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Las propuestas del Frente Amplio para enfrentar la actual crisis por la alta inflación son por lo menos previsibles, basadas en el típico “buenísmo” engañoso y contraproducente, donde el Estado supuestamente siempre tiene que salir al auxilio de todos como si tuviera fondos infinitos. Sería además ingenuo hablar de buenas intenciones de los dirigentes frenteamplistas al impulsar estas iniciativas cuando en realidad lo que hay detrás es la intención de dificultar la tarea del gobierno y no dejarlo progresar, como forma de intentar volver al poder.
Pero lo que nos preocupa no es tanto la postura de la oposición —aburridamente obvia—, sino el hecho de que varios voceros de los partidos que apoyan al gobierno expresaron su simpatía a este plan cortoplacista, o por lo menos a ideas similares. A su vez, todo este debate distrae la atención de los asuntos de fondo, como la reforma de seguridad social, la inserción internacional —TLC y varios deberes anteriores para ser competitivos en el libre mercado—, las políticas laborales, la educación y los cambios en la estructura del Estado, que parecen haber quedado en el tintero y sin ambiente para que fructifiquen.
La conclusión que surge de todo esto es que algunos políticos solo piensan en generar impactos superficiales para preparar su cosecha de votos en la próxima instancia electoral, ofreciendo soluciones que solo suenan bien hoy y evitando arriesgarse con reformas que pueden tener un determinado costo político. No importaría si con el tiempo esos cambios puedan mejorar el crecimiento del país y con ellos la calidad de vida de los ciudadanos.
Es parte de las reglas de juego de la vida política y de la democracia que sus representantes miren de reojo la reacción de sus electores, pero la pregunta es por qué en este país se asume que los votantes prefieren la demagogia. Parecería que el relato socialista de la izquierda —con alguna raíz batllista— ha calado hondo en nuestro sistema político. Sin embargo, si se miran con atención los resultados de las últimas instancias electorales y también lo que ocurre en las redes, la realidad es otra.
Este fenómeno quedó en evidencia en muchos de los debates sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) previos al referéndum del 27 de marzo. Los defensores de la LUC muchas veces parecían querer disculparse ante las criticas de la oposición, como si estuvieran en minoría. Un ejemplo: cuando se cuestionaba la pérdida de influencia de los docentes en la enseñanza, se intentaba desmentir la aseveración, cuando la respuesta debió ser que “sí, es así, su excesivo peso ha sido un desastre para cualquier desarrollo en el rubro”. Simplemente era decir: “Queremos un modelo de país diferente y fuimos votados por ello”.
Con la confirmación de la LUC, se esperaba un camino de reformas que guiara a Uruguay a la modernización. Sin embargo, desde ese momento el gobierno, y especialmente sus socios, parecen retroceder en sus aspiraciones y caen hacia un terreno de soluciones defensivas y de corto plazo, si es que tienen en cuenta algún plazo. Quizás sea el momento de recordarles que en las últimas cuatro contiendas que convocaron el voto de los ciudadanos, el país eligió un camino diferente, probablemente pensando en un modelo distinto. No es el tiempo de dar marcha atrás. Pensemos que de todos los que pudieron haber votado por la opción que ponía un freno a la LUC, solo 40% efectivamente lo hizo. Hubo una mayoría que respaldó los cambios y otros que están expectantes por el desarrollo y cumplimiento de la propuesta.
En conclusión, la mayoría de los políticos –en lo que podría considerarse una falta de respeto a la inteligencia de sus conciudadanos- basa su discurso en el relato de que las reformas de fondo dan miedo. Pero la expectativa de la gente, cuando votó un cambio en elecciones anteriores, sigue vigente. Ya hay y hubo socialistas para hacer socialismo. No es hora de hacer lo mismo.
