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En el período 1972-1973, la dinámica y eficiente gestión del entonces secretario administrativo de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Agustín Zabaleta Pintado, permitió al Poder Judicial adquirir por poco dinero varios inmuebles que habían pertenecido a bancos quebrados (el de la calle Misiones, el de Pando penales, el de la Morgue en Uruguayana y algunos otros) y, con una seria administración de los fondos disponibles y la intervención directa de jerarcas de cada rama especializada, los edificios se adecuaron a sus nuevos destinos.
Hace 40 años, el Poder Judicial compró el edificio de la calle Misiones y lo recicló para sede de los cinco juzgados de Instrucción que en aquel entonces había. Uno por piso.
Con esa obra terminó una caótica situación que desprestigiaba la tarea, pues las sedes físicas en que se trabajaba estaban en diversos lugares y, en general, en casas alquiladas y muy deterioradas.
Se planificó, organizó y preparó con lo mejor de aquel entonces, el edificio: paredes con revestimiento de yeso, mobiliario moderno, sistemas de intercomunicadores, etc.
En aquel entonces trabajaban en cada piso cómodamente un juez, un secretario, dos actuarios y unos 20 funcionarios desde el alguacil hasta el conserje.
Durante los turnos, que eran semanales, se contaba con la presencia del médico forense y, eventualmente, de otros especialistas del Instituto.
En términos generales, la instrucción de los sumarios se completaba dentro de los 20 días que preveía el Código de Instrucción Criminal y, al cabo, se elevaban al juzgado de sentencia.
Obviamente que quienes trabajamos en aquella solución nunca imaginamos que aquello iba a durar cuarenta años: muebles, pintura, etc., y mucho menos que en cada piso funcionarían tres jueces, con sus actuarios y funcionarios que, si bien cumplen los turnos en el viejo edificio de “La Mañana” y “El Diario” (donde funciona el CIC), deben divorciar sus oficinas en aras de funcionar en ese otro ámbito.
Resulta claro que el Poder Judicial debería abocarse —sin demora— a buscar una solución que renueve aquella iniciativa de hace cuarenta años.
Es fácil la crítica a la Justicia Penal, que a diario se soporta, sin que los medios y la ciudadanía conozcan que sus actores deben ejercerla en ámbitos inadecuados, estrecheces físicas e incómodos ambientes saturados por la multiplicidad de actores.
Una solución global podría ser la sede de AFE, pues la amplia planta física disponible, sólida construcción, amplitud de sus espacios y altura de sus lugares libres, permiten imaginar una solución adecuada y cómodos lugares de estacionamiento en sus alrededores para abogados, testigos, familiares y funcionarios.
Y, por sobre todo, prestigiando con un buen edificio la difícil tarea de la Justicia Penal.
Podría ser buena cosa que la Suprema Corte dispusiera estudiar ese punto, al igual que ayer, con los propios interesados: jueces, actuarios y funcionarios, que son quienes soportan las actuales carencias.
