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La delegación de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), que el martes 25 de tarde concurrió a la Torre Ejecutiva para entrevistarse con el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, se llevó una sorpresa. Cuando los jueces Rolando Vomero, Eduardo Borges y Alberto Reyes ingresaron a la casa de gobierno se dieron cuenta de que quien que los esperaba era el presidente José Mujica en persona.
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El primer mandatario tenía en una mano una fórmula de acuerdo para tratar de arreglar el conflicto salarial con los jueces y en la otra un rezongo, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
El hecho de que el propio Mujica se involucrara directamente en la negociación de este tema fue una señal que los magistrados valoraron positivamente.
“Que sea el propio presidente el que nos atiende es una muestra de la voluntad y del compromiso que hay en el Poder Ejecutivo para arreglar el tema”, dijo a Búsqueda uno de los magistrados consultados.
Mujica les dijo a los jueces que había resuelto participar de la reunión porque tenía algunas “cosas” que les quería decir.
“Juez y parte”.
Según el primer mandatario, es legítimo que la gente reclame por sus ingresos y por lo que considera justo, pero dijo que no le parece bien que los magistrados sean “juez y parte” de su propio sueldo, en referencia a que los jueces promovieron y ganaron una acción de inconstitucionalidad contra una norma promovida por el gobierno que les quitó el “enganche” con el salario de los ministros. También hizo referencia al hecho de que en una asamblea realizada el sábado 22 los magistrados habían resuelto iniciar un juicio millonario contra el Estado por “cobro de pesos”.
“Ustedes inician acciones y ustedes las resuelven”, ironizó.
El conflicto se originó cuando se aprobó una norma en la ley de Presupuesto que equiparó el salario de los ministros de Estado con el de los legisladores. Eso trajo aparejado una serie de inesperados aumentos, porque el salario de los ministros es utilizado como base para calcular el de otros funcionarios, como por ejemplo los jueces.
En el Poder Ejecutivo consideran que los jueces tienen un ingreso que es “aceptable” para la realidad de Uruguay, por lo que no creen que sea de recibo el reclamo. No obstante, están dispuestos a pagar parte de lo que piden los jueces con el objetivo de que el conflicto se solucione.
Así se lo transmitieron Mujica y sus colaboradores a los magistrados. De hecho les ofrecieron una fórmula que había comenzado a gestarse un par de semanas atrás en una visita que el presidente hizo a la Suprema Corte de Justicia y que implica el pago en cuotas del crédito.
Fórmula.
Según las fuentes, el gobierno ofreció a los magistrados pagar un crédito de $ 258 millones que reclaman en 12 cuotas, pero derogar el “enganche” que existe con los ministros del Poder Ejecutivo, para que no se genere ninguna obligación hacia el futuro. A los jueces les quedó claro que la propuesta implica hacerse cargo de ese crédito generado pero que no habrá “un peso más”. También llegaron a la conclusión de que la propuesta del Poder Ejecutivo es “eso o nada”.
Los jueces agradecieron la reunión como un gesto importante para destrabar el diferendo y dijeron que van a transmitir la propuesta a la directiva del gremio para analizar los pasos a seguir. No obstante, señalaron algunas dificultades que observan. Por ejemplo, que los jueces jóvenes prefieren batallar por el aumento porque en una carrera de 30 o 40 años por delante les implica un beneficio importante.
Además dijeron que cada magistrado es titular de su crédito y por lo tanto libre de emprender la acción que le parezca más acertada, por lo que la directiva de la asociación puede indicar pautas pero no forzar a los jueces a desistir de la demanda. No obstante, consideran que existen también desestímulos para los jueces que quieran seguir el juicio. Por ejemplo que ya no van a contar con el respaldo del sindicato, por lo que deberán hacerse cargo del costo del proceso e invertir tiempo en seguirlo.
“Razonable”.
Según algunos jueces consultados por Búsqueda es probable que la decisión acerca de si aceptar o no la propuesta del Poder Ejecutivo requiera de otra asamblea.
La que se realizó el sábado 22 y que resolvió promover el juicio al Estado fue “tranquila” a pesar de que algunos jueces querían asumir una actitud más combativa, dijeron los informantes.
Existieron cinco mociones, pero todas giraban alrededor de lo mismo con pequeñas variantes, por lo que se resolvió unificarlas en una que recibió la unanimidad de los votos. Así se mandató a la Directiva a iniciar el “juicio por cobro de pesos” sin renunciar a seguir negociando una fórmula de acuerdo.
Un juez veterano dijo a Búsqueda que si bien puede pensarse que los magistrados asumieron una postura de guerra, no es así. “Creo que no hay gremio más tranquilo y razonable que nosotros. Casi cuatro años de conflicto y ninguna medida de fuerza. Eso habla por sí solo”, resumió.