N° 1964 - 12 al 18 de Abril de 2018
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáQuizá alguien considere ocioso destacar el talento de Arotxa (Rodolfo Aroxarena), pero vale reiterarlo. Cuando se supo que el expresidente de Brasil Lula da Silva debería ir a la cárcel condenado por corrupción y lavado de dinero, El País publicó el 6 de abril una caricatura del artista con el aporte involuntario del expresidente. Hace unos años Arotxa sostuvo en una entrevista que “la honestidad es lo único que no se puede dibujar”. Por eso en el dibujo no existe.
El trazo muestra a Lula con el gesto adusto y la nariz y las mejillas enrojecidas por su adicción al alcohol. Luce una camiseta roja, el color del Partido de los Trabajadores (PT) mientras que su mano izquierda levantada sostiene una soga que le rodea el cuello. La sostiene con la mano del lado de la ideología a la que traicionó cuando se transformó en corrupto para financiar a su partido y beneficiarse. Tiró de la soga hasta terminar en el cadalso judicial.
El Supremo Tribunal Federal rechazó por seis votos a cinco un recurso de habeas corpus para evitarle la cárcel. Esto puede cambiar en setiembre con una nueva presidencia del cuerpo, o quizá ahora mediante un recurso de revisión.
Aun evitando la prisión, es grande la posibilidad de que quede marginado de una candidatura presidencial. En 2013, durante su mandato, refrendó la ley de “ficha limpia” que impide que el condenado en dos instancias sea candidato hasta por ocho años. Buscan que sea elegido para salvarlo de otras cuatro investigaciones por corrupción en las que está implicado.
Sus acólitos argumentan que esas condenas constituyen una “intromisión” judicial en la vida política. Les importa un bledo el principio de que en una democracia nadie está por encima de la ley. Sobre esto es elocuente un argumento en contrario del senador Rafael Michelini: “Al no dejarlo presentar dentro de dos años si lo declaran culpable, ¿qué pasa y quién se hace cargo de eso? (…) Lo deja fuera de la carrera electoral”. Una vez más lo político sobre lo jurídico.
Es bueno que se discuta la solidez y o la inconsistencia de cualquier sentencia. Pero es necesario hacerlo con fundamentos y no con frases hechas o latigazos populacheros dirigidos al corazón. Cuando en un debate jurídico prima el interés político cualquier razonamiento pierde fuerza.
No hay dos opiniones: la justicia brasileña reafirmó el Estado de derecho. Un mojón a partir del cual se podría construir un muro contra la corrupción, pero es improbable: casi todos han metido la mano en la lata. La corrupción es institucional y miles de millones de dólares terminan en manos de los políticos, los partidos y los empresarios. Sus tentáculos se extienden por el mundo.
Según una investigación judicial, la constructora Odebrecht pagó casi 800 millones de dólares en sobornos en 10 países de América Latina. Solo en Brasil sobornó por 350 millones de dólares. Marcelo Oderecht, el presidente de la empresa, fue condenado a 19 años de cárcel. Se trata de sobornos y lavado de dinero de la operación Lava Jato cuyo total es de más de 2.000 millones de dólares.
La empresa semipública Petrobras licitó obras dentro de un programa para estimular el empleo impulsado por Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff. Pero para favorecer la contratación de determinadas empresas les pedía sobornos de 3% sobre el presupuesto que luego repartía entre políticos.
A Lula se lo acusa de haber recibido de la constructora OAS un triplex de lujo de 297 metros cuadrados en Guaruja, frente a la playa. OAS fue beneficiada por contratos con Petrobras.
A los cegados y emocionales defensores de Lula no se les ocurre pensar que el dinero corrupto siempre se escamotea del bolsillo de todos los ciudadanos y que tiene efectos a largo plazo. Durante los gobiernos del PT el combate a la pobreza y a la mortalidad infantil fue muy eficaz, pero un informe del Banco Mundial de octubre de 2017 establece que 22% de la población brasileña, unos 45,5 millones de personas, vive ahora en la pobreza.
Alguien que fue legislador del gobierno me comentó en defensa de Lula que el agravamiento de la pobreza desde que el PT dejó la presidencia, demuestra la verdad del argumento que en los años 50 desarrollaban los seguidores del político populista brasileño Ademar Pereira de Barros: “Rouba mas faz” (Roba pero hace). Una observación desde el lado oscuro en el que todo vale.
En el ranking de 2016 sobre la corrupción de la organización Transparencia Internacional (insospechada de servir a los militares o a la derecha) Brasil ocupa el puesto 79 sobre 176 naciones. Alejandro Salas, director para las Américas de esa organización remarcó en ese momento que en Brasil llegó el momento del “caiga quien caiga”. Cayeron varios exgobernantes de primera línea, empresarios, la expresidenta Rousseff y ahora le tocó a Lula.
Para defender al expresidente denuncian una conspiración entre políticos de derecha y los jueces a quienes así les atribuyen actuar con dolo.
Políticos del gobierno y los sindicalistas uruguayos sostienen que Lula fue condenado solo con indicios, pero nadie le exige a José Mujica, Lucía Topolansky, Javier Miranda, Marcelo Abdala, Constanza Moreira, Raúl Sendic y Julio Marenales que fundamenten esos cuestionamientos. Seguramente ni siquiera leyeron las sentencias.1
Razonemos: ¿Es posible que dos fiscales, cuatro jueces de primera y segunda instancia y seis del Supremo Tribunal Federal hayan conspirado para perjudicar al expresidente? Desde la vereda de enfrente se podría utilizar similar criterio conspirativo: la brutal corrupción solo pudo concretarse mediante una concertación delictiva entre Rousseff, Lula (ambos con 13 años en el poder), sus asesores y los empresarios. Rousseff fue destituida en un proceso de impeachment acusada de alterar cuentas públicas, Lula es condenado por meter la mano en la lata y lo esperan otros juicios, y empresarios y exgobernantes del PT ya están entre rejas.
Los partidos y gobiernos de la región afines al socialismo del siglo XXI desarrollan un criterio patrimonialista. Se consideran dueños de una ideolología por encima de la honestidad y de la ley. Se protegen entre ellos mediante operaciones mafiosas.
No todos le ponen una armadura de protección a Lula. En la Mesa Política del Frente Amplio, Asamblea Uruguay evitó votar una declaración de apoyo y respaldo: la senadora Daniela Payseé se retiró para no votar en contra. A esto se añade una declaración anterior del canciller Rodolfo Nin Nova de que el gobierno no opinará sobre la cuestión.
De cara al futuro angustia que quienes hacen gárgaras de abanderados de la honestidad y el progresismo defiendan a los corruptos e ignoren los fallos judiciales. La peor corrupción es la moral.
1. Sentencia de 218 páginas del juez Sergio Moro del 12 de julio de 2017. “Poder Judicial. Justicia Federal. 13º Vara Federal de Curitiba. Processo 504651294. 216.4.04.7000/PR”. Este fallo apelado fue confirmado el 24 de enero por los jueces de un Tribunal de Porto Alegre (João Pedro Gebran, Leandro Paulsen y Victor Laus), que aumentaron la condena de nueve años y medio a 12 años y un mes. Es elocuente una frase de esa sentencia: “Infelizmente, Lula se corrompió”.