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Dos episodios recientes, sin ninguna relación entre sí, trajeron a la discusión pública la importancia de fortalecer la legislación que regula el financiamiento de los partidos. La polémica por la entrega de un pasaporte a Sebastián Marset Cabrera ambientó la pregunta de hasta dónde el sistema político está blindado contra la influencia directa o indirecta del dinero del narcotráfico y el crimen organizado. El otro hecho fue el decreto que modifica aspectos de la política antitabaco a partir del lobby de la empresa Monte Paz, la cual aportó a la campaña electoral que llevó a Luis Lacalle Pou a la presidencia.
Es osado decir que el narcotráfico tiene gran influencia en el sistema político uruguayo, pero no se puede descartar que lo esté intentando y que, aunque sea en pequeña escala, pueda haber infiltrado algún tentáculo. Lo cierto es que los magros controles —por ser generosos— sobre el financiamiento de los partidos no permiten confirmar la hipótesis. Tampoco descartarla de plano.
El segundo caso refiere a algo muy distinto, como es el aporte que empresas privadas hacen históricamente a los partidos políticos. A esa información se puede acceder, no es secreta, pero igual las formas y algunas acciones posteriores que emprenden los gobiernos muchas veces generan debates y dudas que podrían ser evitables.
Tras cada elección, la Corte Electoral recibe de los partidos políticos sus rendiciones de cuentas con los ingresos y egresos en los que habrían incurrido. Quienes estudian el tema dicen que es casi imposible que lo declarado cubra los gastos necesarios para desarrollar la mayoría de las campañas. Y la Corte Electoral tampoco ejerce un control profundo de lo que recibe bajo el argumento cierto de que no tiene presupuesto. Aunque le falte apoyo económico, el organismo no ha mostrado interés en actuar cuando académicos o medios exponen posibles incumplimientos de las normas.
El régimen sobre los aportes del sector privado a los partidos políticos también exige cambios y adaptaciones a los nuevos tiempos. Y eso sin entrar a considerar, en este espacio, la necesidad de regular el lobby, una práctica válida para la cual son necesarias reglas claras, como sucede en otros países.
Cambiar las normas que regulan el financiamiento de los partidos es una necesidad sobre la que hay consenso político y académico desde antes de estos dos hechos. La coalición de gobierno y el Frente Amplio anunciaron que existe un acuerdo para aprobar una nueva ley de financiamiento de los partidos. Esas buenas intenciones, claro está, son insuficientes.
El proyecto avanza con una lentitud pasmosa en el Parlamento, los partidos no han dado una señal clara de cuáles son los puntos de acuerdo y no es seguro que una versión sólida consiga los votos para ser aprobada. Sus posibilidades mermarán a medida que se aproxima el ciclo electoral de 2024.
La discusión parlamentaria necesita ser rápida, pero no apurada. El rol del sector privado y el financiamiento público deberían estar sobre la mesa a la hora de procesarla. Si Uruguay cree que la democracia y sus partidos necesitan o no más apoyo económico público, es una duda que debe despejarse mediante un debate con fundamentos y sin chicanas.
La legislación requiere cambios mayúsculos, tanto para mejorar la transparencia y los controles como para adaptarla a las nuevas prácticas comunicacionales de las campañas. Una buena regulación de la inversión en publicidad digital, por ejemplo, es más que necesaria y de no tan fácil redacción. Más allá de la importancia que tiene la mirada de los partidos en esto, la voz de los expertos también es clave.
La política es una actividad noble, ejercida por muchísimas personas con vocación de servicio que, en algunos casos, dejan de lado una carrera promisoria en la actividad privada para aportar a la cosa pública. Mejorar las reglas del financiamiento de las campañas electorales y de los partidos, actores fundamentales en el sistema democrático uruguayo, también protege a quienes dedican su vida a esa tarea. Los políticos deberían tenerlo claro y actuar en consecuencia.
