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    Los lugares prioritarios para la conservación abarcan el 12% del territorio uruguayo, pero las áreas protegidas cubren menos del 1%

    El gobierno busca ayuda en el sector privado y planea reconocer sus esfuerzos de conservación

    En Chile, Brasil y Argentina, las áreas protegidas, definidas por su importante valor para la biodiversidad y el medioambiente, rondan el 10% de la superficie terrestre. Buena parte de esas áreas se encuentran en cordilleras, montañas, desiertos, parques estatales y reservas, lugares en los que no se puede producir, en donde “no hay competencia entre lo productivo y la conservación”, dijo a Búsqueda Alejandro Brazeiro, profesor adjunto del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias.

    En Uruguay la situación es muy distinta: “Se puede producir en prácticamente todos lados y existe competencia entre lo productivo y la conservación”, agregó.

    En Uruguay gran parte de las 13 zonas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) son “áreas protegidas públicas en tierras privadas”. Allí el gobierno se esfuerza para que el privado participe y también aporte en el cuidado del ambiente en un delicado equilibrio con lo productivo, una tarea “complicada”, comentó Brazeiro.

    El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de 1992, al que Uruguay se comprometió, propone contar con una estrategia nacional de biodiversidad. El país la tiene y la está actualizando. Además, la CBD ha ido sumando propuestas. En 2010 planteó contar con al menos el 10% de las áreas prioritarias para la conservación incluidas en las áreas protegidas terrestres, pero eso ya quedó atrás. En una reunión en Aichi, Japón, en 2011 se estableció un nuevo objetivo: llegar a 2020 con 17% de áreas protegidas. Sin embargo, Uruguay no llega al 1%, informó Brazeiro.

    Según una investigación realizada por Brazeiro, los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad cubren el 12% del territorio uruguayo. Los resultados de ese estudio son parte de la publicación “Ecorregiones de Uruguay: biodiversidad, presiones y conservación, aportes a la Estrategia Nacional de Biodiversidad” de la Facultad de Ciencias, presentado el 22 de mayo en el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. Ese 12% se encuentra en su gran mayoría en manos de privados. Por eso, según Brazeiro, trabajar más junto a ellos con “reglas claras” para la conservación es la única salida.

    De hecho, una de las “líneas prioritarias” para los siguientes años del SNAP es “buscar modalidades de conservación en el ámbito privado”, informó a Búsqueda Guillermo Scarlato, director del SNAP. Scarlato destacó que el SNAP “creció muy rápido”, porque “entraron al Sistema dos áreas por año en promedio y eso es mucho”. El sistema comenzó a incorporar áreas en 2008; en 2015 tiene 13 áreas protegidas, lo que corresponde a 300.000 hectáreas en siete años.

    Definitivo.

    “La idea es que el sistema crezca gradualmente con criterio” y que en las áreas que se incorporen haya “condiciones de gestión”, destacó Scarlato. Estas condiciones pueden estar a cargo del Estado, de los gobiernos departamentales, de privados o de organizaciones no gubernamentales.

    “El sistema nuestro tiene esa ventaja, tiene un marco legal que permite que la gestión de áreas pueda estar en manos de distintas instituciones” siempre que se encuentre bajo la regulación del Estado a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, indicó Scarlato.

    Hay países que tienen reglas claras para los privados que realizan trabajos de conservación y que delimitan áreas para el cuidado ambiental. Algunos tienen incluso un marco normativo específico. Uruguay no tiene las cosas tan claras pero “definitivamente” se encamina a ello, sostuvo Scarlato. El objetivo es que “exista un mecanismo de reconocimiento oficial de los esfuerzos de conservación de los privados. El marco de la ley Nº 17.234 lo permite con modificaciones, no es extremadamente complejo”, indicó el director.

    Hay casos que demuestran la necesidad de adaptar la norma. El gobierno está preparando el proyecto de decreto para incorporar un área privada de la empresa UPM al SNAP en los próximos meses. De hecho, la audiencia pública —requisito previo— ya se ha hecho. Esa zona es conocida como Mafalda y nombrada por el SNAP como “esteros y algarrobales del Río Uruguay”.

    Jorge Rucks, subsecretario del Ministerio de Vivienda, recordó que al otorgarle la autorización ambiental a UPM se le puso como condición “una medida de compensación” que consistía en desarrollar un área protegida.

    “La ley no era muy clara en cuanto a incorporar áreas protegidas privadas”, dijo a Búsqueda. La empresa estuvo trabajando en el tema “todos estos años” y “limando” varios aspectos para incorporarla al SNAP.

    Regiones.

    Brazeiro analizó en su estudio el país según las “biozonas”, en base a un análisis de la ubicación de la flora y la fauna del Uruguay y un análisis de los vertebrados y las especies leñosas en el país. Distinguió que debido a la distribución de las especies hay ocho zonas muy marcadas en las que se puede dividir el Uruguay, cada una tiene características diferentes y merecen atención. Luego analizó las “ecozonas” definidas en base a la geomorfología del lugar que incluyó un análisis de los suelos. Ahí definió otras ocho áreas distintas. Del resultado de cruzar las dos divisiones a nivel del país surgió una propuesta que las integra a ambas. Delimitó siete distintas “ecorregiones” importantes para Uruguay, ya que cada una contiene especies y otras características únicas en el territorio nacional y son “ideales para planificar estrategias de conservación”.

    Cada ecorregión debería tener áreas protegidas distribuidas en el territorio (ver mapa). Sin embargo, la mayoría de las áreas del SNAP se concentran en la zona costera, principalmente en el departamento de Rocha.

    Brazeiro aclara que su postura no es “crítica pura” y su idea es “marcar los desafíos” para mejorar. Su propuesta es que cada ecorregión debería contar con su propio análisis y planificación a la interna y delimitar sitios prioritarios dentro de su área. Además debería “mantener conectividad del paisaje, en especial en torno a sitios prioritarios”, comentó Brazeiro. El investigador se refiere a evitar que las áreas del SNAP sean “islas de conservación” y que inmediatamente fuera de ellas se produzca sin cuidar el ambiente. Las especies dentro de las áreas protegidas necesitan “corredores” para conectarse con otras zonas. Estudios previos han probado que no sirve conservar sitios puntuales aislados y que incluso hay especies que se podrían llegar a extinguir debido a esta falta de “conexión”. Los privados podrían “completar el mapa”.

    “Información ambiental para ver dónde es mejor producir hay un montón. Están los mapas de Coneat, los suelos de prioridad forestal, hay información oficial que le dice al productor en dónde le conviene producir o dónde forestar, pero no hay un mapa oficial que diga dónde hay que conservar” y hay poca información sobre ese aspecto, destacó Brazeiro. “Uruguay tendría que tener un mapa, sería un mensaje importantísimo” para el sector privado, que pide “reglas claras”, aseguró.

    Forestales.

    “Hay que empezar a trabajar con todo el sector privado para incorporar la conservación en la producción”, porque “ellos dominan el territorio” y en ese camino “el sector forestal es un socio importante”, destacó Brazeiro. Entre el 40% y el 60% de la tierra en área forestal se usa para plantar. El resto se deja sin plantar por seguridad, para formar corredores cortafuegos, para usos de caminería, porque no es adecuado para esa producción y se prioriza el ganado, porque tiene áreas de monte nativo a conservar, entre otros motivos. Además, las certificaciones ambientales necesarias para el buen posicionamiento en el mercado en el exterior exigen un cuidadoso manejo del ambiente. Hay pequeños productores que trabajan juntos en ese sentido y los grandes también se suman al compromiso.

    La Facultad de Ciencias trabaja desde hace varios años mediante convenio con Montes del Plata y en el predio del privado definieron cinco zonas que llamaron “áreas de alto valor de conservación” y otras “áreas representativas” de las ecorregiones. Además están haciendo monitoreo de mamíferos con cámaras adosadas a los árboles que colocaron a fines de marzo.

    El rubro forestal es el más alineado con la conservación, pero en la ganadería hay oportunidades y el más complicado es el de la agricultura, resumió Brazeiro. La forma de trabajo se estaba utilizando “para definir sitios de prioridad para la conservación a nivel nacional” y ahora se utiliza “la misma estrategia para el sector privado”.