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Equilibrio significa “mesura y sensatez”. Son requisitos claves para cumplir con la Constitución y las normas internacionales sobre los reclusos, pero también para proteger al ciudadano de los delincuentes salvajes recluidos en celdas de aislamiento. Hay 48 en el módulo 12 del ex-Comcar, de las cuales hay 13 ocupadas. Tienen un área de nueve metros cuadrados y ventanas rectangulares de 1,30 metros de alto y 0,30 metros de ancho. Los presos tienen una hora en solitario en un patio sin útiles, amoblamiento ni decoración y horarios coordinados para que no haya contacto con otros internos. Dos veces a la semana pueden hacer llamadas telefónicas de hasta 30 minutos y una vez a la semana reciben visitas de hasta dos horas en una sala aparte.
El artículo 26 de la Carta Magna establece que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en 2015 una resolución con reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos conocidas como “reglas Nelson Mandela” porque se basan en la opinión de quien fue preso político del racismo sudafricano durante 27 años. Ponen su énfasis en las garantías de los reclusos como grupo vulnerable que arriesga sufrir abusos y malos tratos.
Tanto la Constitución como la resolución de la ONU son bases ideales para el respeto de los derechos humanos, pero muchos casos superan esas formalidades y requieren decisiones duras. Lo demuestran las amenazas contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, del recluso Edwin Parentini, que está entre rejas como ideólogo de un homicidio y autor de lesiones graves. En dos escritos advirtió el riesgo que ambos corren en la vía pública. Conoce bien la certeza de esa amenaza porque desde la cárcel fue capaz de planificar varios delitos. No tendría problema para conseguir un sicario.
Argumentó ante el fiscal Fernando Romano que los escritos que le fueron incautados en su celda solo fueron una descarga emocional porque el aislamiento lo transformó en “alguien más violento, más lleno de odio y rencor”. La descripción sobre este hecho y la historia del sistema la escribió hace dos semanas Juan Francisco Pittaluga en la contratapa de Búsqueda.
Los delitos que se le imputan a Parentini justifican con creces su aislamiento porque, como se traduce de sus palabras, es una persona de difícil recuperación y reinserción social. ¿Qué garantiza que si es liberado dejará de ser la persona violenta llena de odio y rencor, como se identifica?
Los otros presos sometidos al mismo régimen de aislamiento que Parentini le deben la reafirmación del gobierno de profundizar el aislamiento de los principales delincuentes del país, concepto que mereció el título de la nota de Pittaluga. No hay otro camino.
En Uruguay la pena máxima legal es de 30 años y se pueden aplicar medidas complementarias de seguridad de hasta 15 años. Nadie las cumple. Basta recordar que Pablo Goncálvez, autor de tres homicidios, fue liberado luego de 23 años en aplicación de una norma que favorece al condenado en reducir su pena en caso de trabajo y estudio. Pero también la “ley de humanización carcelaria” permite redimir una tercera parte de la condena. Además, el nuevo Código del Proceso Penal prevé que un imputado a 45 años pueda obtener la libertad anticipada cuando haya cumplido 20 años. ¡Qué país generoso!
Uruguay no tiene cadena perpetua, y en 2019 el proyecto de Jorge Larrañaga Vivir sin Miedo propuso la prisión permanente revisable como existe en varios países. Tras el cumplimiento de gran parte de la condena, el penado puede obtener una libertad condicionada.
La propuesta de Larrañaga fue apoyada por el 46,8% de los electores pero precisaba más del 50%. Incluía que 2.000 efectivos militares actuaran en la seguridad pública. La militancia de la izquierda en el gobierno basada en la sombra de la dictadura militar fue efectiva. La campaña pretendió combatir y debilitar argumentos de los partidos que en ese momento eran oposición. Tres años después, con esos partidos en el gobierno, una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) indica que la inseguridad se ha instalado como la segunda preocupación de los uruguayos. Una inseguridad a la que también están expuestos quienes hicieron una campaña cómplice en contra de la reforma constitucional.
Según la encuesta, 83% de los uruguayos cree que la inseguridad “aumentó o sigue igual”, mientras, aumenta el rechazo al ministro Heber.
Durante la campaña Larrañaga se refirió como “monstruos” a quienes cometen delitos especialmente violentos o aberrantes. Citó como ejemplo a Sergio Maciel, que en agosto de 2019 en Tacuarembó violó y mató a su sobrina Esmeralda Ferraz, de 14 años, y la sepultó. Fue condenado en 2020 a 30 años y medias de seguridad de uno a 10 años.
Esos mismos “monstruos” siguen agrediendo sin distinción partidaria y cada día copan nuevos espacios. Los fiscales Carlos Negro, Mirta Morales y Adriana Edelman acaban de coincidir en diversos medios en que los delincuentes han aumentado progresivamente su capacidad de fuego con armas de variado y grueso calibre.
Quienes militaron contra el plebiscito de 2019 deben asumir su gran cuota de responsabilidad en la inseguridad que afecta a familiares y vecinos. Solo les quedará llorar cuando los “monstruos” los golpeen y, si no ocurre, deben convivir con el miedo. El novelista polaco Joseph Conrad lo dijo con maestría: “Un hombre puede destruir todo lo que hay en su interior, el amor, el odio, las creencias, incluso la duda, pero mientras se aferra a la vida no puede destruir el miedo; el miedo, sutil, indestructible y terrible, que invade todo su ser, que impregna sus pensamientos, que ronda en su corazón, que observa en sus labios la lucha del último aliento”. Como ahora.
