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Cuando se habla de corrupción los gobernantes uruguayos son nenes de pecho al lado de los españoles. Tal vez por su mayor cultura democrática y republicana, quizá porque en las arcas locales hay menos para robar o, lo más seguro, debido a los controles de organismos especializados, periodistas y partidos. Es comprensible que las corrupciones en España pasen inadvertidas debido a la distancia geográfica y a su escasa incidencia en los asuntos locales.
Hay hechos españoles actuales que se deben destacar. La semana pasada el Tribunal Supremo confirmó las condenas de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñan (2009-2013). El primero, con pena de prisión de seis años y 15 años de inhabilitación como responsable de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Chávez fue condenado a nueve años de inhabilitación política imputado de prevaricación. La sentencia también confirmó condenas de otros funcionarios que dependían de los expresidentes.
Este proceso que se tramitó durante 11 años es el mayor caso de corrupción en casi medio siglo de la España democrática, por el tiempo de expoliación, el monto y el relieve político de los condenados, una mafia gubernamental sin precedentes. Es conocido como Caso ERE, acrónimo de Expediente de Regulación de Empleo, un procedimiento administrativo mediante el cual una empresa en crisis busca obtener autorización administrativa para suspender o despedir a muchos trabajadores. Se utiliza para reducir la jornada laboral, la suspensión o la extinción del contrato de trabajo. Puertas abiertas a la manipulación cuando el que manda tiene la sartén por el mango y el mango también.
La investigación se inició con una denuncia del diario El Mundo. La Justicia buscó indagar a una red de corrupción política enquistada en el seno de la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que estuvo al mando de Andalucía entre 1980 y 2018. También intervinieron los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT). De controlar a los políticos, nada, porque también se la llevaban.
La sentencia de primera instancia de 2019 les imputó a Griñán y Chaves responsabilidad sobre el desvío de fondos públicos por el equivalente a casi US$ 700 millones. Esa estimación es incompleta porque falta contabilizar los años 2010 y 2011; el monto puede llegar a los 1.000 millones. El dinero sucio caminó impune hasta los bolsillos de dirigentes y militantes afines al PSOE, familiares y amigos de gobernantes, varios de los cuales lo gastaron en prostitutas y compra de drogas. La Justicia puso al descubierto una trama diseñada por la cúpula del socialismo andaluz para sustentar su poder mediante un reparto de dinero a cambio de lealtades y favores. En diciembre de 2010 El Mundo publicó una exclusiva: la Junta de Andalucía llevaba 10 años pagando ERE de forma ilegal.
Puede sorprender la demora de la sentencia del Tribunal Supremo, pero desde 2011, cuando la jueza de Sevilla Mercedes Alaya le hincó el diente, los socialistas le fueron colocando vallas mediante el escamoteo de documentación, además de las dificultades procesales, por haber tenido que recibir declaraciones de decenas de imputados y testigos. Alaya también revisó documentos de aseguradoras y estudios de abogados que pudieron lucrarse con sobrecomisiones para tramitar los ERE. En febrero de 2018, un informe de peritos de la Dirección General de Seguros revela que las comisiones cobradas por mediadores en los ERE financiados por la junta superan hasta un 550% la media que las aseguradoras pagaban a esos mismos intermediarios en otros casos.
En 2013, cuando la investigación de Alaya era incontenible, el presidente Griñán renunció para “preservar” al gobierno de la “erosión”. Aseguró: “No hay ninguna figura delictiva de la que se me pueda imputar”. En la sentencia el Supremo remarca que era imposible que los expresidentes ignoraran la trama corrupta.
En 2016 Chaves y Griñán renunciaron al PSOE. La dirección socialista aclaró que no tenían esa obligación pese a sentarse en el banquillo de los acusados y calificó sus renuncias como “generosas” para evitar su uso político durante la campaña electoral para las elecciones generales que se celebraron pocos días después, el 26 de junio de 2016, y que los socialistas perdieron.
Para aquilatar la importancia de estos hechos, además de por el monto del dinero en beneficio del PSOE o de sus integrantes, hay que considerar el peso de Andalucía, que tiene el mayor número de habitantes de España (8,4 millones), seguida por Cataluña (7,7 millones) y Madrid (6,7 millones).
Desde 1982 Andalucía fue un feudo socialista pero el dulce, además de picarles los dientes, se metió en las urnas y les destruyó votos. En las elecciones autonómicas del 19 de junio el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, arrasó. Obtuvo la mayoría absoluta (43,13%) y relegó a los socialistas a un segundo lugar con 24,09%.
Chaves y Griñán pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional y el presidente Pedro Sánchez deberá decidir sobre las exigencias socialistas que reclaman indultarlos. El indulto extingue el delito y se tramita a pedido del interesado a través del Consejo de Ministros del gobierno. Si el consejo está de acuerdo, el rey los avala.
En todos los gobiernos la cuestión fue proteger a los corruptos. Desde la presidencia de José María Aznar en 1990 todos los presidentes han concedido 231 indultos por prevaricación y malversación. Lo lógico sería que el gobierno embargara a los condenados para intenter recuperar algo del dinero robado, pero no se atreverá.
A las diferencias entre ambos países citadas al comienzo, aunque resulte obvio, vale remarcar que en Uruguay no hay gobernante ni rey, ni nadie con facultades para indultar. Aquí las sentencias judiciales son inconmovibles y en las decisiones de los jueces los políticos son de palo. Como debe ser.
