Marset, ciclón y después

Primero. Todo hubiera sido mucho más sencillo si las autoridades del momento hubiesen admitido públicamente que fue un error entregar la documentación que le permitió a Marset escapar a la Justicia. No sé si algún día lograremos terminar de armar el puzle, es decir, si lograremos saber con toda certeza si los ministros sabían, o no, que los servicios administrativos correspondientes estaban emitiendo un pasaporte a un delincuente reconocido. En cualquiera de los dos casos, hubieran tenido que admitir errores: si no sabían, que hubo fallos graves en la comunicación (dentro de cada ministerio y entre ellos); si sabían, que no fueron capaces de encontrar una solución mejor. Por ejemplo, la de conversar con el Frente Amplio para buscar, juntos, una salida como la de utilizar, imaginativamente, el artículo 34 del decreto 129/014 previsto para los casos de compatriotas expulsados de otro país.

Así como el diálogo entre gobierno y oposición es la excepción, reconocer errores está lejos de ser lo habitual en nuestra política. Por el contrario, en general, los partidos justifican lo que hacen, incluso cuando resulta lisa y llanamente indefendible. Esta práctica tiene dos efectos. Por un lado, es posible que la negación sistemática de los errores aleje de los partidos al público independiente. No hay que olvidar que la mitad de la ciudadanía no se identifica con ningún partido. Por el otro, posiblemente contribuya a reforzar lealtades y sentimientos de pertenencia sin los cuales los partidos se debilitan: quienes se comprometen con una gestión de gobierno precisan saber que, llegado el caso, serán cuidados por sus líderes; los militantes de los partidos, para seguir perteneciendo, necesitan confirmar sus creencias. Si se quiere, acá hay un trade off entre las legítimas expectativas de transparencia de la ciudadanía y la lógica básica de construcción de lealtades políticas. La gente espera líderes transparentes. Los militantes esperan líderes que, llegado el caso, los protejan (“obediencia a cambio de protección”, se decía hace mil años: nada nuevo bajo el sol).

Cuarto. Lo ocurrido tiene ribetes escandalosos. Los implicados en estos escándalos son cuadros de gobierno del Partido Nacional. Sin embargo, solo Cabildo Abierto mostró públicamente y de inmediato indignación frente a lo ocurrido. La posición de Manini contrasta con la de los demás socios del Partido Nacional. Recién el lunes 6, en la diaria, Julio María Sanguinetti, presidente del Partido Colorado, cuestionó algunos aspectos del episodio: “Se cometió el error de no reconocer que se cometió un error”. Me parece obvio que es lo mínimo que se puede decir. La calma de los colorados es todavía más llamativa cuando se la compara con la posición asumida por algunos senadores nacionales. Jorge Gandini fue de los que se movió más rápido: “Todo es muy grave y afectará al gobierno si no se reacciona correctamente”, posteó de inmediato, el miércoles 1° de noviembre. El tema de fondo es muy importante, dado que estamos a un año de la elección nacional. ¿En qué medida los precandidatos colorados estarán dispuestos a marcar distancia respecto a la gestión liderada por Lacalle Pou?

Quinto. La posición del Frente Amplio es muy interesante de analizar. Tiene dos aspectos distintos. Por un lado, mostró cautela, serenidad, y gran responsabilidad. La primera conferencia de prensa fue un ejemplo de sobriedad. La oposición puso énfasis en lo más importante, es decir, en la importancia de cuidar las instituciones democráticas. En particular, evitó la tentación de tomar por el camino del juicio político al presidente. Días después, incluso, acaso tomando nota de las críticas recibidas, dejó de definir la crisis como “institucional” y pasó a etiquetarla como “política y de gobierno”. Esta posición no solo es sustancialmente correcta. Además, es lo que le conviene en términos de estrategia electoral: si enfila sus baterías contra el presidente, puede ser acusado de “desestabilizar la democracia”.

Por otro lado, a medida que pasan los días, a través de distintos voceros, va subiendo el tono de la sospecha respecto a la posibilidad de que el episodio del pasaporte esconda o un caso de corrupción grave o, peor aún, un “sistema de corrupción”. Remito a lo que escribí hace dos semanas en este mismo espacio. Que los partidos se vigilen mutuamente es muy saludable. Que instalen un clima generalizado de sospecha respecto a la idoneidad moral de sus adversarios políticos es potencialmente muy dañino para la confianza de la ciudadanía en los partidos. Las denuncias de corrupción, si no se administran responsablemente, pueden convertirse en un arma de destrucción masiva. Ya nos pasó hace algo más de medio siglo.

El ciclón Marset pasó. La fase aguda de la crisis política se terminó. Ahora viene el tiempo de la necesariamente reposada acción judicial, cuyas consecuencias políticas son imprevisibles.