Antigua (Guatemala). Las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) constituyen una de las mayores “ferias” de noticias. Allí se generan y hasta allí llegan de todas partes a un lugar en que están reunidos durante cinco días centenas de “hombres de prensa”: dueños de medios, periodistas, corresponsales, académicos y expertos vinculados directamente a la comunicación.
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La última reunión realizada en la ciudad de Antigua, en Guatemala, que culminó el pasado martes 4, no fue diferente a las demás.
Durante esos días tuvo lugar un nuevo acto del “sainete bolivariano”. Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), avanzó decididamente contra la Asamblea Nacional, único órgano elegido democráticamente en Venezuela. Se decretó la eliminación, anulación, disolución —no sé cómo llamarle— del Poder Legislativo y esa tarea la asumió el propio TSJ. Resumiendo: fue un golpe de Estado. Casi innecesario aunque revelador: se dio en un país donde ya impera un sistema dictatorial en el que no rigen las libertades básicas. Se les cayó la careta y la reacción internacional fue muy fuerte: los que ya condenaban al gobierno de Maduro (“lo que habíamos advertido”, dijo Almagro) subieron el volumen y quienes permanecían callados o daban vuela la cara, esta vez no pudieron esquivarlo y hubieron de asumirlo y condenar “el golpe”. Eso obligó a Maduro a echar un poco para atrás, lo que sirvió solo para reconfirmar lo que ya todo el mundo sabía: que el TSJ es un órgano (un poder) títere. Lo de la separación de poderes es —y ya lo era— una farsa.
Maduro en estos días no paró de hablar y dijo expresamente que él actuaba “en el marco de la Constitución y TSJ” (¡mirá!). Dijo también que cuenta con el “apoyo del papa Francisco”. Puede que sea cierto —desde el Vaticano no se ha oído nada—, pero la Iglesia venezolana, por su lado, criticó lo ocurrido y hasta justificó la desobediencia civil.
Maduro y las Fuerzas Armadas se resisten y reprimen, pero como que todo se les desmorona.
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Desde Brasil las noticias fueron insistentes sobre la suerte del presidente Michel Temer. El Tribunal Electoral comenzó a investigar si hubo “abuso de poder” para favorecer a la dupla Rousseff-Temer (entonces amigos y aliados) en las elecciones del 2014. Imprevisible.
En Ecuador se decidió la segunda vuelta a favor (2,3% de diferencia) de Lenin Moreno, candidato de Rafael Correa, quien a su vez se irá a vivir a Europa. Ese es su cómodo futuro (por ahora); el de los ecuatorianos es más incierto. La oposición dice que hubo fraude, pero es difícil que prospere esa protesta. Salvo que a algún Tribunal Electoral le diera por “revisar”, como en Brasil, si hubo “abuso de poder” y entonces sí que Moreno no podría asumir y el destino para Correa sería otro. El informe sobre Ecuador analizado en la asamblea de la SIP muestra a uno de los regímenes más totalitarios en materia de libertad de prensa. En tal situación, es ridículo hablar de elecciones libres y legítimas.
Ya sobre el final se supo del tercer procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por “asociación ilícita” y “lavado de activos”. Esta vez con embargo (por unos 9 millones de dólares) y prohibición de salir del país. También fueron procesados sus hijos Máximo y Florencia.
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¡Qué tema este de la corrupción! El domingo 2, el jurista peruano José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, dio una conferencia a la asamblea de la SIP y reveló cifras escalofriantes sobre la corrupción a nivel mundial y continental. Ceros, ceros y más ceros (a la derecha) realmente asustan: estamos mandados por una banda de ladrones. Como decía no hace tanto un sindicalista argentino (al que citó Jorge Batlle en su famosa declaración): “Si dejáramos de robar un año, se solucionarían todos los problemas del país”. Y, efectivamente, de acuerdo con las cifras y datos que expuso Ugaz, si se dejara de robar, prácticamente se acabarían los problemas del mundo.
Y finalmente, pero no menos importantes y preocupantes, estuvieron las noticias sobre libertad de prensa que analizó la asamblea de la SIP.
A la acción de gobiernos, poderes y mandamases para acotar la tarea periodística, manipular la información y restringir el derecho de los ciudadanos a estar debida y libremente informados, se suma el asesinato de periodistas. En seis meses fueron asesinados 13 y esto con total impunidad para los asesinos. Y peor aún respecto a esa impunidad, se informó en la asamblea sobre la prescripción —en Colombia— de cuatro asesinatos ocurridos entre 1996 y 1997. Son 76 los casos que han prescripto en los últimos años, loque no habla bien de los gobiernos ni de la Justicia en nuestra región.
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A Uruguay, específicamente, no le fue nada mal. El uruguayo Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la OEA, hizo una muy sólida y equilibrada exposición sobre la situación imperante en el continente. Preocupante el panorama pero alentadora la tarea del relator, quien fue muy aplaudido.
Por otro lado, por lo que mostró y dijo el presidente de Trasparencia Internacional, Uruguay está en la muy corta lista de países donde no hay corrupción. En América ocupa el tercer lugar, detrás de Canadá y Estados Unidos. En otras estadísticas de otros paneles Uruguay aparece como un país, entre muy pocos, con democracia plena y también con crecimiento sostenido desde hace 15 años (desde finales del gobierno de Batlle; recordémoslo). Uruguay tiene muy buena imagen en la SIP al igual que el presidente Tabaré Vázquez y su antecesor José Mujica, quien fue invitado y dio una conferencia en la pasada asamblea de octubre.
Se dirá que de afuera y para los que no tienen que vivir y sufrir un país, todo se ve mejor. Pero no es de ahora; los ex presidentes Sanguinetti, Lacalle y Batlle tienen muy buena imagen en la SIP. Los gobiernos frentistas y sus líderes se ven muy beneficiados cuando los comparan —y lo hacen continuamente— con sus correligionarios progresistas del continente; esto es, los Kirchner, Lula, Chávez y Maduro, Ortega, Correa y Evo Morales. Corren con ventaja, ¿o no?
Por todo eso, llamó mucho la atención en la asamblea la noticia de que el movimiento obrero uruguayo apoyaba al régimen venezolano e incluso al golpe de Maduro, lo que constituye a la vez una muestra de que, a veces y en unas cuantas cosas, las apariencias engañan.
Todo se restableció cuando se conocieron declaraciones del canciller Rodolfo Nin Novoa y lo resuelto en el Mercosur. Nin, además, tuvo la suerte de ser insultado por Maduro. La firme respuesta del presidente Vázquez y su reclamo de rectificación a Maduro, reacomodó todo. Un editor argentino, con tono algo cantarino, me comentó: “Maduro se equivoca; no conoce al presidente de ustedes (Vázquez) ni sabe que no es de arrear con el poncho, como le quedó bien claro a Kirchner”.
En fin, tengo que ser sincero: daba gusto ser uruguayo.
El propio breve informe sobre la situación uruguaya brindado por el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Washington Beltrán, de “El País”, consigna el clima de libertad de prensa que se vive en el Uruguay, el que —señala— solo se ha visto alterado por un decreto del 13 de febrero “que antepone los ‘deberes de lealtad y reserva del funcionario público’ a la obligación de transparencia y publicidad a los que están obligados los funcionarios” y, particularmente, los gobernantes que están sometidos, y así debe ser, al permanente escrutinio de la ciudadanía.
Esto es, si es que hablamos de democracia plena.
Se trata de un decreto que para lo único que sirve es para mellar la dignidad y libertad del funcionario y para que los periodistas debamos recurrir más y demasiado, al mecanismo de las “fuentes reservadas”, que, periodísticamente y por varias razones, no es lo más deseable.
Sin ese decreto seríamos casi perfectos.
