Navieras evalúan demanda por “cobro indebido” de “prácticos”

Los prácticos son profesionales independientes titulados por el Estado que prestan el servicio público de ubicar o atracar los buques en los puertos, radas, canales, ríos y aguas jurisdiccionales (y asistir en la salida del buque), entre otras tareas. Hay actualmente unos 16 prácticos en Montevideo y otros 35 en el interior.

Retamoso apuntó que esa paramétrica “se firmó y aprobó en un ámbito tripartito donde el sector privado está representado. (…) Es un tema bastante largo, hay actas donde se votan ciertas cosas, decretos, ámbitos de tratamiento y los valores que se adoptan cada año los publica la autoridad y deja pasar tiempo para que se haga algún descargo si hay que hacer”.

Explicó que “en junio el Cennave planteó estudiar cómo se está comportando el ajuste del valor del pilotaje con referencia al dólar y, al argumentar esos trabajos, la gremial avisó que se había detectado un error” que se venía arrastrando. “Otras partes dicen que es una forma de interpretar (la paramétrica), no un error”, puntualizó.

Las autoridades del Cennave declinaron hacer comentarios sobre el tema porque, señalaron, es un “asunto que está en la órbita que corresponde”.

Por su parte, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, declaró a Búsqueda que los distintos involucrados “están negociando” y que su secretaría participa, pero no tiene una opinión decisoria en el asunto. “Nuestro interés es que las partes discutan y ver de qué manera se encuentra un camino de solución. La preocupación que tenemos es que es un servicio muy importante, que queremos que siga funcionando y que lo ha hecho con eficiencia (…), pero tampoco puede ser a cualquier costo que funcione. Por eso es que estamos esperando que las partes se pongan de acuerdo”. Rossi alegó que “es un negocio fundamentalmente entre privados”.

La Administración Nacional de Puertos (ANP) se excusó de hacer comentarios antes que se realicen las reuniones entre las partes planificadas para los próximos días.

El lunes 21 la Prefectura rechazó el pedido de las navieras y el Cennave de hacer un nuevo cálculo para la tarifa, dijeron los informantes. La autoridad marítima señaló que la paramétrica se viene aplicando hace años “sin objeciones” y que es producto del trabajo de un ámbito tripartito por lo que cualquier cambio debe surgir de allí.

El reclamo

La petición formal de calcular la UMP —el monto en dólares que sirve como referencia para el cálculo de la tarifa de los prácticos—, según lo establecido en el decreto Nº 320, de setiembre del 2012, fue presentada ante la Prefectura Nacional Naval a mediados de julio por 20 agencias y armadores marítimos: CMA CGM Uruguay, Agencia Marítima Multimar, Christophersen, Repremar, Unimarine, Global Shipping, Advanced Maritime Services, Universal Shipping Agency, Cosco Shipping Lines, Mediterranean Shipping Company, Sociedad Anónima Financiera y Comercial J.R. Williams, Agencia Marítima Ernesto J. Rohr, Agencia Marítima Sur, Hamburg Süd, Maersk, One Uruguay, Agencia Marítima Latinoamericana, Barraca Deambrosi, Montevideo Harbour South America. En el escrito, al que accedió Búsqueda, solicitaron que eso se haga con vigencia desde el 1º de julio pasado.

Alegan que la “comisión del 125” (denominada así porque está establecida en el artículo 125 del reglamento general de prácticos), integrada en forma tripartita por el Estado (Jefe de la oficina de Pilotaje, el Prefecto del Puerto de Montevideo y representantes del Ministerio de Trabajo, de Transporte, de la ANP), los privados (delegados de la Cámara de Comercio y Servicios y del Cennave) y por las Asociaciones de Prácticos, aprobó en octubre de 2011 una paramétrica de ajuste de la UMP y estableció que los sucesivos se realicen a año calendario aplicando determinada fórmula.

Los cambios de tarifas que aprueba la comisión deben elevarse al Poder Ejecutivo para su consideración. Así sucedió con el decreto Nº 320, donde se desglosó la fórmula de ajuste, con los índices que la integran y sus respectivas descripciones, tal cual lo aprobado por la “comisión del 125”.

Pero las compañías indican que “al incorporar la nueva disposición al Reglamento General de Prácticos, se invirtieron las descripciones de los coeficientes” del Índice Medio de Salarios del Sector Público del mes anterior al inicio del período considerado con el del Índice Medio de Salarios del Sector Público del final del período. Por tanto, los “cálculos realizados con esta paramétrica han sido incorrectos desde el inicio”. Las compañías adjuntan una copia del reglamento actualizado por la Oficina de Pilotaje de la Prefectura donde se observa el “cambio de las definiciones”, según el escrito.

Y reiteran el pedido del cálculo “de acuerdo a derecho”, “sin perjuicio de las acciones que se pudieran realizar por la mala aplicación de la paramétrica hasta el momento”.

Los informantes señalaron que “alguien cambió la descripción” y aclararon que “recién ahora” se dieron cuenta del error porque confiaban en la “buena fe” del Estado al comunicar al inicio de cada año el nuevo valor de la UMP. Ahora, identificado el error, “por un tema de seguridad jurídica del país y credibilidad” exigen que se aplique lo establecido en el decreto y no en el reglamento, que “no tiene validez jurídica”.

“Si hay un error, se puede corregir, pero si no se soluciona es porque no solo fue un error”, planteó la fuente. Agregó que en torno a esta situación existe una “responsabilidad muy grande del Estado”.

“Algunas voces hablan de negociar la tarifa”, pero a juicio de las compañías “no hay que negociar nada; si está mal, está mal”. Las navieras contrataron consultorías jurídicas y económicas que arrojaron una “sobreestimación sustancial en los últimos siete años” de la tarifa de la UMP, que se calcula en 36%. Las fuentes detallaron que esa diferencia surge de comparar los valores de esa unidad, según la fórmula establecida en el decreto del 2012 (US$ 691), con los que se aplican de acuerdo al reglamento de la oficina de Pilotaje de la Prefectura (US$ 925).

Del total de la recaudación por las tarifas de pilotaje, el 10% se destina a la Prefectura y el 90% constituye el fondo común de cada una de las corporaciones de prácticos para pagar los honorarios y gastos de administración. Por una maniobra de atraque, los prácticos pueden llegar a cobrar hasta US$ 10.000, estimó una fuente consultada.