Murro combate a Montesquieu

Durante una reunión con militantes, el ministro de Trabajo y expresidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, reclamó jueces frenteamplistas para la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Atribuyó esa carencia a “un exceso de democracia” del Frente Amplio. Sorprende por tratarse de un gobernante de 67 años de edad, maestro, exdirigente sindical, militante del Movimiento de Liberación Nacional y del Partido Comunista. Su reclamo no es producto de la improvisación ni del fragor de un debate. Lo expresó espontáneamente el 25 de agosto ante los asistentes al comité 18 de Mayo (Búsqueda Nº 1.984).

Esto ocurre mientras se analizan los nombres de quienes ocuparán un sillón en la Corte y el TCA. Según el artículo 236 de la Constitución, deben ser designados por la Asamblea General por dos tercios de votos y si no hay acuerdo ingresa el más antiguo. Para los dos tercios es inevitable una negociación. ¿Es ese el exceso de democracia del que Murro se queja?

¿Qué ministros de los tribunales de apelaciones de la lista para ascender a la SCJ y al TCA son afines al Frente Amplio? Debería identificarlos, así nos enteramos todos.

Por orden de antigüedades esa lista la integran: Selva Klett, Luis Tosi, Tabaré Sosa, Eduardo Borges, Nilza Salvo, John Pérez, Luis María Simón, Ana Maggi, Doris Morales, Rosina Rossi, José Balcaldi, Ángel Cal, Mary Alonso, Alberto Reyes, Lilián Bendahan, Julio Posada, Nanci Corrales, Juan Carlos Contarín, María del Carmen Díaz y Álvaro França. ¿A qué partido vota cada uno de ellos? ¿Cómo saben los legisladores frenteamplistas si un juez es de su palo salvo que recorran sus despachos pidiendo ser designados? ¿Lo deducen por el contenido de las sentencias? ¿Por ser más “pro Estado” o más “proindividuo”? ¿Por amigos comunes a través de los cuales hacen lobby?

Murro exige jueces indignos, laderos homologantes de su partido. De lo contrario, no lo propondría. ¿Quiere tener por jueces juristas sólidos o focas? Para lo primero hay que analizar quiénes son los mejores desde el punto de vista técnico y espiritual. Para lo segundo debe ir a un zoológico.

Con su experiencia debería tener claro que un juez obsecuente (como cualquier obsecuente) con un proyecto partidario detrás no dudará en legitimar otro proyecto cuando cambie un gobierno. El servil no tiene lealtades y no duda en clavarle el puñal en la espalda a quien antes abrazó.

Vayamos a lo que importa. Es fundamental que alguien le haga leer a Murro (y al resto de sus correligionarios) un voto del extinto ministro Nelson García Otero en la sentencia de la Corte Nº 184 de mayo de 1988. García Otero fue destituido por la dictadura por mantenerse fiel a la democracia y fue restituido en 1985.

Dice García Otero: “Cuando el art. 233 de la Constitución (...) establece que el Poder Judicial, será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y demás órganos, está excluyendo expresamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de funciones específicas que la organización democrático representativa constitucional del país confiere sólo a los Jueces del Poder Judicial. Más allá de las señaladas deficiencias, de la concepción rígida o mecánica de la teoría de la separación de los poderes, no hay duda que, ciertos asuntos, son propios de la actividad de los jueces, y no pueden intervenir en ellos representantes de poderes esencialmente políticos, como el Ejecutivo o el Legislativo. Estos principios son defendidos por nuestra más prestigiosa doctrina. Así Barbagelata, en Jiménez de Aréchaga ‘La Constitución Nacional’, Tomo VIII pág. 8 expresaba: ‘..sobre todo, que no hay libertad si el poder de juzgar no está separado del Legislativo y del Ejecutivo. Si estuviera unido al Poder Legislativo el poder sobre la vida y sobre la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, porque el Juez se convertiría en Legislador. Si estuviera unido al Ejecutivo, el Juez tendría la fuerza de un opresor y todo se encontraría irremediablemente perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de príncipes, de nobles o de pueblo ejerciera los tres Poderes: el de hacer las Leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares. Esa independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del gobierno —fórmula irreprochable como garantía de las libertades públicas y aun por principio de buena técnica de organización— es tanto más respetable cuanto que ella resulta indispensable para el cumplimiento de una tarea eminente que cada día se asigna con mayor frecuencia por los textos constitucionales a los órganos supremos de Justicia, y por la cual este Poder o su órgano supremo aparecen encargados de velar por la contención de los otros Poderes en los límites de la legalidad constitucional”.

Terminante, pero Murro no está solo. Desde el Frente Amplio nadie ha cuestionado su totalitaria exigencia. Un silencio cómplice que incluye a abogados y desnuda que todos piensan igual que el ministro: hay que darle la espalda a Montesquieu y cambiar la Constitución.