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Una de las tantas frases célebres del genial economista inglés John Maynard Keynes es: “Cuando los hechos cambian, cambio de opinión ¿Qué hace usted, señor?”.
Dado que los hechos continúan cambiando y lamentablemente de manera muy negativa para Uruguay, es más que razonable aplicar la cita de Keynes a la actitud que sigue tomando el equipo económico y el gobierno en general, de querer continuar manejando la política económica global como si nada hubiera pasado.
Por un lado, el nuevo acuerdo anunciado ayer miércoles 26 por el Fondo Monetario Internacional y Argentina deja en claro que no hay ninguna posibilidad de volver a niveles de precios en dólares en ese país parecidos a los vigentes hasta enero-marzo pasado, y que habrá una fuerte caída de la actividad y especialmente del gasto doméstico durante varios trimestres. Y eso en el mejor de los casos, esto es, cumpliendo las exigentes metas de ajuste fiscal y de control monetario, para que gradualmente retorne la confianza y el crédito voluntario. Si ello no ocurre, es mejor no pensar en el desenlace que le espera a nuestro vecino y los impactos mucho más negativos que habría sobre Uruguay.
También ayer, la Reserva Federal de Estados Unidos dejó en claro que continuará subiendo las tasas de interés en los próximos trimestres (una suba más probablemente en diciembre de este año, tres alzas adicionales en 2019 y una final en 2020) hasta alcanzar un nivel de 3,40% para la tasa de fondos federales. Aunque sea gradualmente, el endeudamiento será más caro en los próximos años, será menos abundante y lo más probable es que se acentúe el retorno de los capitales de corto plazo hacia los países desarrollados.
También esta semana, en su alocución ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente estadounidense, Donald Trump, dejó claro que piensa continuar su “guerra comercial” contra el resto del mundo, que el multilateralismo ya no es una prioridad para su país y que aplicarán sanciones contra Irán. Las relaciones internacionales que conocimos prácticamente desde el fin de la II Guerra Mundial se enfrentan a un riesgo cada vez mayor de cambiar radicalmente, con consecuencias difíciles de prever, pero que seguramente serán negativas a corto plazo ante la incertidumbre que generará sobre las empresas e inversores con operaciones globales.
Un daño colateral en el muy corto plazo es que la inminente aplicación de sanciones a Irán (junto al desplome de la producción de Venezuela y recortes de suministros en otros países, como Libia) ha llevado a que el petróleo Brent subiera esta semana a máximos en cuatro años, superando los US$ 80 por barril, y con varios analistas señalando la posibilidad de que —aunque sea temporalmente— nuevamente llegue a US$ 100 o más a corto plazo.
La incertidumbre política que enfrenta Brasil es un factor adicional de preocupación en el muy corto plazo, porque no está claro si ese país va a seguir el mismo camino de crisis de Argentina para luego ajustar, o si el próximo gobierno va a intentar actuar preventivamente y corregir el gran desequilibrio fiscal ya al comienzo de su gestión, gane quien gane las elecciones del mes que viene.
No hay prácticamente un solo factor externo que haya cambiado en sentido positivo para Uruguay desde hace muchos meses, y más bien hemos estado recibiendo shocks negativos de creciente intensidad.
Dado este contexto, ¿tiene sentido seguir planteando aumentar el gasto público para 2019, por más año electoral que sea? Dado el reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo en el que se cuantifica nada menos que en 3,7% del Producto Bruto Interno el monto de la ineficiencia en la ejecución del gasto público en Uruguay, ¿no sería deseable que se dejara de proclamar —como se hizo en innumerables oportunidades desde 2005 a la fecha— que hay que mejorar la eficiencia del gasto y hacerlo efectivamente, reducir el cuantioso despilfarro actual, de modo de poder bajar impuestos y tarifas públicas que están ahogando a los sectores productivos? ¿Tiene sentido que sindicatos y gobierno continúen insistiendo con acuerdos salariales que hipotéticamente plantean el mantenimiento y el aumento de los salarios reales? Con la actual política cambiaria, si continúa aumentando el gasto público y al mismo tiempo se intenta mantener constantes los salarios reales ¿cómo se logrará bajar los precios, costos y salarios domésticos en dólares para asimilar el shock deflacionario que estamos recibiendo de la región, y recomponer la competitividad exportadora en terceros mercados que ahora deben competir con los productores argentinos y brasileños?
Los hechos cambiaron sin ninguna duda. ¿Cambiará de opinión el gobierno? Ojalá que lo haga rápidamente, porque no se puede seguir así.
