Mucha cautela

A escala regional, el gobierno argentino salió airoso esta semana de lo que se dio en llamar el “súper-martes”, logrando renovar la totalidad de los vencimientos de las Letras del Banco Central argentino y algo más (además de colocar dos bonos en pesos a largo plazo por más de $ 73.000 millones, aunque tuvo que convalidar tasas de 20% a cinco años y de 19% a ocho años) y descomprimiendo por el momento la “corrida” cambiaria que se inició sobre la última semana de abril. Pero es claro que se ganó tan solo una batalla para seguir negociando sin tanta presión con el FMI. Eso significa que en el mejor de los casos (esto es, si se llega a un acuerdo con el FMI que asegure el financiamiento hasta fines del año 2019) el nuevo contexto económico y financiero argentino será un menor crecimiento económico, una tasa de inflación más alta y sobre todo un abaratamiento en dólares del vecino país, todo lo cual en el margen es negativo para Uruguay.

Otro aspecto negativo de la combinación tasas al alza más apreciación del dólar en los mercados internacionales, es que normalmente ello lleva a una caída en el precio de las materias primas, lo que tampoco es una buena noticia para los países emergentes cuyas exportaciones están muy concentradas en este tipo de productos, como ocurre en la región. En el caso de Uruguay, un aspecto negativo adicional se deriva de que el precio del petróleo ha estado subiendo al mismo tiempo que el resto de los commodities ha bajado, lo que implica una pérdida adicional de términos de intercambio.

En definitiva, en las últimas semanas no hemos tenido ninguna buena noticia desde el sector externo, y el panorama potencialmente puede complicarse mucho más si la velocidad de la suba de las tasas de interés en EE.UU. y de la apreciación del dólar eventualmente se acelera. Este cambio negativo en el contexto externo obliga a generar una reducción de los precios y costos internos en dólares, así como a aceptar un menor nivel de actividad tanto por la caída de la demanda regional, como por la suba de la tasa real de interés doméstica que se generará hasta tanto se complete el ajuste de precios relativos, a lo que hay que agregar el efecto de la mayor tasa de interés internacional y el incremento del “riesgo país”.

La actual flexibilidad de la política cambiaria es una ayuda significativa en el proceso de ajuste, tal cual se ha visto en las últimas semanas, donde el dólar pasó de $ 28 a $ 31; pero con eso solo no alcanza, especialmente si el gobierno sigue manteniendo la meta de una inflación de entre el 3% y el 7% para este año. Para darle consistencia a la política económica y facilitar el proceso de ajuste ante el shock externo negativo con el menor costo posible en términos de actividad y de empleo así como de inflación, el gobierno debe ser muy cauteloso en las señales que envíe en materia fiscal y salarial.

La próxima Rendición de Cuentas no debería contener ningún aumento del gasto público, e idealmente reducirlo, aplicando los recursos eventualmente liberados a rebajas en los costos de las tarifas públicas o de los aportes patronales a la seguridad social. En las próximas negociaciones salariales, el foco debería estar no en pretender continuar aumentando el salario real, sino en cómo facilitar la reducción de los salarios en dólares minimizando el impacto sobre la pérdida de puestos de trabajo y la inflación, lo que requeriría de una desindexación significativa de los salarios.

Ya antes del cambio en el contexto externo, el panorama fiscal y en el mercado de trabajo era lo suficientemente complicado, lo que obliga a ser mucho más cautelosos ahora en cuanto a las señales que se envíen en estas dos áreas clave, tanto a los inversores y empresarios locales como a los del exterior.