La idea de que en plena democracia nuestro país tenga prisioneros políticos sorprende. Contradice al relato y cuestiona a un sistema político que exhibe, en este período, una pobreza intelectual llamativa y una cobardía política increíble. Y molesta. El primer desafío que asumimos al ocuparnos de la defensa de nuestros familiares no fue jurídico, sino social. El relato del MPP y del PCU instaló la idea de que todos los policías, civiles y militares que lucharon contra el terrorismo en defensa de las instituciones eran genocidas, asesinos y torturadores y agrega que también fueron los responsables del golpe de Estado del año 1973 y de todo aquello que fuera posible sumar. Los diarios titulaban con sus nombres y establecían condenas que de hecho aún no se producen. No pueden producirse. Al definir la situación que vivimos surgió el nombre de prisioneros políticos, que tomamos de la Corte de la Unión Europea (2012). Desde un principio asumimos que, al mismo tiempo que librar las batallas judiciales pertinentes que nos llevan a buscar la imparcialidad en los foros internacionales, es necesario desmontar ese relato que alimenta y sostiene la grieta social y política que nos divide.
La crisis institucional que vive el país tiene en el funcionamiento de la Justicia su epicentro. Se ha prestado a la manipulación y con un fino y singular proceso de ajustes sistemáticos se ha convertido en herramienta para el ajusticiamiento político de civiles, policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo y en defensa de las instituciones, en los años 60, 70 y 80.
El ritmo de las acusaciones y consecuentes formalizaciones exhibe claramente el plan que parte de la violación de las garantías constitucionales de nuestros familiares al acusarlos por hechos acaecidos antes del año 1985. Comienza por avasallar su derecho a ser inocentes hasta que se prueben culpabilidades, no se presentan pruebas y cuando se presentan están armadas y mal armadas, hasta el extremo de que en varias oportunidades fueron observados por el Tribunal de Apelaciones (Caso Gula, Ribero) o por la Suprema Corte de Justicia con sentencias que luego no fueron tomadas en cuenta. Se deben probar inocencias ante acusaciones que no pueden probar culpabilidades. No nos cansamos de repetir lo que entendemos que es necesario recordar. Por ejemplo, que la Ley 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (1986), intentaba ser un cierre definitivo al tema de los delitos cometidos antes de 1985 por civiles, policías y militares. En mayo de 1988, la Suprema Corte, con los votos de tres ministros y dos votos en discordia, resolvió que era constitucional. La Ley 18.831 (2011), aprobada por una mínima mayoría, 16 en 31 (Huidobro votó por disciplina y al otro día renunció), en su art. 1º derogó en los hechos la Ley 15.848, restableciendo la pretensión punitiva del Estado, desconociendo así los dos pronunciamientos populares, aunque cabe aclarar que sus artículos 2 y 3 fueron declarados inconstitucionales por la SCJ, por lo que no deberían estar vigentes. Las dudas sobre la constitucionalidad de la ley de caducidad en todo caso valen entre 1986, en que fue promulgada, y 1989, en que fue ratificada por referéndum, ya que en Uruguay el soberano tiene poder constituyente, o sea que toda ley refrendada por él adquiere carácter constitucional. A eso se suma que una segunda consulta, 20 años después, arrojó el mismo resultado, en suma, el soberano ya decidió de forma inapelable que esos militares y policías no deben ser juzgados. Luego el art. 117 del Código Penal uruguayo establece en 20 años el plazo de prescripción, pasados los cuales el delito se extingue.
A partir del Estatuto de Roma, los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero el propio estatuto indica que eso vale para delitos cometidos luego de aprobado el Estatuto por la legislación nacional, en este caso 2006, antes de esa fecha los delitos de lesa humanidad no existen en Uruguay, razón por la cual ninguno de los presos de Domingo Arena están imputados por delitos de lesa humanidad, sino por delitos comunes, todos ellos supuestamente cometidos hace casi 50 años y por tanto claramente prescriptos.
Las garantías constitucionales violentadas refieren a los valores esenciales de la democracia, como los establecidos en el art. 15, que establecen que “nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez competente”. O en el Art. 26 cuando afirma que “a nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar”. Aun así, se los formaliza y aplican prisión preventiva, sin justificación alguna, salvo la cuestión ideológica.
De la lectura de los autos de procesamiento se desprende hasta qué punto se han violentado, en numerosos casos, esos preceptos constitucionales. Hay privados de libertad sin que exista semiplena prueba de un delito o incluso sin prueba alguna, en muchos casos por declaraciones de testigos de oídas, porque alguien escuchó hace 40 años una voz parecida, y hasta por el color de ojos, sin testigos directos y sin condena. A eso se suma que, dada la edad avanzada de los imputados, no existe riesgo de reincidencia. Claramente se trata de mortificarlos y exhibirlos como trofeos.
Hoy está vigente el Estatuto de Roma, que prevé que no pueden actuar jueces y fiscales que tengan algún tipo de relación con las causas en cuestión, lo cual obviamente no se cumple con jueces con parentesco con las supuestas víctimas y victimarios (Guianze) o afiliados a grupos que participaron en la guerra interna que generó los hechos. Un fiscal que participa de un acto con una pancarta de un desaparecido obviamente no es imparcial en causas que involucran a desaparecidos o muertos durante el estado de guerra, está claramente inhabilitado para hacerlo. Es aberrante que en esas condiciones los jueces hayan procesado por convicción. Finalmente, nos encontramos con el tratamiento diferencial para situaciones que deben entenderse similares. Al dejar sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y no considerar algo similar para la ley de amnistía, se quebró el pacto político y social establecido.
Son entonces, a todas luces, prisioneros políticos de una democracia formal que en lo que a la justicia refiere se ha vaciado de contenido. Cada uno de estos prisioneros constituye una violación fragante al pronunciamiento popular que se reitera hora tras hora, día tras día.
Militares y policías son funcionarios públicos preparados, entrenados y capacitados para actuar en defensa de la paz social, el Estado de derecho, las instituciones, y no están habilitados para cuestionar órdenes. Se pasa por alto que fueron convocados, al finalizar los años 60, para detener la locura que en escalada promovían grupos armados que desde el terrorismo procuraban tomar por asalto el poder derrocando a un gobierno democrático. Hurtaron y rapiñaron, asesinaron, secuestraron, volaron edificios, intentaron copar ciudades. Policías y militares ahora encarcelados arbitrariamente no propiciaron el hecho político que supuso el golpe de Estado del año 1973, lo acataron como lo hicimos todos. No lo animaron, cumplieron con su deber siguiendo adelante en medio de un proceso de interrupción democrática que no estaban, como no lo están ahora, habilitados para cuestionar.
Las declaraciones del ministro García. Las declaraciones del ministro García evidencian la negación de los hechos, el ministro niega lo que le perjudica y de manera insoportablemente condescendiente afirma entender nuestros sentimientos. Su hipocresía, ya anunciada por el magro aporte al presupuesto de las fuerzas que lidera, alcanza niveles que sorprenden, por innecesarios, inoportunos y, además, falsos. Integra los elencos políticos del país desde hace al menos 30 años, su imagen se asocia con la ineficiencia institucional e incapacidad política de una parte del sistema político para resolver los problemas reales de nuestra sociedad. Ha participado en las comisiones de defensa nacional del Poder Legislativo y no recordamos un solo aporte a la causa de la reconciliación. Lo más grave es que olvida el compromiso asumido por su partido político y de manera muy especial y significativa de su líder, Wilson Ferreira Aldunate, al encargar a Sturla y a Gonzalo Aguirre Ramírez la redacción de la ley de caducidad que luego promovió personalmente. Convalida el atropello institucional que supone negar el perdón general que todos decidimos necesario para comenzar a construir la democracia y poner en pie a la República. El desempeño de las fuerzas a su cargo, ante la necesidad que vivió la nación, ha sido el mismo de siempre, a pesar de los ridículos aumentos de salario propuestos con vocerías y alharacas por quien enseñó una insensibilidad social pocas veces vista. Pero antes que esto, de por sí grave, contradice al presidente de la República, que nos recibió sin cuestionarnos. El problema con el Dr. García es el corto plazo de todas sus acciones, tema que adquiere trascendencia cuando lo que la Nación necesita es estadistas en vez de especulaciones políticas.
Terrorismo y golpe de Estado. La definición de terrorismo de Estado suena fuerte y apela a emociones y sensibilidades que animan crispaciones. El golpe de Estado fue la consecuencia de una convulsión social que no contó con un sistema político capaz de combatir al terrorismo. Fue una consecuencia que la historia nos enseña, resultó inevitable, un hecho político cuya responsabilidad no puede recaer sobre quienes integraban la fuerza, que, debemos insistir, no estaban habilitados para cuestionar.
El dato desgarrador de los desaparecidos es cruel e imposible de entender y entonces cuando se insiste en que nuestros familiares tienen respuestas se violenta la realidad y se exhibe un espíritu de venganza que nada tiene que ver con la justicia.
Verdades ocultas. Luego de casi 50 años, en los últimos meses las discusiones acerca del pasado reciente se han intensificado y la mala intención es notoria, se revisa solo una parte. La nación está entonces dividid bajo el manto de una convivencia basada en un concepto de paz parcializado. La Justicia debe mantenerse imparcial, ya que, de lo contrario, no es Justicia.
Si la decisión de la mayoría es revisar la historia, revisemos toda la historia. Si sucede que nos equivocamos al perdonar a todos, bien, condenemos a todos. Pero si sucede, como me temo, que no nos equivocamos y la mayoría quiere superar un pasado que no puede explicar, mucho menos entender, demos por saldado el pasado que cada vez es menos reciente. Y cada vez duele más. Mientras tanto se mantienen procedimientos arbitrarios, se sostienen y realizan violentando garantías constitucionales, y todo en nombre de una verdad que no se alcanza. Entonces, la verdad oculta en esta historia, ¿de qué trata?
Diego Flores
CI 1.715.532-5
