 2021
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáQuería comentar una idea que ha sido utilizada por el presidente, ridiculizada por sus rivales ideológicos y que, pese a ser una de las patas clave de la estrategia gubernamental contra la pandemia, creo que ha sido poco explicada de manera didáctica. Es la idea de “libertad responsable”, usada por el presidente Luis Lacalle Pou en varias de sus ruedas de prensa. “¿Alguien entiende la vida en sociedad sin la libertad responsable? La libertad responsable es algo para hoy, para mañana, con pandemia y sin pandemia. Es la vida misma en sociedad. He escuchado ‘fracasó la libertad responsable’: si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad. Fracasa la vida en sociedad. Entonces que no todo el mundo se comporte de esa manera no quiere decir que no sea algo vigente en la vida diaria de todos nosotros”, decía el presidente uruguayo el pasado 29 de abril.
El concepto es heredero de la tradición liberal que pone los derechos y obligaciones de cada ciudadano como eje y base de cualquier acción colectiva, que es entendida como la sumatoria de las voluntades individuales. Sin embargo, como sabe cualquiera que viva en una sociedad real y no dentro de un libro sagrado, muchas veces esa sumatoria no basta. Por eso necesitamos una DGI, una Policía, un sistema sanitario y un sistema educativo, entre otro montón de cosas colectivas. Si queremos una sociedad que tenga unos niveles aceptables de justicia, no siempre basta con las voluntades dispersas en el mercado. Primero, porque los poderes existentes en esos mercados no son iguales, tienen distintos pesos, algunos abrumadoramente superiores a otros. Y, segundo, porque la lógica del mercado en sí misma no siempre da las garantías necesarias a quien arranca en peores condiciones. La “libertad responsable” no es un concepto ajeno a nuestra convivencia, de hecho, es el centro de ella, pero lo es en medio de un montón de recortes, empujoncitos, ayudas, incentivos y bloqueos que son ejecutados por quien maneja el Estado: el gobierno.
En un artículo muy interesante publicado hace algunos días el politólogo Daniel Buquet señalaba el siguiente problema: “Lo que el gobierno y los periodistas no parecen comprender es que personas perfectamente racionales puedan, al mismo tiempo, inscribirse para vacunarse mientras hacen una vida más o menos normal, dentro de las restricciones establecidas. El problema de interpretación consiste en no saber evaluar el carácter de bien público que tiene la inmunidad colectiva”. La ausencia de incentivos individuales inmediatos y visibles, dice Buquet, estaría complicando la viabilidad de la “libertad responsable” bajo la pandemia: “Ningún gobierno debería esperar que individuos racionales autolimiten su movilidad si eso les genera un perjuicio y ningún beneficio individual. La obligación de los gobernantes es conocer esta estructura de incentivos y tomar las medidas conducentes a la provisión de los bienes públicos, creando los incentivos selectivos necesarios. En este caso estableciendo restricciones a la movilidad cuyas infracciones puedan ser castigadas”.
El principal problema que encuentro en el por lo demás esclarecedor texto de Buquet es que si bien apela a ejemplos propios de la economía, no se extiende en los impactos económicos que tendrían las medidas que considera evidentes a la luz de su análisis. Tal como comenté respecto a las recomendaciones del GACH, la responsabilidad de los asesores científicos no es idéntica a la del gobierno, quien debe velar por un espectro mucho más amplio que el GACH. Con el argumento de Buquet ocurre algo parecido: tiene una lógica impecable en los términos que propone, pero el problema real incluye otros aspectos. Como politólogo puede elegir concentrarse en una parte del problema. El gobierno, en cambio, debe contemplar el problema en su dimensión total.
Por otro lado, la idea de la “libertad responsable” se viene discutiendo como si no hubiera transcurrido más de un año con evidentes limitaciones a nuestras actividades. Es decir, se viene planteando como si no existiera la batería de acciones y medidas que se vienen aplicando desde hace meses. Y creo que, quizá sin proponérselo, Buquet termina tratando el problema como si fuera básicamente epistémico (si se sostiene la teoría A se avanza por un camino por completo distinto al que se sigue si se sostiene la teoría B) y no un problema de magnitudes. La gestión de la pandemia, hasta donde logro entender, no consiste en pararse en el 1 o en el 0, sino en saber qué hacer en los decimales, a medida que avanza el tiempo.
Es muy difícil decir que este gobierno se ha plantado en el punto 0 de la sensibilidad social. El Ministerio de Trabajo viene subsidiando de distintas maneras a más de medio millón de compatriotas y se ha usado la estructura del Mides para canalizar las ayudas a quienes quedan por debajo del radar. Quizá el problema no sea tan ideológico como pragmático: qué medidas debo tomar y en qué momento, qué sistema de incentivos debo empujar y cuándo. Y quizá ahí está fallando el gobierno: no ha sido capaz de construir y dejar bien claro el sistema de incentivos que señala Buquet, uno que permita entender de manera evidente el beneficio colectivo que trae consigo respetar lo que se pide. Y al mismo tiempo, no ha multado a todo aquel que, empresa o privado, violente los protocolos establecidos. Es decir, tampoco ha generado suficientes incentivos negativos.
Por descontado que hablar de “muertes evitables” me parece una mezquindad indigna, resultado de creer que en esta pandemia la gestión es algo puramente ideológico y que se soluciona extrapolando: si en Israel hicieron esto, hagamos lo mismo. Obviando que Israel es una sociedad rica que vive en un clima de guerra desde siempre. O compararse con Alemania o cualquier otro país desarrollado. Si se quieren ver los efectos de un cierre total, inefectivo con el virus y desastroso para la economía, se puede mirar Argentina, país de la región con indicadores parecidos a los nuestros, en donde además la imposibilidad de que el Estado controle de verdad un cierre como el planteado ha dado lugar a cientos de abusos autoritarios de parte de la Policía.
Algo que también dijo Lacalle Pou, y que me parece más revelador que la idea de “libertad responsable”, es que lo único que no puede hacer un gobierno es plantear normas que no tiene cómo hacer cumplir. Hacerlo sería reconocer que el Estado no controla del todo la cosa, algo bastante evidente en el caso argentino. A Uruguay le costó más de un año de pandemia mejorar el transporte colectivo capitalino y alcanzar un acuerdo para que la gente viaje en condiciones sanitarias aceptables. ¿Es viable que ese mismo gobierno genere, gestione y promocione de manera exitosa ese sistema de incentivos que se le reclama? ¿Puede garantizar ese cierre? ¿Tiene con qué controlar que sea efectivo sin caer en la discrecionalidad autoritaria argentina? No lo tengo claro. Pero que el manejo de esta pandemia no es un asunto sencillo ni binario debería ser el punto de partida de cualquier intercambio razonado al respecto. Lo demás es ruido.