Ocaso y derrumbe de una corona

Es lo que ocurre con el exrey de España Juan Carlos I. Desde poco después de asumir en 1975 fue convertido en objeto de culto como el gestor de la salida democrática tras la dictadura de Francisco Franco. Verdad a medias. Para esa salida fue central la lucha interna y el pesar del pueblo, la de los exiliados, los sindicatos y los partidos políticos. Fue útil que Franco hubiera designado a Juan Carlos como sucesor “a título de rey” y que lo hubiera elogiado.

En 2011, cuando avanzaba lenta una imputación judicial sobre su yerno Iñaki Urdangarín, para vacunarse el rey lo apartó de toda actividad oficial. En 2017 fue condenado por malversación, prevaricación, fraude a la administración y tráfico de influencias.

Esa medida la complementó en 2015 Felipe, convertido en rey un año antes por la abdicación de su padre. Le asestó un golpe de gracia a su hermana Cristina, esposa de Urdangarín, al retirarle el título de duquesa de Palma. La Casa Real filtró que la eventual renuncia de Cristina a los derechos dinásticos (ocupa el sexto lugar) depende de su voluntad porque está blindada por la Constitución.

Pese al indudable interés histórico del documental sin que nadie lo desmintiera, solo fue exhibido en el autónomo canal de TV vasco.

Mientras Juan Carlos reinó, fue inimputable ante la Justicia. El inciso 3 del artículo 56 de la Constitución de 1978 dice: “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. De la misma inviolabilidad –concesión graciosa de los políticos–, disfruta ahora Felipe.

Tras abdicar la perdió, pero, como no hay puntada sin hilo, Juan Carlos mantiene fueros ante el Tribunal Supremo, el único habilitado para juzgarlo. Así se clausuraron dos demandas de paternidad, de un español de 62 años y de una belga de 53. Si al español lo reconocían como hijo, flor de lío: ¿A quién le corresponde la corona, a él o a Felipe?

A mediados de este mes James Bradock, corresponsal del diario británico The Telegraph, reveló que la fiscalía suiza investiga si en 2012 el rey de Arabia Saudita, amigo de Juan Carlos, le pagó una comisión de US$ 100 millones para facilitar la construcción de tren AVE de alta velocidad que recorre en dos horas y media 450 kilómetros entre España y La Meca. Tuvo un costo de 6.736 millones de euros.

De la comisión recibida el rey le habría regalado 65 millones a su última amante conocida, la blonda y sensual alemana de origen danés Corinna Zu-Sayn-Wittengstein. Felipe aparece como segundo beneficiario de la fundación offshore Lucum, creada en Panamá en 2008 para canalizar a través del banco suizo Mirabaud la comisión que recibió del rey árabe. Una implosión que Felipe enfrentó rápidamente.

El domingo 15 la Casa Real (Organismo que depende del rey y divulga la actividad y opinión de la Corona) emitió un comunicado que implícitamente admite ese negociado y anuncia que Felipe renuncia a la herencia que pudiera corresponderle de su padre. También Felipe ordenó retirarle a su padre su asignación mensual de casi 16.000 euros establecida en el presupuesto del Estado.

Seguramente Felipe no comparte varios principios de la Revolución francesa, pero esa drástica decisión parece inspirada en la propuesta de Robespierre respecto del rey Luis XVI: “Luis debe morir para que Francia viva”. Y fue guillotinado.

La reacción popular fue inmediata y en las redes sociales se convocaron “caceroleadas por la República”. Quienes cuestionan la monarquía sostienen que un régimen republicano permite mayor y mejor control ante eventuales desbordes o delitos. Lo ocurrido parece confirmarlo.

Sobre el eventual patrimonio en paraísos fiscales, algunos defienden que Juan Carlos es inviolable si obtuvo ese dinero mientras fue monarca.

Sin embargo, si surgieran datos concretos la Fiscalía Anticorrupción (que depende del Poder Ejecutivo) podría accionar ante el Tribunal Supremo por blanqueo de capitales. Algunos juristas argumentan que debería afrontar una investigación penal si se acredita que el dinero obtenido se ha seguido utilizando tras finalizar su reinado. Juan Carlos ha contratado para su defensa al exfiscal anticorrupción Javier Sánchez-Junco.

La jurisprudencia española sobre el delito de blanqueo dice que se ejecuta mediante actos reiterados, de modo que los capitales delictivos se incorporan al mercado de forma discontinua y fraccionada para no levantar sospechas.

Los dos mayores partidos políticos, el gobernante PSOE y el Partido Popular, han reivindicado la inviolabilidad completa. Ambos buscan evitar un megaconflicto cuya consecuencia mayor sería cuestionar la forma del Estado.

Sobre todo esto resulta elocuente un editorial del 16 de marzo del diario El País de Madrid, habitual respaldo del PSOE, titulado Ante la ley, que navega entre dos aguas.

Dice que Juan Carlos “tuvo en su mano ocupar un lugar en la historia que, dependiendo de lo que establezcan a partir de ahora los tribunales, podría quedar ensombrecido por no haber sabido resistirse al espejismo de una época. El respeto y el prestigio que supo ganarse entre los ciudadanos y los gobiernos de todo signo deberían haber sido suficiente recompensa para quien, como él, desempeñó un papel político insustituible para dejar atrás la dictadura. Exigir que comparezca ante la ley si así lo estiman los jueces y lo permite la interpretación legítima de las normas, no es incompatible con seguir reconociéndoselo. Pero no lamentablemente por afecto hacia su persona, sino por inequívoco compromiso con una Constitución que tanto le debe, y con sus instituciones”.