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Varios ministros y gobernadores argentinos transmitieron en ámbitos informales a autoridades uruguayas su discrepancia con el tono confrontativo que asumieron la presidenta de su país Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman en torno a la ampliación de la producción de la fábrica de UPM.
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Desde hace algunas semanas esa división dentro del gobierno de Argentina está en conocimiento de jerarcas del Poder Ejecutivo uruguayo, informaron a Búsqueda fuentes oficiales.
El presidente José Mujica resolvió permitir a UPM elevar de 1,1 a 1,2 millones de toneladas la producción anual de pasta de celulosa en su planta de Fray Bentos, con la condición de que realice mejoras en la infraestructura para bajar la temperatura de los efluentes arrojados al río Uruguay y para disminuir el contenido de fósforo.
Subiendo el tono al entredicho bilateral, Timerman emitió el martes 15 una nota en la que reclamó que “de inmediato” Uruguay deje sin efecto la autorización para que UPM incremente la producción, y advierte que si “la controversia que ha surgido no puede resolverse por la vía de negociaciones”, el gobierno de Fernández “se verá obligado a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia” con sede en La Haya.
A su vez, el diputado kirchnerista Carlos Kunkel acusó ayer miércoles 16 a la administración de Mujica de haber tenido la “intencionalidad política manifiesta” de “incidir en el proceso electoral” argentino, que tiene por delante este mes la renovación parcial del Congreso y de varios gobiernos provinciales.
La respuesta oficial a la declaración de la Cancillería argentina la dio ayer miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, en una larga carta.
Uruguay “no ha roto unilateralmente el diálogo, sino que se ha pronunciado a favor de la continuación del mismo y ha hecho propuestas en tal sentido”, señaló.
Remarcó “de manera enfática que los resultados de los análisis del monitoreo conjunto, que son los mismos con los que cuentan ambos países, demuestran, sin ambigüedades, que la Planta Orión de UPM no contamina”.
El canciller relató de forma detallada los pasos que siguió Uruguay para habilitar un incremento de la producción y señaló que se constituyó una “base documental más que razonable para que el Estado argentino pueda evaluar los probables efectos del proyecto”.
Almagro criticó la actitud de las autoridades argentinas y las acusó de “prejuzgar” y “obstaculizar” a UPM. Para Uruguay es “inaceptable” que esa práctica se trasforme en un “veto implícito” sobre la ampliación de la producción, ya que de ser así “constituiría una flagrante violación” a lo establecido en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 “y contrario a la naturaleza, el objeto y el espíritu del Estatuto del Río Uruguay”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores.
En contraste con la divisiones que emergen en torno a la estrategia argentina en este diferendo bilateral, en Uruguay la oposición política respaldó al gobierno de Mujica. Se hizo un “trabajo serio de control” de la planta y por eso el asunto constituye una “causa nacional”, dijo ayer el senador colorado Tabaré Viera.
“Si alguien decide recurrir al derecho internacional, nosotros estamos tranquilos porque hemos actuado conforme a las normas”, remarcó por su parte el vicecanciller Luis Porto. (Más información en página 4)