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    lunes 10 de junio de 2024

    Nosotros, “los nabos” de siempre

    | Columna publicada el 16 de Noviembre de 2000

    Entre las razones que llevaron a la gente a votar a Jorge Batlle en la “segunda vuelta” de noviembre pasado, una de ellas fue terminar con algunas tonterías propuestas por su adversario. Hoy, Jorge Batlle y su gobierno de coalición, en forma alevosa y flagrante, impone esa misma tontería en el mensaje complementario del presupuesto.

    La publicidad electoral de Batlle apuntó contra la insistencia frentista de gravar aún más al ciudadano de clase media que vive de su sueldo. Esa publicidad tuvo tan milimétrica precisión que con un solo y certero tiro revirtió el clima y generó una onda favorable que le permitió triunfar en la segunda vuelta.
    Un año después, el gobierno y sus aliados blancos le proponen al Parlamento votar todo aquello que se le cuestionó al Frente. El miedo, la demagogia, la incapacidad para armar instrumentos definitivos que resuelvan los males endémicos del país, los lleva a las soluciones fáciles, pero que perjudican a la gente que más hace por el país y menos le pide.

    Para salirse con la suya lo recomendable en Uruguay es ser empleado público, formar un lobby, manifestar frente al Palacio Legislativo, hacer paros y suspender servicios. Luego basta esperar unos días para que aparezcan los políticos culposos y cedan a todo mediante el cómodo recurso de sacarle la plata a otros. A sacársela sin permiso, porque la elección del 99 fue un claro mandato para que nunca más se tomaran medidas así. Si los uruguayos las hubieran querido, Tabaré Vázquez hubiera ganado por lejos. Es que en la campaña de 1999 se le hizo una dura y justificada crítica al Frente Amplio por proponer un impuesto a la renta que en realidad era un impuesto al sueldo. Un año después, eso es lo que el gobierno resuelve para juntar el dinero que falta en el presupuesto. Por un lado se propone gravar con 14 por ciento de IVA las tarifas de los servicios médicos no mutuales, es decir las “emergencias” surgidas en los últimos años y que ayudaron a atenuar los graves efectos de la crisis del mutualismo. Por otro lado, se le agregará 3 por ciento más al impuesto a los sueldos de aquellos que ganen por encima de 30.740 pesos nominales (aproximadamente 22.000 pesos en el bolsillo).

    Sostener que ese impuesto grava los “ingresos altos” es un eufemismo. Quienes se llevan 22.000 pesos a sus casas viven mejor que muchos otros uruguayos, sin duda, pero no pueden jactarse de tener un “ingreso alto”. Con el descuento, además, dejarán de ser clase media de un día para otro. ¿Para qué se hace todo esto? Por pereza, para eludir responsabilidades, para evitar las respuestas de fondo. El gobierno ha desgarrado sus vestiduras señalando las injusticias flagrantes en los sueldos públicos, pero a la hora de aplicar el bisturí, vuelve a castigar a “los nabos de siempre”: a nosotros, los asalariados.
    El otro punto es que los asalariados ya no confían en que sus aportes tengan buen destino. Los jueces y los maestros merecen ganar más, pero esa redistribución de ingresos debe hacerse con los recursos que ya tiene el Estado. Que sea desde adentro que se le quite a quienes ganan más en favor de quienes por ser necesarios merecen ganar mejor.

    Es que para merecer más recursos los servicios públicos deberían demostrar su eficacia y dar cuenta de los fondos recibidos. Si le toca más al Poder Judicial, ¿será más expeditivo en su funcionamiento? El mal funcionamiento de un servicio suele ser usado como prueba irrefutable de la falta de recursos, cuando en ocasiones evidencia que mientras siga así, no merece más dinero.

    Como sea, los legisladores ceden a la presión de los lobbies de empleados públicos, pero no a la razón del ciudadano desprotegido que no quiere ser gravado ni quiere darle más plata a este Estado. Esto no es una mera sensación que se palpita en la calle, es la voluntad expresada en el balotaje de noviembre. Batlle y los blancos llegaron a donde llegaron porque pidieron el voto a la gente para no hacer lo que van a hacer.

    Mientras el asalariado común pague estos aumentos, seguirá habiendo aduaneros con ingresos mayores a los declarados, obtenidos gracias a que dejan entrar mercadería que evade impuestos. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el presidente de la República. Hay técnicos talentosos contratados por el Estado pero que hasta ahora nadie aclaró cuáles de ellos son necesarios y cuáles prescindibles. Hay gerentes, porteros y lavadores de autos que ganan sueldos muy buenos en las empresas públicas. No todos son necesarios y ahí se puede hacer un recorte claro y grande. También esto lo ha denunciado el presidente Batlle.

    Sin embargo, es más fácil hacer confiscaciones salariales. Batlle pretendió asustar a gerentes y lavadores de autos pero a estos no se les movió un pelo. Siempre supieron que su sueldo se seguirá pagando gracias a los demás trabajadores.

    Los legisladores evitan reformar el Estado, reprimir la evasión, castigar la corrupción interna, equilibrar desajustes. Le sacan el dinero a quien está en planilla, gana lo justo y sus cuentas son transparentes. Es el camino más fácil y los demás no pagan. Por eso vuelvo a la expresión popular: gravan “al nabo”. Y a la gente no le gusta pasar por “nabo”.

    El nuevo impuesto castiga al trabajo ordenado e intensivo y premia a la dispersión, el desgaste y la ineficacia del pluriempleo. Muchos preferirán trabajar en tres lugares con sueldos de diez mil pesos cada uno, que en uno solo con un sueldo pasible de ser gravado. He ahí la lógica del sistema. Al que produce y trabaja se le castiga. Los que changan por fuera, viven de coimas y figuran en “negro”, se salvan. Este impuesto tendrá el mérito de lograr, con su solo cobro, que la clase media uruguaya deje de ser tal. Sus aspiraciones de lograr un mínimo confort y satisfacer ciertas expectativas se acaban.

    Tampoco hay que dejarse llevar por los eufemismos ya que ni siquiera se trata de un impuesto a los “ingresos altos, sino de un tributo al trabajo, en la medida que el sueldo es el resultado de un trabajo realizado. ¿Para qué trabajar más, para qué aspirar a más, para qué soñar con darle lo mejor a los hijos, para qué desear otra calidad de vida, si todo ese esfuerzo personal, apoyado en el mérito y el trabajo, será neutralizado con una guadaña impositiva? Después sorprenden las colas para el pasaporte.

    Por si esto fuera poco, a los legisladores se les ocurrió también gravar con 14 por ciento de IVA a los servicios de emergencia. Mejor dicho, a sus usuarios porque en realidad ellos pagarán el IVA cuando sea incorporado a la cuota actual. Estos servicios han sido exitosos porque la gente vio cómo suplían las deficiencias del sistema mutualista en crisis. Eso permitió a la Salud Pública concentrar su menguado presupuesto en áreas imprescindibles. Por lo tanto, estas “emergencias móviles”, si bien privadas, prestan un servicio público. Al gravarlas, mucha gente regresará a las ya tambaleantes mutualistas, lo cual agudizará aún más su endeble situación. La calidad de la salud sufrirá un retroceso imperdonable. No entender que tales servicios se complementan con la Salud Pública y le quitan presión al Estado a la vez que mejoran los indicadores nacionales en este rubro, es no entender nada. Inventar este impuesto equivale a matar la gallina de los huevos de oro. No la de las empresas afectadas, sino la del propio Estado.
    Cuando un Estado necesitado de soluciones de fondo, sólo puede ofrecer medidas tontas, apresuradas e inmaduras, hay derecho a preguntarse si el país quedó en manos de dirigentes poco competentes, sin idea alguna de qué hacer.

    Mientras tanto, el uruguayo medio, que vive de su salario y trabaja duro para ganarlo, otra vez más es tomado por tonto, burlado, humillado y despreciado. Tanto manoseo se pagará muy caro, tarde o temprano.