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Los temas de los uruguayos tienden a prolongarse por tiempo indeterminado: resolver y seguir no está previsto en nuestros genes. Esto lleva como consecuencia una lentitud pasmosa en todos los terrenos. Por estos días estalló en las redes sociales cierta indignación por una nota de la Deutsche Welle (DW Español) en la que se sugería el fin de la libertad de prensa en Uruguay a manos del presidente “conservador” Luis Lacalle Pou.
Se trató de una entrevista a Edison Lanza en su calidad de anterior relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, Lanza desempeña un cargo en el departamento de Canelones, gobernado por el frenteamplista Yamandú Orsi, aspecto que la DW no parece haber tomado en cuenta, igual que su responsabilidad como ideólogo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSDA) impuesta por la administración del Frente Amplio. Lo que Lanza declaró está dentro de lo previsible para un defensor de la ley que hoy está herida de muerte por la consideración de una nueva propuesta del actual gobierno. Pero el clima creado por la periodista a cargo del informe —saliéndose de lo que se esperaría que fuera su función— en la DW, una cadena financiada por el Estado alemán, es lo que lo convirtió en un mensaje incendiario.
Lo que provoca todo esto es que el gobierno pretende que se vote en este mes de junio una nueva ley mal llamada “de medios”, porque solo incluye a licenciatarios del Estado, eliminando así la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es un intento de imponer un modelo ya utilizado en varios países de la región con gobiernos populistas. Este nuevo texto busca reorganizar el tema de licencias del Estado para radio y televisión, crea el Sistema Público de Radio y Televisión (Sipraten), y mantiene aspectos de la ley anterior referente a los derechos del niño y la obligatoriedad de que los cables lleven las señales de aire de su zona. Lo más cuestionado por los opositores al nuevo texto es que aumenta el número de licencias que un individuo puede poseer (de tres pasa a cinco), y que, según la oposición, supondría una mayor concentración de poder.
Otro de los aspectos que tuvo cierta controversia es que ya no se hace mención a la imposibilidad de que otras empresas puedan competir en el mercado de servicios de Internet. Con ello los cables seguramente y otros jugadores tendrán la libertad de ofrecer conexiones de Internet —incluso sin recurrir a la infraestructura de Antel—, creando un sano clima de competencia. En cuanto a esto, quienes conocen la interna de la estrategia de Antel en tiempos del Frente Amplio, sabían que la limitación de esta competencia iba a caer tarde o temprano por considerarse inconstitucional. Lo que se buscó fue ganar tiempo para que la compañía del Estado sacara ventajas en el rubro, iniciando sus servicios años antes. Misión cumplida en todo caso.
Llama la atención en el texto la expresa exclusión de todo lo relacionado con productos para Internet y streaming: “Quedan excluidos de la presente regulación los servicios y la difusión de contenidos audiovisuales que utilicen como plataforma la red de protocolo Internet”. Quizás estratégicamente el gobierno deja este tema para más adelante, pero ahí están la influencia poderosa y cuestionable de Facebook y Google en el mercado publicitario, asunto del que ya hemos hablado y ha sido motivo de batalla entre países como Australia, Francia y España con esas plataformas gigantes. ¿No nos animamos a encararlo? Hay una iniciativa del senador oficialista Sebastián Da Silva que debería ser tenida en cuenta.
La nueva ley va en camino de una mayor libertad en materia de contenido, disminuye las condiciones vinculadas a lo políticamente correcto, elimina nuevos organismos de control que eran obviamente un costo innecesario y se apoya en la Ursec ya existente. Tampoco hace referencia a espacios gratuitos para campañas políticas, aunque sí mantiene las de servicio público. Por otra parte, otorga un papel preponderante al Poder Ejecutivo en las decisiones del área. El tiempo dirá qué manejo hacen de este poder los gobiernos que nos toquen. Se insiste con evitar que los extranjeros tengan una participación fuerte en la propiedad de estos medios, y en esa línea se obliga a un mínimo uso de contenido nacional. No es la panacea, pero está muy lejos del fin de la libertad de prensa que sugiere la DW.
