Muchas personas publicaron críticas al PIT-CNT por no luchar contra el IRPF. Los asalariados sienten que fue inventado para achicar los sueldos y regalar a otros lo que le quitan a la familia del obrero. La patota sindical que controla al Frente Amplio —aunque no existe jurídicamente— nunca les respondió.
¿Saben por qué los “compañeros” no reaccionaron? Porque no les importa: solo les interesa el poder y el dinero. Los usan a ellos para recaudar más, para hacer carrera en el Frente y para mantener a este en el gobierno.
¿Creyeron que iban a criticar a su hijo preferido? Eso nunca: el PIT-CNT inventó e impulsó el IRPF en 2002 en medio de la crisis. Fue su principal reclamo en la “marcha a Punta del Este” del verano. Querían sensibilizar a “la oligarquía” que descansaba allá.
Dos años después, el Cr. Daniel Olesker, ex director del Instituto Cuesta Duarte, criticó al presidente Batlle... ¡por rebajar el impuesto a los sueldos! Dijo que la rebaja del IRP “es un triunfo de los trabajadores”, porque el impuesto debe eliminarse: “Hacen como que nos sacan la mano del bolsillo, pero nos dejan dos deditos adentro”.
Es el mismo Olesker que armó un revuelo en el Frente Amplio hace poco. Quiere otra franja más arriba en el IRPF y que se unifique el IRAE subiéndolo al 20% para todos: “Hay capacidad de aumentar los impuestos para mejorar la distribución de la riqueza”, dijo ahora.
Pero como “el susto despertó al mamado” les brotó de repente la idea de ayudar a la clase media, de bajar el IRPF, de subir la franja de abajo y de ordenar al compañero Tabaré que cambie la caña por el lápiz y que le inventen pronto algunas deducciones al impuesto.
¿Ahora se acordaron? ¿Y los que construyeron otra pieza para el hijo enfermo que no puede dormir con sus hermanos? ¿Ignoran que nunca pudo descontar un peso por la obra y por las medicinas que debe pagar él? ¿Y que —gracias al Frente Amplio— el productor que mejora un chiquero descuenta todo de su impuesto, junto con la factura del veterinario y los remedios para sus cerdos?
¿Y por qué obedece al PIT-CNT el Dr. Vázquez? Porque así funciona ese concubinato, como explicó el Frente Amplio a los senadores Gallinal, Larrañaga y Alfie en diciembre de 2005. Ellos y otros se oponían a aprobar la ley 17.940 contrarreloj y sin estudiarla, pero el senador Michelini les explicó que “el Frente Amplio tenía el compromiso político de aprobarla ese año”.
La “ley de defensa del fuero sindical” provoca hoy la atención de la prensa, copa las páginas policiales y llena los juzgados de “compañeros” declarantes. ¿Era eso lo que temían los otros senadores? Por causa de ASSE, la FFSP y las viviendas del PIT-CNT eso es lo más visible: pero no lo que más afecta a quienes trabajan, a la democracia y al Uruguay entero.
Las objeciones del 13.12.05 llenarían varias páginas. Este es un resumen: la ley no es de protección y promoción sindical, “sino de privilegio de la cúpula sindical”; “establece una tutela al accionar del trabajador, porque de hecho se lo obliga a afiliarse a un sindicato para tener su protección”; crea “un nuevo sistema de propiedad; el destino de los trabajadores queda en manos de una cúpula sindical y no de su libre albedrío; porque otorga el poder a un reducido grupo de dirigentes que puede manejar las cosas a su antojo”; “en la Comisión de Constitución y Legislación el MEF y el BROU”, por otro proyecto, “lo objetaron porque alteraba el orden de retenciones dispuesto por la Ley Nº 17.829”; “el artículo 7º coloca la cuota sindical en el tercer lugar en el orden de las retenciones”: “Primero están las pensiones alimenticias otorgadas por el Poder Judicial y en segundo lugar está el servicio de garantía de alquileres”.
O sea que el crédito social del BROU, el crédito del BHU, la afiliación a la mutualista y a la emergencia médica solo se descuentan después que cobre el sindicato. Ni que hablar del consumo mensual de la cooperativa, gracias a la cual se visten y comen miles de asalariados, su cónyuge y sus hijos.
Al PIT-CNT y al Frente Amplio no les importa que el trabajador no pueda renovar el vital crédito del BROU, que se atrase y endeude más con el BHU o que no pueda llamar a la emergencia si una noche se enferma. Lo que les importa es que no deje de pagar al sindicato: para eso impusieron la ley.
Y, aparte del gasto en movilizaciones y propaganda, ¿para qué se utiliza esa “masa económica de indudable significación”, “estamos hablando de unos 400.000 trabajadores”, dijo el senador Larrañaga en 2005? Los conocidos por la prensa en general y por “Santo y Seña”, de Canal 4, son los de la FFSP, la de Silva, Fagián, Cabrera y Cía.
Quizás no es buen ejemplo, pues solo tiene 14.000 afiliados y recauda U$S 243.000 mensuales según la prensa. Los dirigentes cobran el sueldo que les pagamos nosotros pero no trabajan: tienen “licencia sindical” todo el año. Por trabajar para ellos los socios les pagan unos $ 30.000 mensuales, más un vehículo con chofer que los lleva y los trae desde su casa, más otro auto alquilado cuando lo necesitan, más una cabaña —gratis para ellos y $ 700/día los demás— en la Colonia de Punta Ballena para ir cuando y con quien quieran todo el año.
¿Alguien cree que les importa lo que paguen los demás por el IRPF? No les importa ni lo que pagan ellos por su sueldo oficial, el cual duplican con lo cobrado “en negro”. Si el monotributo no cambió, cuando la DGI o el BPS descubren que el verdulero de la esquina no pagó sus aportes, le requisan la mercadería y los equipos y a los 15 días se los rematan para cobrar la deuda: salvo que presente los recibos de pago.
Pero, ¿sabe alguien cuántos dirigentes sindicales fueron denunciados por “mochar” aportes jubilatorios o por ocultar ingresos en la declaración por el IRPF? Claro, esos datos son reservados y nunca los sabremos.
Lo que sí sabemos es cuánto daño pueden hacer a la democracia quienes, inconstitucionalmente, usan los privilegios que les dio el Frente Amplio e invocan a 400.000 trabajadores, que no tuvieron ninguna oportunidad de decidir por sí mismos como previeron los senadores citados, para amenazar al cuerpo electoral a efectos de que no vote a quien libremente quiera sino a quienes a ellos se les antoje.
Para lograr eso, la patota PIT-CNT —que ni siquiera puede enfrentar una acusación de estafa en un juzgado penal porque no existe legalmente— decidió detener el país por varias horas; hacer perder millones de pesos a los trabajadores, afiliados o no, perjudicando la producción y las exportaciones; dejar sin clase a cientos de miles de niños y jóvenes y privarlos a muchos de ellos de su alimento diario; privar a muchos enfermos de la intervención quirúrgica, de la consulta médica, del examen especial o los medicamentos que su salud exige, además de infinidad de otros graves trastornos a la vida diaria de todos los habitantes de Uruguay.
Los uruguayos no somos todos como los senadores del Frente Amplio: no cambiamos nuestro voto porque una turba roja nos rodea, como no lo cambiamos en 1980 cuando las únicas garantías eran la urna de votación y la conciencia propia. Si hasta Latorre dijo antes que “los uruguayos somos ingobernables”.
Creo que esta coerción no debe permitirse. Estamos de nuevo ante un acto de subversión: los sediciosos quieren cambiar la Constitución que libremente nos dimos los orientales al obligarnos a todos a votar lo que prefieren ellos.
Considero que alguien, con más autoridad que quien escribe, debe hacerles saber a estos desaforados que el artículo 330 de la Carta no puede violarse impunemente.
Justo José
