N° 1922 - 15 al 21 de Junio de 2017
La historia es terminante: el miedo consolida a los criminales. Capone, Escobar, “Chapo” Guzmán, Ted Boundy, “Chueco” Maciel, “Mincho” Martincorena y el terrorismo son algunos ejemplos. No es exagerado compararlo con lo que ocurre hoy en Uruguay. Solo cambian los nombres: “El Huevo”, “El Ricky”, “El Bocha”, “El Colorado” o “El Talibán”, entre miles. Se añaden traficantes de drogas y bandas armadas.
Desbordan la seguridad, pero el gobierno y otros que le hacen el coro, se empeñan en comparar aserrín con pan rallado. Destacan que Uruguay es privilegiado en la región con 7,6 homicidios cada 100.000 habitantes. En 2016 fueron asesinadas 265 personas, 28 menos que en 2015. El miedo no desaparece.
El presidente Tabaré Vázquez y el ministro del Interior Eduardo Bonomi se disfrazan de Pilatos y recitan porcentajes a la baja como si tuvieran soluciones de fondo. No se trata de un corrupto manejo de las empresas públicas. Se trata de vidas y de seguridad.
La semana pasada en una entrevista de Andrés Danza y Guillermo Draper en Búsqueda, el ministro consideró que la prensa tiene responsabilidad en el miedo: es necesario saber “cuál es el papel de los medios, si es ayudar a asustar a la gente, o ayudar a la gente a entender el fenómeno, que es diferente”, dijo. ¡Siempre el mensajero!
Pocas semanas antes Vázquez ironizó: “Hay personas que parece que no están bien informadas, que no conocen la realidad de cómo vienen disminuyendo los delitos. (...) Dicen que Montevideo es tremendamente insegura y se ve que no están al tanto de los números”,
Buscó descalificar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, atribuyéndole ignorancia de las cifras. El jurista había considerado erróneo hablar de sensación de inseguridad porque “hay una situación importante de baja de la seguridad. (…) Montevideo tiene una situación preocupante. Fuimos entrando lentamente en esta situación”.
En Quién es quién de Diamante FM, advirtió sobre el “pecado de orgullo”, porque “no estamos vacunados contra una cantidad de situaciones. (…) Aumentaron los niveles delictivos en Uruguay, no solo en número sino en violencia y complejidad”.
Miremos otras cifras. El año pasado una encuesta de Latinbarómetro en 18 países de América Latina estableció que 36% de los uruguayos considera a la delincuencia como su principal problema. Solo en Venezuela es mayor.
La realidad la señaló Richard Read, insospechado de neoliberal o de fascista. En una entrevista de Elena Risso en galería sostuvo que la sociedad camina hacia la “lumpenización”. “Se modificó la escala de valores. Los paradigmas éticos que nos enseñaron a nosotros hoy no están, los hábitos de estudio, de trabajo, van dejando lugar a otras cuestiones…”. (Búsqueda n.º 1.919)
Vázquez archiva su matriz salesiana y peca sin pudor. Comete el pecado de los pecados: el orgullo. Reivindica el yo y la autojustificación.
El Titanic llegó al interior. Ya no son robos, arrebatos o pequeñas rapiñas. En 2015 se produjeron 98 homicidios sin considerar Canelones, que se mide con Montevideo.
Por su dramatismo se destaca la ejecución en San José de la alguacil judicial Susana Odriozola. Quisieron rapiñarla y le dieron un balazo en la frente.
Los crímenes no son solo consecuencia de ajustes de cuentas, como pretenden que creamos. Todo es campo fértil: la violencia de género, el fútbol, arrebatos, rapiñas, copamientos, matar para obtener drogas y los sicarios.
En un hecho inédito, el abogado penalista Gustavo Bordes fue atacado en su estudio por un hombre disfrazado de mujer. Accionó el gatillo contra la cabeza, pero no salieron las balas. Lo golpeó hasta casi desmayarlo. Cuando detuvieron al asesino admitió que fue contratado como sicario. Pretendió zafar diciendo que la pistola era de utilería. Surgieron amenazas de narcos al fiscal Gustavo Zubía y al juez José María Gómez, quienes procesaron al sicario. El fiscal es previsor: siempre va armado.
La indiferencia policial quedó de manifiesto con Laura Tarmezano, testigo de un homicidio. Pidió protección policial para ella y su hijo pequeño; el juez Ricardo Míguez se la concedió.
Un mes después un joven la ejecutó con un tiro en la cabeza. “¡Esto te pasa por alcahueta!”, oyó un testigo. Le habían retirado la protección sin orden judicial.
La semana pasada un menor fue asesinado de 16 balazos en el barrio Casabó y los cadáveres de los jóvenes de Micaela Saccone y Brian Silveira, reportados como desaparecidos, aparecieron ejecutados y sus cuerpos calcinados dentro de un auto en el barrio Casavalle.
Y la frutilla de la torta: más amenazas a jueces y fiscales. En una entrevista Chediak reclamó más seguridad. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera (MPP), le salió al cruce. Le reprochó que lo pidiera públicamente, porque “debe hacerlo a través de los canales formales”.
¿No alcanza con el conocimiento de lo ocurrido para tomar medidas? ¿Puede haber seguridad sin políticas de prevención? ¿Por qué razón Chediak o quien sea debe mantener silencio cuando hay vidas en juego? Bonomi dice que las amenazas ocurren desde hace años y coincide con el presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes. Sus colegas no opinan lo mismo.
Los vecinos e hijos de los criminales reproducen los corruptos códigos de conducta que maman en su entorno familiar y social. Surgen nuevas camadas de criminales: más jóvenes, más violentos, mejor armados y más impunes. Y en sus barrios viven los policías y sus familias.
Contra el discurso demagógico siempre están los hechos. Los porfiados hechos.
El Código del Proceso Penal tendrá juicios orales y públicos. Los investigados serán primero interrogados por los fiscales en presencia de sus defensores. Luego comparecerán ante los jueces. Todos tienen parejas e hijos vulnerables. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, sostiene que no podrán amedrentar a los magistrados. Es probable. Alguien me confesó que considera salir de la materia: “A todos los valientes que conocí les llevan flores el 2 de noviembre”.
La falta de seguridad puede desalentar a los testigos y perjudicar las investigaciones. Nadie puede obligarlos a declarar. No es como en la TV cuando los fiscales americanos amenazan acusarlos de “obstrucción a la justicia” si no declaran.
El asesinato de Termezano, la ejecución de Odriozola, el ataque a Bordes, los 16 balazos a un menor en el Casabó, las ejecuciones de Saccone y Silveira, el avance de los narcos y las amenazas a magistrados —viejas o nuevas, poco importa— puede llevar a los testigos a un razonamiento comprensible: “¡Si les pasó a ellos, me puede ocurrir a mí!... ¡Yo no vi ni sé nada!”.
