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El pasado 22 de agosto se cumplieron 30 años de la aprobación del Decreto Nº 343/984, de 22 de agosto de 1984, que tuve el honor de suscribir como Presidente de la República Oriental del Uruguay, acompañado por el entonces Ministro de Educación y Cultura, Dr. Armando López Scavino.
Por dicho Decreto se autorizó el funcionamiento de la Universidad Católica “Dámaso Antonio Larrañaga”, accediendo a la solicitud oportunamente presentada por la Conferencia Episcopal Uruguaya.
El Poder Ejecutivo fundamentó la referida autorización en razones jurídicas, históricas y culturales, invocando el principio de la libertad de enseñanza como complemento de la libertad cultural y haciendo referencia a las normas que declaraban a la enseñanza superior libre en todo el territorio de la República.
Al día siguiente de aprobado el mencionado Decreto, el 23 de agosto de 1984, se envió al Consejo de Estado un proyecto de ley por el que se reconocía la validez de los títulos profesionales que otorgaran las universidades privadas cuyo funcionamiento hubiera sido autorizado por el Poder Ejecutivo, debiendo dichos títulos ser registrados ante el Ministerio de Educación y Cultura.
Dicho proyecto fue aprobado por el Consejo de Estado y promulgado como Ley Nº 15.661, de 29 de octubre de 1984.
Con las referidas normas se consagró un profundo cambio en beneficio de la educación terciaria en nuestro país, reafirmando nuestra tradición de libertad, dando vuelta la página a estériles discusiones y prejuicios que afortunadamente han quedado en el pasado y posibilitando la creación de distintos centros de enseñanza terciaria que coadyuvan al progreso y el enriquecimiento cultural del Uruguay.
Con este recuerdo tan grato para quienes acompañamos la fundación de la Universidad Católica del Uruguay, debemos también destacar la enorme visión del ahora San Juan Pablo II, cuyo apoyo a la iniciativa de la Conferencia Episcopal y a la decisión del Gobierno Nacional fue fundamental y determinante para superar todos los inconvenientes que entonces se presentaban.
En efecto, la Santa Sede y el propio San Juan Pablo II nos brindaron su apoyo explícito a quienes debimos decidir y así fue que el proceso fundacional de la Ucudal pudo finalizar favorablemente, beneficiando grandemente a nuestro pueblo y a nuestra cultura.
Finalmente, y como alguna vez manifestamos en forma pública, tampoco podemos olvidar la decisiva participación en dicho proceso de monseñor Andrés Mullin y de monseñor Antonio Corso, quienes con su incansable labor y perseverancia hicieron posible su exitosa culminación.
