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En 1748 Montesquieu publicó El espíritu de las leyes, censurada por el absolutismo de Luis XV. Pero entonces, como ahora, había gente que pensaba y decidía por sí misma y se pasaba la censura por los bolsillos. Aunque debió editarla en Suiza igual fue un éxito de ventas y una siembra internacional para cosechas democráticas.
Propuso una separación de poderes en tres ramas independientes con diferentes responsabilidades: ejecutivo, legislativo y judicial. Un sistema de pesos y contrapesos. “Los jueces deben ser la voz muda que pronuncian las palabras de la ley”, decía. Sus ideas fueron decisivas para definir el sistema democrático de Estados Unidos y más tarde la Revolución francesa. Se consolidó en el mundo libre pero siempre alguien intenta ponerle vallas.
El jurista francés remarcaba que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Por ese camino se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir que por ambición alguno de ellos predomine sobre los demás. Esto viene a cuento por el reciente impulso multipartidario de crear un Ministerio de Justicia con el falaz argumento de aliviar la tarea administrativa de la Suprema Corte de Justicia: la carga administrativa, su presupuesto y distribución y control de organismos no jurisdiccionales, entre otros. La iniciativa no ha tomado cuerpo formal. De cualquier manera, el objetivo parece destinado a echarle mano a parte del poder que los partidos no manejan con la libertad que quisieran. Algunos buscan un camino oblicuo para incidir en fallos adversos, como los procesos por violaciones a los derechos humanos o las condenas por corrupción desde un vicepresidente a exministros mientras se les tramitan varias denuncias por abuso de funciones. Y se avecina la denuncia al diputado y exministro Germán Cardoso. Los jueces en la mira de los francotiradores.
Con su lucidez habitual el catedrático de Derecho Constitucional Martín Risso Ferrand abordó esta cuestión. “Sobre el dichoso Ministerio de Justicia, en primer término, debe advertirse que, si esto significa pasar atribuciones administrativas del Poder Judicial al Poder Ejecutivo o, si se prefiere, que temas internos del Poder Judicial sean resueltos por el presidente de la República en ‘acuerdo’ con el ministro de Justicia o en Consejo de Ministros, se afectaría fuertemente la independencia del Poder Judicial. Esto, por sí solo, debería justificar el rechazo de muchos frente a una propuesta inconstitucional.
En segundo lugar, las cuestiones presupuestales (proyecto y ejecución: artículo 239 numeral 3), la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica de este Poder (artículo 239 numeral 2), la facultad de designar, promover y destituir magistrados (239 numeral 7, entre otros), los temas disciplinarios sobre todo su personal, sea técnico o administrativo, son atribuidos por la Constitución directamente a la Corte, por lo que todo lo que se quiera alterar de esto será inconstitucional. Se podrá decir que estos temas insumen mucho tiempo a la Corte, pero es el sistema constitucional y si no se comparte habrá que promover una reforma de la Carta limitando el principio de separación de poderes y la independencia del Poder Judicial.
¿Qué atribuciones podría tener este ministerio en el actual orden constitucional? Prácticamente ninguna o solo algunas que hoy tiene otro ministerio. Alguien diría que podría ocuparse de las cárceles, pero no parece que para este problema urgente se requiera crear más burocracia y menos un Ministerio de Justicia. Si el objetivo es este, que se reclamen recursos, profesionalización y desconcentración del sistema carcelario, pero no se precisa un Ministerio de Justicia. Si sometemos la iniciativa al juicio de proporcionalidad no pasa el segundo paso: la necesariedad”. (Cartas al director, Búsqueda Nº 2.138).
Hay quienes defienden esa creación porque, argumentan, en casi todo el mundo hay ministerios de justicia. Los hay buenos, seguro, pero también muchos con la independencia mutilada como en Argentina, Bolivia, Turquía, Perú, Paraguay, Uganda, Ecuador, Rusia, Venezuela, Egipto o Nicaragua. Pese a un presupuesto para pordioseros, el Poder Judicial de Uruguay lidera el ranking en independencia judicial en América Latina.
Otro ejemplo negativo se vive en España. Desde hace dos años el gobierno y los partidos libran una batalla por designaciones de magistrados que también determinan las cúpulas. La separación de poderes es solo virtual. En 1985 el gobernante Partido Socialista del presidente Felipe González aprovechó su mayoría parlamentaria para reformar la Ley del Poder Judicial y digitar la integración del Consejo General del Poder Judicial, apéndice ineludible de todo ministerio que debe garantizar la independencia de los jueces. Está integrado por 20 vocales y debe renovarse cada cinco años; 12 son elegidos por el Parlamento de entre un número propuesto por los jueces y el resto por el propio Parlamento entre juristas de reconocida competencia. La elección se realiza por mayoría de tres quintos. En sus comienzos el Parlamento solo elegía estos últimos (8), pero la modificación de la Ley Orgánica en 1985 amplió las facultades del Parlamento a la elección de los 20. Control de los partidos para elegir jueces que les sean afines en la dirección de los principales tribunales: control del Poder Judicial.
En 1985 las grandes decisiones españolas las tomaban dos partidos. Hoy ese poder está repartido entre varios que se muerden los talones. Un asco.
Cuando se produjo aquella reforma política al vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra se le escapó un espontáneo comentario del que luego se arrepintió: “Montesquieu ha muerto”. En Uruguay aún vive, pero la iniciativa de crear un Ministerio de Justicia y el consiguiente Consejo General del Poder Judicial llevaron a internar a Montesquieu en un CTI.
Atentos por si alguien quiere desconectarle el respirador artificial.
