Nº 2189 - 1 al 7 de Setiembre de 2022
“El que no detecta los males cuando nacen, no es verdaderamente prudente”. La frase de Maquiavelo tiene más de 500 años, pero los hombres, ¡ay!, parece que no aprenden.
Aunque a los más jóvenes les cueste creerlo, en la década de los 80, pasada la dictadura militar (1973-1985), la voz dominante que el establishment imponía como un santo y seña de la política era que en Uruguay no había corrupción. Alguno podía matizar con que, sí, alguien podía quedarse con algún vuelto, pero que corrupción, corrupción, en Uruguay, no. Creo que no debo abundar en lo que nos deparó el tiempo.
Más adelante, negábamos que en Uruguay hubiese lavado de dinero. Bueno, sí, que algún argentino evadiera por aquí, en fin, pero lavado, lavado, eran infamias contra el país. Sí, hoy suena risible, pero se decía.
Esta semana, durante y luego de la interpelación por el affaire de la entrega del pasaporte a un narcotraficante uruguayo, el ministro del Interior primero y dirigentes de la oposición después lanzaron la que parece ser la consigna de estos tiempos: en Uruguay “descartamos de plano” que el narcotráfico tenga vínculos con la política.
¿Cómo lo saben? Ni idea. ¿Puede que aún no haya llegado con fuerza por eso que tiene Uruguay de que todo llega tarde y mal? Puede. Pero asegurarlo así, y añadir que acá “somos diferentes”, en un momento en que la región está terminando de dar un salto cualitativo en su relación con el narcotráfico, es, y parafraseando a Maquiavelo, por lo menos imprudente.
En Colombia, Perú y Bolivia, productores del 98% de la cocaína del mundo, narcotráfico y política van de la mano hace años.
En Chile, los vínculos entre la Municipalidad de San Ramón y narcotraficantes generaron una crisis interna en el Partido Socialista en medio de denuncias de corrupción en licitaciones públicas y hombres armados amenazando a funcionarios.
En Paraguay, varios congresistas aparecen vinculados ya no al narco local sino al poderoso Primer Comando de la Capital (PCC) brasilero.
En Brasil, hay varias investigaciones sobre el vínculo entre gobiernos locales y el narco. “Si no se destruye financieramente a estos tipos, esto se va a convertir en México”, dijo tiempo atrás el comisario Elvis Secco, jefe de la coordinación de la Policía Federal para la represión de drogas, armas y grupos criminales en Brasilia.
En Argentina, la relación del narcotráfico con el ex jefe de Gabinete de los K, Aníbal Fernández, se volvió más que una sospecha cuando se comprobó que droguerías que pertenecían a traficantes habían hecho aportes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
En Venezuela, en fin, la DEA señala al exvicepresidente Diosdado Cabello como el político más famoso en liderar una red de narcotraficantes.
Y listo, ahí está parte de la realidad de los otros países que integran el Cono Sur. Y luego estamos nosotros, los uruguayos, los cátaros de la región.
Creemos haberlo visto todo en materia de narcotráfico: depósitos de cocaína listos para salir hacia Europa; contenedores en tránsito con toneladas de polvo blanco; grupos locales que matan y mueren cada vez de manera más violenta; grandes capos narcos de alcance internacional que llegan, viven, caen, se fugan; sicarios de 13 años y cinco muescas en su empuñadura; sobredosis; nuevas drogas.
Y seguro están pasando cosas que no vemos o no queremos ver: ¿de verdad creemos que este es un mercado como para que se requise una tonelada de pasta base para consumo local? ¿O será que en algún lugar la están refinando para sacarla, ya convertida en clorhidrato de cocaína, hacia Europa? ¿De verdad creemos que el PCC ya no ha echado raíces en las bonitas cárceles locales?
“Lo que estamos viendo ahora es la culminación de la globalización del tráfico de drogas”, dijo Jimena Blanco, jefa de Investigación Política de las Américas en Verisk Maplecroft al Financial Times. El diario británico señala que el continente asiste a una “segunda ola de puertos” utilizados para el envío de cocaína. “Paraguay, Uruguay y Chile son las nuevas incorporaciones. La situación es tan grave que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), todos los 21 países continentales de América Latina, excepto tres, son ahora principales países de origen o tránsito de la cocaína. Las excepciones son las pequeñas naciones de Guyana, Belice y El Salvador”.
Los narcos están desesperados por acceder a estos nuevos puertos porque, a pesar de la estúpida guerra contra las drogas, la producción de cocaína alcanzó un nuevo récord de 1.982 toneladas en 2020, más del doble que en 2014.
Carlos Flores Pérez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en narcotráfico y crimen organizado, le dijo a Infobae que “sin los vínculos con la política no puede explicarse la perdurabilidad de las organizaciones ni el nivel de expansión e influencia que han alcanzado en algunos casos emblemáticos. El negocio del tráfico de drogas ilícitas es una actividad que requiere algún margen de interacción irregular con la estructura institucional”.
Pero en Uruguay, donde los partidos políticos aprobaron una ley de financiación de campañas que violaron sistemáticamente porque, entre otras falencias, no le dieron a la Corte Electoral herramientas de inspección y control; aquí, donde los partidos se votan a sí mismos leyes de control de dinero a su medida, donde no había corrupción y donde no se lavaba dinero; aquí, narcotráfico y política no se han dado la mano aún. Descartado de plano.
Un tiempo antes de fallecer, el ex director nacional de la Policía Julio Guarteche me contó que cuando estaba al frente de la Policía Antidrogas, andaban tras la pista de dos traficantes. Un día les hicieron un seguimiento y los vieron entrar y salir del Palacio Legislativo. Allí, me contó Guarteche, se reunieron con al menos dos senadores, uno de los cuales ocupa hoy un alto cargo de gobierno. ¿Estaban en algún negocio sucio? “Nunca pudimos confirmar nada”, me dijo Guarteche, uno de los oficiales más influyentes en la historia de la Policía Nacional y un hombre de una honestidad a prueba de balas.
El mismo Guarteche que una vez, con los ojos vidriosos de bronca y tristeza, me confesó que cada vez que iba al Parlamento a hablar del peligro que implicaba para el país el narcotráfico y cómo la indulgencia ante sus riesgos era un peligro para la democracia, regresaba abatido. “Parece que no entienden nada”, se lamentaba, y se agarraba la cabeza con las dos manos.
