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Finalmente el próximo domingo 27 se nos obligará a votar en un referéndum por la anulación de 135 artículos (elegidos por el PIT-CNT) de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en julio del 2020. Se trata de una ley que según algunos de los líderes políticos más veteranos —lo expresaron así Julio María Sanguinetti y José Mujica cuando visitaron la Escuela de Periodismo de Búsqueda— no significa un cambio profundo ni una revolución en nuestros sistemas políticos y sociales. Es apenas un ajuste que involucra las necesidades de cambios más básicas, ya que las ideas más ambiciosas del partido del presidente Luis Lacalle Pou no pasaron el filtro de sus socios en la coalición.
Las campañas por el Sí y el No se desviaron en temas que nada tienen que ver con lo que está propuesto, pero eso era de esperarse cuando el planteo es discutir 135 artículos de una norma, tarea que los creadores de la estructura constitucional y legislativa imaginaron solo para nuestros representantes. En una democracia representativa, estos mecanismos de la llamada “democracia directa” deberían limitarse mucho más, si es que tienen algún sentido. Habría que dejarlos únicamente para atender necesidades sociales que sean una verdadera inquietud para la ciudadanía y que de alguna manera escapen al manejo de los representantes políticos. El sistema de plebiscitos para ratificar cambios constitucionales en los periodos electorales ya establecidos (que tampoco deberían ser obligatorios) sería un ejemplo positivo pero no mucho más.
La izquierda uruguaya, mayoritariamente controlada por el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular, anteriormente creadores del relato que propiciaba las dictaduras del proletariado, ahora prefiere camuflarse en términos como la democracia y “el libre ejercicio de la democracia directa”. Con el agregado de su sentido de superioridad, que hace que pretenda darnos clases al respecto. Son los mismos que cuando se votó el plebiscito sobre la ley de caducidad con un resultado contrario a sus intereses, recurrieron a otra instancia electoral sobre el mismo asunto, y cuando tampoco eso funcionó, se acordaron de sus mayorías parlamentarias para ignorar el pronunciamiento popular. Por lo visto su visión de democracia no está ligada a la voluntad de ciudadano.
La proliferación de debates mostraron a los partidarios del Sí a la derogación todavía intentando imponer un modelo de gobierno que perdió en las urnas. Quizás faltó que algún partidario del No les recordara más tajantemente que los ciudadanos no votaron por la continuidad de las políticas del Frente Amplio. Votaron porque la autoridad policial se respete, votaron porque la educación no siga estancada en manos de los gremios docentes y responda a lineamientos del gobierno de turno, votaron porque los violadores no puedan reducir sus penas y otros cambios que incluye la LUC.
Es cierto que el gobierno no la tiene nada fácil: la historia de nuestros plebiscitos y referéndums nos demuestra que siempre hay una mayoría proclive a votar en contra de cualquier tipo de solución más liberal. Cuando se votó contra leyes de los partidos tradicionales que proponían las desmonopolizaciones de Ancap y OSE, o la intervención de capitales privados en Antel, los pronunciamientos fueron de veto popular. Hoy la popularidad del presidente y el hecho de que los cambios propuestos son más tímidos, hace que las encuestas no se definan por una y otra opción. Los indecisos dejan el final abierto a la incógnita.
Algo que también quedó a la vista es que los promotores del Sí, con la jefatura del PIT-CNT y la asistencia del Frente Amplio, no están dispuestos a ver un gobierno prosperar si eso implica perder el poder que tuvieron por 15 años. Parecería que todo estaba bien con ellos en el gobierno, por eso intentan frenar cualquier cambio, por poco que sea. ¿Estamos de acuerdo con que no se necesitan dar algunos primeros pasos hacia un cambio? ¡Definitivamente no!
