Ni estornudos ni rascadas

La razón de que no luchen por ellos ni por nosotros es por deshonestidad y por encarar la democracia y las instituciones con un oscurantismo mafioso. Eso nos golpea y lo reflejan dos frases populares: “Cuando Argentina se resfría, Uruguay estornuda” o “Si Argentina tiene un grano, Uruguay se rasca”. Refieren al mayor peso del vecino y a los inevitables contagios económicos, cambiarios y turísticos que nos provoca. Del contagio solo se salva la Justicia, inmune a la descomposición del Poder Judicial argentino que va desde su cúpula hasta jueces que no resisten presiones o sucumben a las tentaciones.

En diciembre de 2019, cuando asumió, Fernández sentenció: “Sin una Justicia independiente del poder político no hay república ni democracia, solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan”. Una burla demagógica. La frustración de quienes le creyeron se refleja en las encuestas de la semana pasada para las elecciones legislativas del 14 de noviembre en las que puede perder las mayorías. De cualquier manera, eso tampoco garantiza cambios.

Mientras tanto en la interna se agarran a trompadas un día sí y otro también. “Construyan”, exhortó Mujica. Difícil, no en vano en 2016 Jorge Batlle dijo que “son una manga de ladrones, del primero al último”. No se refería solo a dinero.

Lo anterior viene a cuento por lo ocurrido en la Corte argentina cuando renunció la ministra Elena Highton. Sorprendió a sus colegas, pero no al presidente Fernández porque se le adelantó. Había sido aliada de su partido desde 2004 cuando llegó a la Corte de la mano de Kirchner.

Renunció tras una derrota interna por la presidencia del organismo. Intentó bloquear a Rosatti, de origen kirchnerista, pero enemistado con Fernández. En 2005 Rosatti había sido propuesta para la Corte por Macri. ¡Qué país de retorcidos!

El periodista de Clarín Ricardo Roa dice que Highton no participó en la votación a pedido de Fernández para obligar a Rosatti a votarse a sí mismo y cuestionarlo luego por ello. ¡Atención! Rosatti es tan demagogo e inmoral como el resto. Dos meses antes había pontificado: “El juez que juega a ser político es mal político y el político que judicializa una decisión que no pudo resolver, no debe quejarse de la decisión judicial”. Una frase criolla les calza justo: ¡Caminan descalzos sobre la bosta!

Entre nosotros lo ocurrido sorprende. Highton tiene 78 años (en Uruguay el cese obligatorio es a los 70 años o luego de 10 en el cargo) y fue durante 10 años vicepresidenta de Ricardo Lorenzetti, presidente durante 12 años. Es un cargo con gran influencia: contacto oficial exclusivo con el poder político, elige la agenda judicial y administra resortes administrativos muy importantes. Durante su presidencia fue casi un monarca y Higthon su princesa consorte.

La gran diferencia con Uruguay empieza en la Suprema Corte. Aquí su presidente es, como se expresa en latín, primus inter pares (primero entre sus pares). Pero solo por un rato. Por ley el cargo rota anualmente por antigüedad. No tiene otras funciones que representar al órgano y dirigir debates internos. Si el presidente se enferma o se incapacita también es sustituido por antigüedad. Todo previsible y transparente. Ni el presidente ni el resto de los ministros discuten con los jueces asuntos jurisdiccionales entre bambalinas. Garantía de independencia. No importa qué partido gobierne el país, esos principios no cambian.

En Uruguay los ministros de la Suprema Corte uruguaya se eligen siempre entre jueces de carrera avalados por el Poder Legislativo. En Argentina también requieren aval legislativo, pero los propone el presidente de la República. Otra gran diferencia es que en Uruguay no hay Ministerio de Justicia ni Consejo de la Magistratura, organismo que en Argentina administra el Poder Judicial excepto la Corte. También selecciona a los jueces y puede removerlos.

El Poder Judicial uruguayo, pese a sus carencias económicas, no se contagia por resfríos ni debe rascarse por granos argentinos. Profesionalismo e independencia son una garantía para inversores extranjeros. Mientras en Argentina disminuyen, en Uruguay crecen.

El País informó que en 2020 se tramitaron 6.500 trámites de residencia de argentinos y el consulado en Buenos Aires gestiona 750 solicitudes por mes. El Registro de la Propiedad indica que unos 90.000 argentinos son propietarios de inmuebles en Uruguay, unos pocos privilegiados porque según datos oficiales sobre el total de habitantes, cuatro de cada 10 son pobres y uno de cada 10 es indigente.

Los que pueden huyen y el resto come sobras o delinque.