N° 1881 - 24 al 30 de Agosto de 2016
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEstaba cantado. Las flagrantes omisiones de la Intendencia de Montevideo (IMM) y del Ministerio del Interior impulsaron a vecinos de una amplia zona del Cordón y Parque Rodó a demandar a ambas instituciones. El abogado Rafael Gibelli, que representa a las víctimas, me dijo que pretenden que la Justicia termine con la cháchara hueca, solucione los intereses de los vecinos y ponga las cosas en su sitio.
El juez deberá decidir si el Estado tiene la obligación de indemnizar a los vecinos por los daños y perjuicios que les ocasionan los escándalos de quienes asisten a los “boliches” de esas zonas, lo que se potencia en verano hasta la madrugada. El juez podría ordenarles restricciones o su clausura, además de indemnizaciones pecuniarias.
Seguramente la Intendencia y el Ministerio estirarán el juicio lo más posible por lo de siempre: “¡Qué importa la sanción económica de una condena si la pagará el próximo gobierno!”. Como siempre, las arcas del Estado que nuestros bolsillos alimentan, y los derechos del ciudadano son el último orejón del tarro.
Los vecinos no descartan iniciar luego juicios individuales contra los dueños de los “boliches”: aunque hayan sido habilitados están violando preceptos por los que obtuvieron esa habilitación.
Es de sentido común: el derecho de los dueños jamás se puede ejercer en desmedro del derecho de terceros a quienes lesionan. Como dice la voz popular, es la diferencia entre libertad y libertinaje, o más académico, entre las omisiones del Estado y los derechos del ciudadano; la contracara de la responsabilidad. En la Junta Departamental todos los ediles hacen una plancha cómplice: los vándalos son de todos los partidos y evitan enfrentarlos.
“Quien con sus actos provoca un daño sobre un bien ajeno o lesiona un derecho de otro, ha de responder, ha de hacerse responsable, y esto no significa otra cosa que dejar de hacer lo dañoso y compensar al perjudicado por el daño causado”, razona Gibelli.
Hace pocos días en el programa de televisión “Consentidas” de Canal 10, mientras jugaba a las adivinanzas, el intendente Daniel Martínez argumentó con tono sacerdotal que el conflicto debe solucionarse con puntos de encuentro y negociaciones. Lo que hace es darle largas para evitar enfrentarse a los comerciantes y a potenciales votantes. ¿Cobardía o proyección electoral? Un poco de ambas cosas.
¿Cuál es el celo con el que actúan los inspectores municipales de esa área? Si lo hicieran con igual severidad que los inspectores de tránsito los dueños de los “boliches” se verían obligados a preservar la paz de los vecinos. O a cerrarlos. En cambio, voluntariamente o siguiendo directivas de Martínez, hacen la vista gorda que disfrazan con algunas multas.
Lo que ocurre convierte la paz nocturna y el descanso de trabajadores, estudiantes, minusválidos y ancianos en un jolgorio a ventana abierta. ¿Quién puede rendir sin un sueño reparador? Tansformar las horas de descanso en un aquelarre permanente implica un perjuicio económico evidente; si alguien pone en venta su propiedad en esa zona constatará que no vale ni la mitad que antes de esa situación. ¿Y qué decir de los más de 20 edificios con casi 1.000 apartamentos que se construyen en la zona? ¿Acaso los empresarios alertarán en la publicidad de venta que quien los compre no podrá descansar al llegar la noche? Es bueno que lo sepan para que no sean sorprendidos en su buena fe y malgasten su dinero.
¡Atención, líderes partidarios, esos también votan!
Lo ocurrido es tan evidente como verse obligado a pagar una terapia por patologías supervinientes derivadas de la falta de descanso y sueño. Tan evidente como la pérdida de peso de niños en edad de amamantarse, cuyas madres degradan su calidad láctea por el padecimiento de la falta de descanso nocturno. Tan evidente como el miedo de los vecinos a los jolgoriosos. Tan evidente como los autos dañados con rayones, patadas o vidrios destrozados. Tan evidente como que el vecino tenga que fregar cada mañana la entrada de su casa para eliminar los vómitos y las otras excrecencias depositadas durante los festejos nocturnos.
Estos vecinos decidieron luchar y se apartaron de la obediente majada para enfrentar la insensibilidad y el totalitarismo del Estado.
Los desertores de la majada no descartan solicitar la intervención de la Justicia penal en el ámbito de las faltas (artículos 360 y 361) del Código Penal. Martínez dice que los muchachos que van a los “boliches” tienen derecho a festejar. Así debe ser dentro de parámetros lógicos, pero muchos se desvían alentados por abuso de alcohol y otras drogas y se desbordan con gritos, tumultos, menoscabo del sosiego público, insultos, pintadas con grafitis, desnudez y sexo público. ¡Y guay si algún vecino les reclama silencio! Su integridad física corre peligro.
En suma, el juicio que iniciaran apunta a la IMM porque irresponsablemente habilitó ese racimo de boliches en una zona residencial y ahora permite los excesos, y al Ministerio de Eduardo Bonomi, cuyos uniformados brillan por su ausencia en ese Sodoma y Gomorra del sur de la ciudad.
¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento de estos parroquianos y las barrabravas del fútbol que el ministro, en forma personal o por razones familiares, bien conoce?