Matrícula universitaria

Esta vez me permito la libertad de exponer otro punto de vista a las dos columnas del título “Más cacumen y menos empatía” y “Una carta a los reyes magos” porque en ellas se hacen afirmaciones inexactas, quizás debido a que ni el columnista ni Cammarota sean contribuyentes del Fondo de Solidaridad.

Primeramente tenemos que recordar que el acceso a estudios de grado en este país es gratuito, por lo que las personas de bajos recursos pueden acceder a esta formación sin destinar recursos económicos. Además, todas las facultades e institutos de la Udelar disponen de bibliotecas y se ha instrumentado el acceso gratuito a la mayoría de los libros básicos de cada carrera a todos los estudiantes, lo cual no significa que estén eximidos de leerlos. Por lo que las dificultades planteadas por Santullo no parecen solucionarse económicamente, sino que las dificultades surgen de una mala base que viene de primaria y secundaria (también gratuitas). Uruguay supo ser un país con una gran movilidad social gracias a este sistema educativo que se caracterizó por su calidad.

En segundo lugar, y yendo directamente al financiamiento de becas universitarias para los sectores que lo necesiten, Santullo propone implementar a través del pago de matrícula a los trabajadores pertenecientes a la clase media y alta.

Pero desde 1994 casi todos los egresados de estudios de grado de la Udelar debemos pagar un aporte al Fondo de Solidaridad y un adicional (dependiendo de la duración de la carrera) durante 25 años –creados por las leyes 16.524, 17.296 y modificativas– destinados a financiar becas para todos aquellos que la necesiten. Si hacemos una proyección a partir de lo que abonamos hoy (por concepto de aporte y adicional) en los 25 años, representa el equivalente a unos US$ 13.000 o $ 510.000. Quedan exceptuados “los contribuyentes sin ingresos derivados del ejercicio de la profesión” y quienes emigren, además de, por supuesto, todos los que no se reciban, aun cuando les falte una materia (estas exoneraciones merecen una revisión legislativa). La persona pública no estatal creada para administrar esas contribuciones especiales no ha sido especialmente diligente en controlar que aquellos beneficiarios de las becas que pagamos entre todos culminen sus estudios ni que se configure realmente la causal de exoneración.

En tercer lugar, como los recursos del Estado son los aportados por los contribuyentes (soy fiel seguidora de Margaret Thatcher), tendríamos que tener en cuenta que los dineros públicos previstos en el Presupuesto nacional para la Udelar provienen mayoritariamente de las denostadas “clase media y alta” (admito que esto es una intuición en mérito a que la clase trabajadora, quizás eufemismo para no llamar pobre al pobre, tiende a no aportar IRPF ni IRAE, como sí lo hace la media y alta). Me gusta analizar el peso tributario del siguiente modo: cuánto tiempo vital anual representa a un individuo el pago de los tributos si pudiera vivir sin consumir nada, para así constatar su grado de solidaridad, porque no hay nada más generoso que regalar el tiempo vital. Pues bien si los trabajadores de la clase media y alta (incluyo aquí a los empresarios y a la gente del agro, que trabaja en el interior profundo) sumamos lo que pagamos anualmente aportes del IRPF, IRAE, Fonasa y la contribución especial a la solidaridad intergeneracional, solo a esos tributos (prescindiendo del peso del IVA y demás tributos nacionales y departamentales) dedicamos entre tres y seis meses por año de nuestra vida. A este cálculo hay que adicionarse los meses correspondientes de trabajo que implica producir el dinero para abonar el aporte al Fondo de Solidaridad y el adicional, comentado en el párrafo anterior, que en el mejor de los escenarios consumiría el ingreso de uno o más meses. Me parece que sostener al Estado durante ese tiempo cual Hércules al mundo habla a las claras de la solidaridad de este sector de trabajadores que es más que suficiente; dedicar aún más tiempo nos haría esclavos.

Me llama la atención que en el siglo pasado, donde en Uruguay no había tantos derechos (pero sí una enseñanza gratuita de calidad en todas las etapas) y, en consecuencia, un peso tributario sustancialmente menor, había una mayor movilidad social, en las familias solo el pater familia tenía trabajo remunerado y a pesar de ello, tenían su casita, su autito, su casita en algún balneario. Ese estilo de vida hoy es pura ficción. Esta retrospectiva puede hacernos concluir que la mayor carga tributaria (en este caso la imposición de matrículas) solo conduce a la pobreza de más personas y no favorece a los supuestos destinatarios.

De pronto tiene razón Santullo, y el dinero vertido a la Udelar por el Presupuesto nacional y Rendiciones de Cuentas debería reducirse al mínimo o a la nada. Habría que estudiar sus costos, debería hacer una genuina Rendición de Cuentas dirigida a los contribuyentes (en su mayoría, trabajadores de la clase media y alta) y ser competitiva en los costos de matrícula frente a las privadas. Al mismo tiempo, habría que derogar los fondos de solidaridad que pesan sobre los egresados, destinada a auxiliar a aquellos sectores que lo necesitan (pues el columnista justifica la matrícula en auxiliar a los pobres), suprimiendo simultáneamente un organismo ineficiente y caro.

Intentando usar el cacumen, como se propone, propongo que la Udelar debiera mejorar la calidad y cantidad de oferta de cursos online de forma de abaratar costos y, de paso, estar en condiciones de ofrecer un “producto” vendible a los extranjeros, como lo hacen las universidades europeas. Hoy gracias a internet los “clientes”, los alumnos, de la Udelar están en todas partes del mundo, no solo dentro de nuestro territorio, solo es cuestión de diseñar una oferta atractiva. Usando el cacumen, la Udelar podría obtener ingresos por venta de cursos al exterior.

Andrea Yelpo