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Médicos penitenciarios de Rocha y Lavalleja fueron despedidos por no aceptar rebaja salarial que implicaba “pagar” para trabajar
Sanidad Policial estableció “contratos acordes al precio que corresponde a la normativa legal vigente”, dijo su director, y aseguró que “no falta la asistencia” en esas unidades
“Aumentar la presencia y rol de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)” fue el cuarto punto del Plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación que estableció un documento elaborado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario.
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Según el informe, en la actualidad ASSE cubre solo el 65% de la población penitenciaria. Personal de Sanidad Policial es el que se encarga de brindar atención médica al 35% restante. Esa dirección del Ministerio del Interior dispone para las cárceles de personal propio presupuestado y con un cargo dentro de la Policía, y además contrata profesionales médicos independientes.
Durante el gobierno del Frente Amplio, estos últimos cobraban el mismo sueldo por hora en sus actividades presenciales y en las llamadas “horas de retén”, en las que realizaban guardias. En esas últimas permanecían en sus casas a la orden de cualquier emergencia en el centro penitenciario y, en cuanto alguna surgía, se trasladaban de inmediato. El pago por hora de trabajo en ambos casos era de $ 382, según contó a Búsqueda el delegado titular de la Regional Este de la Federación Médica del Interior (Femi), Gustavo Alonso. El contrato establecía derecho a licencia pero, como trabajadores independientes, estos médicos debían pagar por su cuenta los aportes a la seguridad social y los impuestos que correspondieran.
Al asumir el nuevo gobierno, en 2020, la Dirección Nacional de Sanidad Policial del Ministerio del Interior analizó, entre otras cosas, los vínculos laborales con el personal médico y las empresas proveedoras. Según contó a Búsqueda José Pedro Delgado, titular de esa dirección, en ese análisis detectaron “situaciones desfavorables”, ya que las horas de guardia en domicilio se pagaban como presenciales en los centros penitenciarios del interior del país. “Con el fin de poder corregir la situación se establecieron nuevos contratos acordes al precio que corresponde a la normativa legal vigente para la hora retén, lo que fuera aceptado por la mayoría de los prestadores”, dijo Delgado, y mencionó como excepción a cuatro médicos que prestaban asistencia en la cárcel de Lavalleja y dos que lo hacían en la de Rocha.
Alonso, que hasta hace dos meses trabajaba contratado por Sanidad Policial para la cárcel de Lavalleja, contó que las horas presenciales y las de retén se pagaban al mismo precio porque se había establecido una “hora plana”, que implicaba que el tiempo de asistencia en los centros penitenciarios no se pagaba como una “hora de policlínica”, sino “a la mitad”. Añadió que “en cualquier lugar, una hora de policlínica ronda los $ 800 y una hora de guardia los $ 600”, pero ellos habían pactado un pago de $ 382 tanto dentro como fuera de la prisión.
La nueva Dirección de Sanidad Policial que asumió en 2020 rebajó el sueldo que se pagaba por las horas de retén a $ 147, según el delegado de Femi. Esto es poco más de un tercio de lo que ganaban antes. Con el nuevo monto debían seguir pagando los aportes a la Caja Profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el combustible para trasladarse en sus vehículos. En Rocha y Lavalleja, los médicos vivían a una distancia de entre 14 y 16 kilómetros de los centros penitenciarios, según Alonso, y esa distancia la recorrían varias veces durante jornadas de entre nueve y 10 horas. Entonces, con los nuevos sueldos, se enfrentaron a una situación en la que “tenían que pagar para ir a trabajar, porque era mayor el gasto que lo que ganaban”, añadió.
Tras el cambio de gobierno, la decisión de “rebaja salarial” fue unilateral desde Sanidad Policial, comentó el delegado de Femi. Además, perdieron el derecho a licencia. Ante esas condiciones, y después de 10 meses de negociaciones y reuniones que involucraron a los ministerios del Interior, de Trabajo y a representantes de Femi, cuatro médicos de Lavalleja y dos de Rocha renunciaron a sus trabajos para las prisiones de esos departamentos.
Las negociaciones
Hubo idas y vueltas y varias instancias de reunión. Una de ellas fue entre integrantes de Femi, con su representante legal, y autoridades de Sanidad Policial. Según contó Alonso, estos últimos admitieron que esa dirección no debería prestar asistencia a los privados de libertad, sino solo a sus socios y afiliados, que son las personas dependientes de la Policía.
Esto se condice con lo que expresó Petit en su informe presentado ante el Parlamento, dentro del apartado que se titula Recomendaciones generales sobre las condiciones y la transformación del sistema penitenciario. Allí, el comisionado parlamentario de cárceles se refirió a ASSE y la salud integral penitenciaria e instó a “completar urgentemente el proceso iniciado de cobertura sanitaria integral de la población privada de libertad, asumiendo ASSE su mandato legal (y liberando a Sanidad Policial de una prestación de emergencia que no le corresponde) de brindar atención sanitaria de idéntica calidad a la existente en la comunidad”.
Alonso relató que en una negociación bipartita entre Femi y Sanidad Policial, esa segunda parte planteó como alternativa aumentar las horas presenciales de los médicos en las prisiones. “Eso a nosotros nos servía, porque los médicos lo que pedían era no perder masa salarial”, dijo. Sin embargo, a las 48 horas recibieron la notificación de que esa medida no se podía concretar. Según el delegado de Femi, la respuesta del director de Sanidad Policial fue que el asunto no tenía solución “y que se procedería al despido de quienes no quisieran trabajar en esas condiciones”. Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tampoco dieron respuesta a sus reclamos y reafirmaron la opción de despido.
“Al final quedaron sin asistencia, o con una asistencia muy irregular, incompleta, los privados de libertad de Rocha y Lavalleja solamente por el capricho. El dinero del que estamos hablando es ínfimo, capaz que son $ 30.000 semanales. Pero para nosotros es dinero”, dijo Alonso. Sin embargo, Delgado aseguró a Búsqueda que “no falta la asistencia en las unidades N° 17 y N° 22 que corresponden a los departamentos de referencia, ya que el servicio está cubierto por los galenos de Sanidad Policial (contratos y presupuestos) y por las unidades de emergencia móviles con cobertura en el área”.
Según datos del Ministerio del Interior, en Lavalleja hay 208 personas privadas de libertad y dos médicos para su atención. En Rocha las cifras son 147 y tres, respectivamente.
