Si algo faltaba para dejar en claro que el sistema de Justicia de Venezuela es una farsa al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro lo desnudó su Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En poco más de 48 horas sus jueces pasaron de “legalizar” un golpe de Estado a revocar ese fallo, en ambos casos a pedido del presidente.
Con amplia mayoría de integrantes designados por el gobierno fuera de los plazos legales tras su derrota legislativa de 2015, el TSJ le anuló a la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo unicameral) sus competencias de control sobre otros poderes y las Fuerzas Armadas. Las asumió y dejó a los legisladores sin inmunidad.
Pretendió blindar al presidente para que “en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.
Fue tan rápida y de tal envergadura la avalancha internacional de cuestionamientos a esa monstruosidad, que Maduro tembló. A través del Consejo de Defensa, su máximo organismo de consulta, le solicitó al TSJ que dejara sin efecto las sentencias. Igual que un pedido al supermercado.
Luego de revocarlas, con el culo sucio, el TSJ las eliminó de su página web.
Maduro asumió que no tenía salida y pretendió mostrarse contemporizador con un eufemismo: el enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo fue un impasse entre ambos poderes.
Todo este absurdo incluye a la fiscal general, Luisa Ortega, quien había sido ratificada por Maduro hasta el 2021. Cuestionó las sentencias del TSJ por inconstitucionales e influyó en la marcha atrás.
¡A no engañarse! Es la misma fiscal que considera al extinto presidente Hugo Chávez como “el más humanista que ha existido en el planeta”, que apoyó el encarcelamiento de Leopoldo López y de un centenar de presos políticos, que persiguió empresas y empresarios periodísticos y que encubrió las violaciones sexuales en prisión a la ex jueza María Lourdes Afiuni. Cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU le pidió explicaciones presentó una declaración falsa de Afiuni. En 2015, Afiuni ratificó su denuncia ante la ONU. ¿Alguna legisladora uruguaya u organización de defensa de los derechos de la mujer se movilizó por esto? ¿Dónde estaban Constanza Moreira, Mónica Xavier y Lucía Topolansky?
Ortega venía tomando distancia del gobierno. Más bicho político que jurídico tiene claro que Maduro no llegará al 2021 y busca su continuidad. Como Arlequino, cree que puede servir a dos patrones. Tal vez a tres, porque sectores chavistas comienzan a disentir con Maduro.
Esta es una tragedia que no comenzó con las sentencias del TSJ sino muchos años antes, con el apoyo irresponsable de gobiernos de la región, entre ellos los de José Mujica y Tabaré Vázquez. Consolidaron al chavismo y respaldaron sus desbordes.
Lo indiscutible es que la vuelta de panqueque del TSJ dejó claro quién manda en la Justicia de un país que avaló la tortura, las expropiaciones, el encarcelamiento de centenares de disidentes políticos y el hambre de sus ciudadanos.
Los venezolanos carecen de garantías. No existe el Estado de derecho. La separación de poderes debe estar unida a la consagración constitucional de los derechos fundamentales.
Un Estado de derecho se rige por principios universales: los gobernantes deben rendir cuentas ante la ley; las leyes deben ser estables y justas y hay que proteger los derechos fundamentales mediante el acceso a una Justicia con órganos jurisdiccionales independientes e imparciales.
Nada de eso existe, aunque el diputado Alejandro Sánchez (MPP), como otros, considere necesario elogiar el “gesto” de Maduro porque la marcha atrás del TSJ restableció “la forma republicana de llevar adelante el conflicto”. ¡Un delirante! Exhorta a elogiar a un presidente que le ordenó al máximo organismo judicial que cambiara una sentencia y este lo hizo. Claro que después de que Maduro agredió al gobierno uruguayo se dio vuelta como una media y reclamó elecciones. Más patetismo.
Esa opinión, como la de otros de otros, es obsecuencia pura. La dictadura se mantiene por otras vías y el gobierno comete, desde la presidencia de Hugo Chávez, delitos de lesa humanidad.
La tortura, la desaparición forzada, el extermino y el genocidio no son los únicos delitos de lesa humanidad. Para el Estatuto de Roma también lo es la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al Derecho Internacional”.
¿Hay muchas diferencias entre Maduro y Fidel y Raúl Castro, Necolae Chaucescu, Alberto Fujimori, Juan María Bordaberry, Gregorio Álvarez, Alfredo Stroessner, Jorge Rafael Videla, Francisco Franco, François Duvalier, Sadam Husein o Joseph Stalin? Pocas.
Sin embargo, en Uruguay el gobierno y los partidos y sindicatos de la izquierda han navegado contra la corriente. Recién luego de las sentencias tiránicas del TSJ el gobierno las cuestionó en el Mercosur y la Unasur, y la Mesa Política lo hizo por mayoría. Hasta pocos días antes fueron defensores y cómplices. Los cipayos debían pagar los favores recibidos por partidos, amigos, familiares, correligionarios, sindicatos y cooperativas. Venezuela los compró con millones de dólares.
Ahora el gobierno recibe de Maduro la puñalada trapera de un paranoico, corrupto y sin límites para salvarse. Le atribuyó a Vázquez y al canciller Rodolfo Nin Novoa, sus aliados recientes, conspirar con Estados Unidos para perjudicarlo. Vázquez lo desafió a presentar las pruebas o a retractarse públicamente. Tarde piaste, como el pajarito de Maduro.
El apoyo a Venezuela me recordó el respaldo que en febrero de 1973 varios de esos mismos partidos y sectores les dieron a los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas. Los apoyaron pese a que afectaban los derechos humanos y la separación de poderes. Los fundamentos de aquellos comunicados eran similares a los del TSJ.
Los golpistas del 73 eliminaron la Suprema Corte de Justicia, la degradaron a Corte de Justicia, y mantuvieron en su cúpula a jueces afines que archivaron la dignidad seducidos por el poder.
A diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, esos jueces no fueron los golpistas, pero contribuyeron a vestir de gala a la dictadura y a mantenerla.
A partir de ahora quedan dos incógnitas: ¿qué país le dará refugio a Maduro y a sus secuaces cuando caigan?; ¿terminarán en la cárcel imputados de abusar de su poder, robar dinero del Estado y tráfico de drogas?
En cualquier caso, los cipayos los defenderán. Como a Dilma Rousseff y a Cristina Kirchner.
