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Aunque es habitual judicializar hechos políticos, algunos se destacan, como el reciente sobre la publicidad de un documento de inteligencia, pese a que una denuncia penal parece inconducente para el objetivo del gobierno: la identificación o prisión de un topo senador.
La filósofa y politóloga estadounidense Wendy L. Brown advirtió bajo el título Ahora todos somos demócratas (We Are All democrats Now, Johns Hopkins University, 2010), que la judicialización de la política es una de las mayores lesiones para la democracia porque produce una desdemocratización, un vocablo inusual y complejo pero acertado. Brown no lo dice pero también desdemocratiza que los gobernantes violen principios éticos, actúen con indignidad o traicionen un secreto al que se comprometieron, como en este caso, supuestamente, algún senador.
Con pleno derecho, el gobierno le transfirió a la Justicia la responsabilidad de investigar si se produjo un delito cuando alguien le entregó al director de informativos de TV Ciudad, Eduardo Preve, un documento que el 24 de octubre, durante una sesión secreta parlamentaria, presentó el director de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé. Lo recibieron los senadores Raúl Lozano de Cabildo Abierto —que presidió la Comisión Especial de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia—, los nacionalistas Graciela Bianchi, Gustavo Penadés y Álvaro Viviano, el colorado Raúl Batlle y los frenteamplistas Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci, Diego Reyes y Luis Alberto Posse. El compromiso de reserva incluyó no hacer comentarios y para seguridad no se labraron actas ni asistieron funcionarios administrativos. Tres días después Preve lo divulgó.
Como el gobierno entendió que se pudo cometer un delito Garcé presentó una denuncia ante la Fiscalía General y la investigación la tomó el fiscal de delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez. También le reclamó a Lozano que aplique el artículo 115 de la Constitución, según el cual cada cámara legislativa puede “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio” de estas. Dicha norma establece la remoción de los legisladores que hayan demostrado ser “indignos de su cargo”. Le dio prioridad a la judicialización sin descartar lo interno.
El director de inteligencia no tiene dudas, la información surgió de la comisión parlamentaria e implícitamente responsabilizó a la oposición: si se quiere hacer “política menor” entregando este tipo de documentos, “vamos por mal camino”. Algo parecido dijo el presidente Luis Lacalle Pou: “Hay gente que prefiere perjudicar al gobierno y no se da cuenta de que perjudica al país”.
Diversas cuestiones colocan la investigación del fiscal en un camino sin aparente salida y preñado de obstáculos. Veamos:
El delito eventualmente aplicable es el del artículo 132 numeral 3º del Código Penal establecido en el capítulo de delitos contra la patria. Castiga con 10 a 30 años de penitenciaría y de dos a 10 años de inhabilitación absoluta a quien revelare secretos políticos o militares. La última vez que se aplicó fue durante la dictadura. Pero del documento que tuve a la vista no surgen explícitamente secretos de Estado, ni militares ni políticos. Son tres carillas de generalidades y dos anexos. Uno es un manual sobre cómo y quiénes deben recabar información (menuda obviedad) y otro refiere a la contrainteligencia, una definición que por otra parte surge de la ley.
La única forma que tiene el fiscal de identificar al “filtrador” es que confiese (para lo cual tendría que ser interrogado) que entregó el documento o que el periodista revele quién le pasó la información. Si alguien cree posible una de esas dos hipótesis, fantasea.
Pero, aun cuando el fiscal lograra identificar al autor de la filtración, vale recordar que todos los senadores tienen fueros parlamentarios, esto es, inmunidades y privilegios establecidos en la Constitución (artículos 112 y 113). Los fueros son irrenunciables porque no pertenecen al legislador sino al cuerpo. Un legislador puede ser desaforado por dos tercios de votos del total de componentes de la cámara que integre siempre que exista una solicitud previa de un juez (para el caso, con imputación del fiscal) para juzgarlo por algún delito (artículo 114 de la Carta Magna). En el Senado los dos tercios deben sumar 21 (la coalición de gobierno tiene 17 y la oposición 13) y recién luego de obtenerse los dos tercios el senador quedaría a disposición del juez.
El documento en cuestión, tanto el que terminó en manos de Preve como el de los legisladores, carece de trazabilidad como ordena la ley de inteligencia. La trazabilidad es la “marca” que permite identificar el origen y trayecto de un documento. Aparentemente las fotocopias que recibieron los senadores se hicieron mientras estaban reunidos. Si tuvieran trazabilidad, como todos los documentos de inteligencia serios del mundo, sería posible identificar el origen de la filtración.
Se descarta una responsabilidad penal de Preve, aclaró Garcé. Aun sin esa aclaración su participación se limitó a recibir la información y darla a conocer, como hacemos todos los periodistas en beneficio de la opinión pública. En su declaración en la fiscalía se negó a revelar su fuente. El fiscal general, Juan Gómez, comentó que un periodista nunca puede ser responsable de divulgar la información. Lo dijo ante una consulta sobre la opinión de la senadora blanca Graciela Bianchi: la “publicación de documentos de inteligencia configura un delito grave” y a Preve “la libertad de prensa no lo ampara”. La tercera en la sucesión presidencial, además de cazar brujas, caza periodistas.
Las señaladas trabas para la investigación marcan la “desinteligencia” de judicializar. Asalta mi memoria el título de la comedia de Shakespeare que hace casi cuatro siglos los españoles tradujeron con una metáfora: Mucho ruido y pocas nueces. Es más apropiada la traducción literal del original que han hecho otros: Much ado about nothjng. Vale decir, mucha alharaca (alboroto) sobre nada.
