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Mientras los buques de las principales empresas petroleras del mundo buscaban hidrocarburos en territorio uruguayo, representantes de once Ministerios y otros organismos del Estado se reunieron decenas de veces durante el 2014 para analizar cómo preparar al país para el caso de que se encuentren recursos explotables.
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El trabajo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos llegó a su fin con un informe para el presidente José Mujica que ya firmaron los ministros y que recomienda otorgar recursos presupuestales para equipamiento y capacitación, analizar la formación de una nueva unidad reguladora específica sobre el tema, presentar proyectos de ley para cambiar normas, evaluar aspectos tributarios, hacer estudios ambientales y dejar funcionando una comisión que analice qué hacer con la renta petrolera.
Búsqueda accedió al documento y consultó al director nacional de Energía, Ramón Méndez, quien destacó que el trabajo busca “la preparación adecuada para lo que puede llegar a venir si se encuentra petróleo, pero también para lo que está ocurriendo ahora”.
“Muestra el compromiso y la voluntad de todo el Poder Ejecutivo de avanzar rápidamente en este tema. Que nos hayamos puesto de acuerdo en los grandes lineamientos estratégicos es algo de importancia mayúscula”, afirmó.
El informe recoge seis principios generales “que deberían estar incluidos en la política petrolera”: “Preservar el interés nacional y la propiedad del recurso por parte del Estado”, involucrar a todos los organismos en una “gobernanza colectiva”, “transparencia” para “informar a la población acerca de los riesgos y beneficios”, el “uso racional de los recursos naturales, la “gestión adecuada de la renta petrolera” y la “aplicación de las mejores prácticas y tecnologías disponibles”.
Los Ministerios acordaron, en primer lugar, proponer que se formalice la Comisión Nacional de Hidrocarburos como una instancia permanente, y que se forme el Consejo Sectorial de Hidrocarburos en el Gabinete Productivo.
Además proponen que se disponga de recursos en la Ley de Presupuesto, que se debe aprobar este año, para adquirir equipamiento (en particular para el off shore, como medios de navegación, recursos humanos y soporte informático), capacitar funcionarios de diversos organismos, crear nuevos cargos y perfiles técnicos, establecer un programa de becas y contratar consultorías y auditorías.
Renta.
El documento recomienda mantener funcionando el grupo de trabajo sobre gestión de la renta petrolera con el fin de “relevar las mejores prácticas internacionales” y “evaluar el diseño y creación de un fondo soberano intergeneracional”.
“Se va a contratar un estudio específicamente para analizar diferentes modelos de cómo impacta en la economía y cómo derrama positiva o negativamente. Claramente hay una definición de fondo de que no toda la renta se vuelque hacia el presupuesto, sino tener fondos intergeneracionales o para la transformación estructural del país. Se identificaron los estudios que hay que hacer para resolverlo de una forma técnica”, explicó Méndez.
Unidad reguladora.
Una de las conclusiones es que se debe analizar la creación “de una unidad reguladora y fiscalizadora específica para los aspectos económicos e industriales de la actividad”, y cuál es el momento adecuado para hacerlo.
Ese punto había generado las mayores discrepancias entre Ancap y el Poder Ejecutivo durante las reuniones que se llevaron a cabo para estudiar el tema (Búsqueda Nº 1.801).
Méndez sostiene que “va a haber que saldar rápidamente” esa discusión y que en el Ejecutivo hay “una posición bastante contundente”.
“Hay que analizar con las autoridades de Ancap cómo abordar ese tema. Se identificó claramente que es necesario separar roles. Hay un rol comercial que lo seguirá cumpliendo Ancap, pero después hay un rol comercial y de regulación, que eso en todo el mundo se separa. Una empresa no se puede regular a sí misma. Hay tres roles: la definición de políticas, la comercialización y la regulación. La diferencia que existe entre el Poder Ejecutivo y Ancap es cuál es el mejor momento para hacer eso, si hay que hacerlo ya o cuando estemos más cerca de la posibilidad de encontrar petróleo, si hay que hacer una nueva institucionalidad o usar la que ya existe”, dijo el director de Energía.
Ambiente.
Respecto al cuidado del medioambiente, el documento establece que se realice una Evaluación Ambiental Estratégica mientras se elaboran las políticas en la “etapa temprana de planificación”.
Además se llegó a un consenso sobre la necesidad de exigir Autorización Ambiental Previa para las actividades prospectivas y exploratorias, y no solo para la extracción.
Elaborar líneas de base ambientales, conformar una comisión para “planificar y gestionar el espacio marítimo” y otra para abordar “la situación de potenciales derrames” o emergencias, son otras de las conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo.
Normas.
Una de las definiciones más específicas que contiene el documento es la “remisión inmediata al Poder Legislativo de un proyecto de ley que regule las actividades off shore” para definir aspectos relativos a la jurisdicción en el mar, los buques y las actividades de cabotaje, las responsabilidades, los seguros y otras cuestiones.
También se sugiere modificar el sistema de negociación para los bloques on shore, de forma de generar un sistema de rondas, como se hace para el otorgamiento de licencias en el off shore.
La revisión de aspectos tributarios y de promoción de la inversión es otro aspecto abordado por el Poder Ejecutivo.
“La extracción se hace una vez y para siempre, entonces no hay que dar un incentivo. En el momento de la producción, los regímenes tributarios y las exoneraciones impositivas deberían ser bastante menores. Se trata de definir con anticipación cómo serían los regímenes tributarios específicos para la etapa de producción. Hay una posición de Ancap y por otro lado posiciones diferentes del Poder Ejecutivo, y el objetivo es tratar de unificar las posiciones para los futuros contratos”, explicó Méndez.