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Uruguay fue el país de la región que, desde 2009, más avances logró en cuanto al “entorno propicio” para los proyectos de participación público-privada (PPP), un aspecto clave, ya que alude al “compromiso político a largo plazo” para este tipo de concesiones. Aun así, se ubica sexto en un ranking regional que tiene a Chile a la cabeza y a Venezuela en el fondo, evalúa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Según la Oficina Evaluación y Supervisión del BID, el organismo dio a Uruguay un “apoyo sustancial para el entorno propicio” por los aportes que hizo a través del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) al desarrollo del marco legal y normativo. En un documento fechado este mes, señala que hubo resultados positivos también porque “el gobierno tomó la decisión estratégica de elaborar” PPP como fuente alternativa de financiamiento y lanzó varias iniciativas para aumentar la inversión. “La estabilidad posterior a la crisis de 2002, sumada a un crecimiento sólido y sostenido, ayudó al gobierno a implementar planes de inversión y apalancar la reforma”, dice.
El “plan de apoyo” a las PPP en Uruguay alcanzó la mayoría de los indicadores meta en cuanto al establecimiento de capacidad local y la identificación de un inventario de proyectos a mediano plazo (con proyectos potenciales identificados, un programa de asociaciones público-privadas definido para su ejecución a mediano plazo y dos proyectos piloto, uno de los cuales “tuvo problemas al cierre financiero, lo cual dio lugar a algunas demoras”), agrega. “El único componente de la operación que arrojó resultados deficientes” fue el relacionado con el desarrollo de instrumentos financieros (tales como un fondo para la estructuración de proyectos, uno de financiamiento y uno de garantías), evalúa. Y agregó que actualmente los ahorros previsionales en manos de las AFAP “son la única opción” para financiar las PPP en pesos, dada la dificultad que tienen los bancos locales para proporcionar fondos a largo plazo en moneda nacional. Eso “también reduce la velocidad a la cual se pueden ejecutar” este tipo de proyectos, advierte.
La oficina de evaluación del BID añade que el reducido tamaño de los bancos en Uruguay lleva a que estos “no se muestren demasiado dispuestos a financiar este tipo de proyectos”.
Por otro lado, a escala local “no hay muchos mecanismos para reducir los riesgos de construcción que entraña este tipo de financiamiento”, indica en el análisis. En tal sentido, consignó que el Banco República “suministró algunas garantías para el proyecto de la cárcel, pese a lo cual su estructuración fue lenta y su negociación, dificultosa”. Vista su finalidad, los gestores de los fondos previsionales —las AFAP— “no están interesados en esta clase de riesgo, lo cual hace que este financiamiento sea muy difícil de ejecutar”.
La nueva cárcel de Punta de Rieles es, hasta el momento, la PPP más adelantada. Su construcción empezó en agosto de 2015 y hasta fines del año pasado llevaba un avance de 63%. El contrato con el consorcio privado es por 27,5 años, que cobrará del Estado 196 unidades indexadas diarias (unos $ 700) por cada plaza de reclusión en el nuevo establecimiento.
Los demás proyectos anunciados hasta ahora se encuentran en etapas más preliminares. Se trata del corredor de las rutas 21-24, otros seis circuitos viales, el tramo de ferrocarril Algorta-Fray Bentos, dos iniciativas en materia de infraestructura educativa, una en vivienda y otra para la reestructura del Hospital de Clínicas.
El apoyo del BID.
El análisis de la Oficina de Evaluación y Supervisión del BID se enfoca en las obras de infraestructura bajo el esquema de PPP en la región.
Repasa que entre 2006 y 2015 en América Latina y el Caribe se realizaron más de 1.000 proyectos de infraestructura mediante PPP, principalmente en energía y transporte, con una inversión de U$S 361.000 millones. Esas iniciativas se concentraron sobre todo en Brasil, y en México y Colombia en un muy lejano segundo lugar. Honduras fue el país con mayor coeficiente de inversión en PPP respecto a su Producto Bruto Interno.
En esos años aprobó 145 operaciones PPP por U$S 5.800 millones, aunque el BID “agregó valor en unos pocos países (sobre todo en Colombia y Uruguay) gracias a tener interacciones a largo plazo con los gobiernos, ser flexible y adaptable a los cambios de contexto y trabajar en nuevas áreas de gran potencial”, evalúa en el documento. Para Uruguay aprobó 12 operaciones por U$S 717 millones, según el documento.
