En los últimos meses, nueve incendios en viviendas y en una escuela pública tuvieron en vilo a dos pequeñas localidades de Tacuarembó, Cardozo Chico y Cuchilla de Peralta. También aparecieron cabezas y cuerpos de animales muertos, y mensajes mal escritos con amenazas. “Vamos a explotar la escuela de Peralta con los gurises, las maestras y las cocineras adentro”, decía un fragmento de uno.
El miércoles 16 de abril, en medio de la Semana de Turismo, una mujer —que era auxiliar de limpieza de la escuela que fue prendida fuego— fue detenida a pedido del fiscal suplente de Paso de los Toros, Mauricio Delgado, y luego formalizada por la jueza Anabel Saravia como autora inimputable de los incendios y las amenazas. La Justicia dispuso que como medida cautelar fuera internada por 120 días en el Hospital Vilardebó, para preservar la investigación de la Fiscalía, por la seguridad de las víctimas y de la propia imputada.
La mujer fue trasladada desde Tacuarembó hacia Montevideo, pero el hospital psiquiátrico rechazó su ingreso, por lo que debió volver a Paso de los Toros, donde fue internada en su mutualista Comta, con custodia policial. Desde la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) señalaron a Búsqueda que no le correspondía al Vilardebó recibirla, porque la mujer era socia de una mutualista. “ASSE prioriza a sus usuarios. Era socia de la mutualista, corresponde que se atienda ahí”, dijeron las fuentes.
Sin embargo, el hospital estaba impedido de cuestionar la decisión judicial y negar su ingreso, según la normativa vigente.
El artículo 4 de la Ley 15.750, que regula la organización y el estatuto del sistema de Justicia, establece que cuando los jueces o los tribunales emiten una sentencia o decretan acciones, “la autoridad requerida debe prestar su concurso sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pide, ni la justicia o legalidad de la sentencia, decreto u orden que se trata de ejecutar”. Se trata de una regla general que implica que la autoridad administrativa que es requerida para cumplir lo resuelto no puede dejar de cumplirla, aunque las partes pueden impugnar la decisión en los plazos y por los medios correspondientes.
“El Vilardebó debe cumplir, pero además no está legitimado para impugnarlo, porque no es parte”, señaló a Búsqueda el profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho, Gabriel Valentín. Solo podrían hacerlo la imputada, la Fiscalía y las víctimas, si estuvieran participando en el proceso.
Búsqueda consultó al Ministerio de Salud Pública para saber si como rector de la política de salud tomará medidas frente a lo sucedido, pero no hubo una respuesta.
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Vandalizada la Escuela N° 91 de Cardozo Chico
Semanario Centro Paso de los Toros
Inimputable sin pericia
La mujer fue formalizada por ser la presunta autora inimputable de reiterados delitos de amenazas y de violencia privada por realizarse con escritos anónimos, reiterados delitos de incendio agravados por tratarse uno de ellos de un lugar público —la escuela— y el resto en viviendas, y de reiterados delitos de simulación de delito porque, por ejemplo, había incendiado su propia casa el 22 de noviembre de 2024, el primero de los incendios que cometió.
Pero la decisión judicial se tomó sin una pericia forense, como establece la normativa, porque no había un psiquiatra del Poder Judicial en Tacuarembó, según informó Telenoche luego de la audiencia. Esta es otra de las particularidades del caso. La directora de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Adriana Berezán, confirmó a Búsqueda que tampoco había psiquiatras judiciales en el resto del país que pudieran realizar la tarea.
Esta falta de psiquiatras judiciales se debe a que la Semana de Turismo es considerada como días inhábiles, según el Código General del Proceso, por lo que debía cubrirse con guardias, pero existe una deficiencia general de funcionarios, que se extiende desde hace varios años.
Según indicaron fuentes fiscales y judiciales a Búsqueda, la jueza resolvió declararla formalmente inimputable con base en la historia clínica y el tratamiento psiquiátrico que tenía, además de incoherencias en las declaraciones y de varios intentos de suicidio. Uno de esos intentos de suicidio fue el 9 de abril de este año, cuando la Justicia iba a disponer su detención.
Ahora, la Fiscalía está a la espera de la pericia final del Instituto Técnico Forense, porque una pericia que fue realizada de forma urgente luego de Semana de Turismo no fue concluyente, y debió solicitarse una ampliación.
Mientras tanto, avanza en la investigación de cara al juicio.
Las pruebas de la Fiscalía
Según indicaron fuentes del Ministerio Público a Búsqueda, “se encontraron evidencias directas e indirectas” de su participación en los incendios, como un bidón con combustible en su vehículo y otros artefactos que fueron utilizados para iniciar el fuego en las viviendas. A la vez, el análisis del celular de la mujer permitió ubicarla en el lugar de los hechos cuando se producían los incendios.
El auto de formalización de la jueza Saravia, al que accedió Búsqueda, establece que de la evidencia que recolectó la Fiscalía, surge la semiplena prueba de que es la responsable de cometer los incendios, y que es autora de siete de las notas con amenazas, a partir de las pericias caligráficas. El escrito indica que corresponde aplicarle la medida cautelar de internación, debido a que la investigación continúa, de cara al juicio, y que aún “se están realizando pericias e investigando hechos relevantes”, por lo que hay riesgo de afectación de la indagatoria si permanece en su domicilio. También considera que por el pequeño “tamaño de las localidades se incrementa el riesgo para las víctimas”, además de que “es imprescindible atender la salud de la imputada”. Por esa razón se dispuso la internación en el Vilardebó. Fuentes fiscales agregaron que la alternativa a la internación era la prisión preventiva, en caso de ser imputable de los delitos, porque por los riesgos era necesaria la privación de la libertad.
Poder Judicial
Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Insuficiencia de psiquiatras judiciales
La directora de Servicios Administrativos, que gestiona los recursos del Poder Judicial, señaló que había 23 cargos vacantes de psiquiatras en el Poder Judicial, pero hubo tres concursos que debieron declararse como desiertos, y varios de los cargos fueron transformados para crear otros, de licenciados en Trabajo Social y psicólogos, para Montevideo y el interior del país.
En 2021, los peritos psiquiatras del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial —que son auxiliares de la Justicia en el estudio y resolución de diversos casos de índole penal, civil, familia, juzgados de menores y adolescentes, violencia doméstica, etcétera— habían emitido un comunicado a la opinión pública en el que manifestaron que “las condiciones laborales que ofrece el Poder Judicial han ido empeorando” y que el número de vacantes llegaba a 18 de un total aproximado de 35, debido a renuncias de colegas que migraban a otros trabajos y a que “la mayoría de los concursos quedan desiertos”.
Según señalaron fuentes de los gremios médicos del interior, la situación permanece incambiada. En tanto, desde la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay indicaron que el número de especialistas es bueno en relación con los parámetros nacionales, pero hay dificultades con la distribución geográfica, y que el Poder Judicial “no es competitivo” en comparación con el ámbito privado en cuanto a salarios y condiciones laborales.
Esa deficiencia de psiquiatras en el Poder Judicial tiene consecuencias en el servicio. El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, indicó que es un “problema importante” porque “hay expedientes que se acumulan a la espera de la pericia psiquiátrica”.
En 2021, cuando el Poder Judicial cambió las condiciones laborales y pasó de 12 a 20 las horas laborales que debían cumplir los psiquiatras judiciales, además de aumentar un 50% el horario presencial, advirtieron: “Puede tener como efecto a corto y mediano plazo un sucesivo vaciamiento del cuerpo técnico de psiquiatras forenses perjudicando en última instancia a la institución y a la ciudadanía en general ante la pérdida de garantías en un proceso judicial que requiera de la realización de informes periciales oficiales”.
Frente a la situación actual y a partir del caso de Tacuarembó, el Poder Judicial mantuvo una reunión con los funcionarios de la gerencia general de ASSE. Buscan alcanzar un convenio con el prestador de salud público para coordinar en situaciones de urgencia pericias psiquiátricas para el proceso penal, que puedan ser realizadas por funcionarios de ASSE en casos de usuarios del prestador público.
