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Hace un tiempo, un analista, bajo el seudónimo Justiniano, dirigió términos descalificadores hacia mi persona que merecieron mi respuesta pidiéndole que tuviera la dignidad de identificarse, cosa que no hizo. Ahora aparece otro que no se identifica, puesto que indica solo su cédula de identidad, con términos descalificadores para los que él denomina “autoproclamados expertos”. Es decir, para aquellos que critican el contrato entre el Estado y TCP Katoen Natie.
Estimo poco digno el escudarse en un seudónimo para descalificar a los que piensan distinto. Creo que es como tirar la piedra y esconder la mano, incluso me parece que puede ser infame, pues, como dijo Tirso de Molina, “Carta sin firma es libelo que contra sí mismo hace quien no osa poner su nombre por confesar que es infame”.
Yo doy la cara y nunca puse en tela de juicio la moral de los que participaron en las negociaciones que culminaron con el contrato entre el Estado y TCP Katoen Natie. Lo que he manifestado es que, si bien las inversiones a realizar constituyen un logro importante, se pudieron concretar de un modo mucho más aceptable si la negociación no se hubiera llevado a cabo secretamente, sin intervención de todos los partidos de coalición y del propio Directorio de la ANP y, aun disintiendo, respeto a los que avalan este acuerdo.
Puedo estar equivocado, pero opino con absoluta independencia de criterio y porque pienso que mi trayectoria de más de 60 años en el área marítima, fluvial y portuaria me habilitan a hacerlo. Lo hice durante el gobierno del Frente Amplio cuando manifesté, en sendas publicaciones, que el puerto de aguas profundas de Rocha y la Regasificadora de Gas Sayago no eran viables y lo hice al acusar al canciller Almagro de mentir cuando en el año 2014 afirmó que el Uruguay había extendido su jurisdicción sobre la plataforma continental hasta las 350 millas y no era cierto. Durante este gobierno, manifesté que lo autorizado por la CARP respecto al canal de acceso era solo a 13 metros de profundidad y no a 14, que la pretendida hidrovía del río Uruguay era de muy difícil concreción y que el emprendimiento del buque portacontenedores Paysandú no iba a prosperar.
En cuanto al contrato con TCP Katoen Natie, he manifestado que es ilegal la incorporación del reglamento de atraque al contrato porque transfiere a esa empresa el derecho de consentir o no los cambios de este, que es ilegal porque no contó con el asesoramiento previo del Directorio de la ANP, que es ilegal porque se cedieron, sin cumplir con el Tocaf, los predios ocupados por la Armada y el de Puntas de Sayago para los molinos de generación eléctrica, que es ilegal porque no se efectuaron los avalúos previos (art. 13 inc. F de la Ley 16.246), que es ilegal porque le permite a esa empresa fijar libremente las tarifas de la operativa de contenedores de importación en violación de lo dispuesto en el art. 51 de la Constitución, que es ilegal la prórroga hasta el 2081, conforme a lo establecido en el art. 2 de la Ley 19.925 del 18/12/2020, que es ilegal porque viola la libertad de competencia establecida en el art. 12 de la Ley 16.246 y el art. 20 de la Ley 17.243 y otras coadyuvantes y porque así lo reconoció la propia empresa, cuando sus representantes, Orlando Dovat y Rodolfo Laporta, manifestaron el compromiso de esta “de no inducir ni realizar en forma directa o indirecta acto alguno que atente contra la libre y leal competencia del mercado”.
He dado y seguiré dando mi opinión con respeto a los que piensan distinto, procurando que se rectifiquen los errores que, según mi criterio y experiencia, se pudieran haber cometido.
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