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    lunes 10 de junio de 2024

    Olvidan a Newton

    Nº 2197 - 27 de Octubre al 2 de Noviembre de 2022

    Los cuestionamientos públicos a las sentencias judiciales y a las decisiones de los fiscales no son algo nuevo. Por el contrario, el sano principio de la transparencia habilita a que mediante la libertad de expresión todos tengamos la posibilidad de discrepar con jueces, fiscales o quien sea sin importar su cargo o posición institucional. Es la gran diferencia entre democracia y totalitarismo.

    Pero cuando las discrepancias se fundan en acusaciones delictivas que atribuyen a los fallos intenciones corruptas para perjudicar a quienes piensan políticamente diferente vale reflexionar sobre la estabilidad del Estado de derecho al cual la sociedad debe someterse a través de leyes y sistemas procesales. Todos, sin excepción, debemos exigir un respeto absoluto por nuestros derechos, sin olvidar que estamos sujetos a la ley. La misma que nos protege.

    Suele ocurrir que la embriaguez del poder transitorio de algunos gobernantes (convencidos quizá de que sus poderes son permanentes) les hace perder los puntos de referencia por intereses exclusivamente políticos. Para intentar fortalecer a sus partidos descalifican a otros atribuyéndoles violaciones a la ley. Lo hacen mediante declaraciones o a través de sus redes sociales, pero no se atreven a someterlos a denuncias jurisdiccionales. Es que para dirimirlas tendrían que comparecer ante quienes descalifican y, como dicen en el barrio, “no les da la nafta” pese a que gozan de todas las garantías. Entonces recurren a lo primitivo: encienden el ventilador del estercolero mientras el conventillo va rotando.

    Por esa vía les aplican transfusiones a militantes fanáticos ávidos de sangre y otros ciudadanos de a pie terminan convencidos de que hay jueces y fiscales corruptos. La garantía de independencia siempre incomoda al poder porque limita sus desbordes o arbitrariedades o, en todo caso, desbarata lo que pretendan obtener en forma irregular. De lo que no hay dudas es de que siembran una injustificada alarma social entre quienes ignoran las leyes y los procesos; muchos le dan el carácter de palabra santa a lo que denuncian sus referentes partidarios.

    Quizá suponen que así obtendrán réditos electorales, pero olvidan a Newton y a su tercera ley, la de la causa y el efecto: por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Solo recibimos lo que hemos sembrado. No podemos vencer esta ley. Y no son ajenas las elecciones. Quienes crean que, con acciones cerriles o escandalosas, obtendrán beneficios en las urnas ignoran a Newton y asumen el riesgo de que el búmeran les golpee en la cara y los desaloje de sus bancas.

    A las habituales embestidas de la cúpula de Cabildo Abierto (en general sobre procesamientos o condenas de violadores a los derechos humanos), de la senadora blanca Graciela Bianchi, que acusó al Poder Judicial de estar “infiltrado” por la izquierda, lo que impide procesar a dirigentes frenteamplistas, y de ocasionales golpes del diputado colorado Gustavo Zubía se sumó el senador wilsonista Jorge Gandini.

    Acusó a los fiscales de apuntar contra el oficialismo: “Me da la impresión de que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder. El proceso de conquistar el poder es mucho más largo que el de conquistar el gobierno y recién estamos acercándonos a conocer cómo se maneja. Todavía tenemos muchas dificultades. Muchas auditorías hay que hacerlas con funcionarios de carrera que pertenecen a otras ideas”. Puso como ejemplo la fuga del narcotraficante Rocco Morabito en junio de 2019 aún sin dilucidar responsabilidades. “Cuando toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo (…), los fiscales son de una velocidad increíble”. Para Gandini entre fiscales y funcionarios públicos hay corruptos que operan contra el gobierno.

    La fiscal Gabriela Fossati acaba de identificar en el celular del exjefe de la custodia presidencial, el encarcelado Alejandro Astesiano, nombres de autoridades (Relaciones Exteriores, Corte Electoral, Identificación Civil, Registro Civil y del Ministerio del Interior), informó El País.

    Es muy difícil sintetizar lo señalado porque la avalancha de opiniones y reacciones es abrumadora. Pero como ocurre muchas veces para muestra basta un botón: la semana pasada un viejo amigo adherente del Partido Nacional, aunque sin militancia activa, me hizo un comentario. Lo recogió de gobernantes cercanos a la cúpula del Poder Ejecutivo —esa que llaman la “mesa chica”— que luego cotejé con uno de ellos. Con un reproche enérgico mi amigo me dijo: “El escándalo desatado con el asunto de Astesiano se pudo haber evitado si la fiscal que investigaba le hubiera advertido al presidente Lacalle Pou sobre lo que había descubierto. No lo hizo y perjudicó al gobierno”. Verbigracia: la culpa de los cuestionamientos al presidente por las repercusiones del procesamiento de Astesiano la tiene la fiscal pese a que el corrupto trota al lado del poder desde hace más de dos décadas.

    Le expliqué a mi amigo que Fossati no hubiera podido informarle al presidente no solo por cuestiones éticas, sino porque el Código del Proceso Penal en el artículo 259 establece que toda investigación preliminar es “reservada para los terceros ajenos al procedimiento” y que los investigadores (fiscal y policía) y todos quienes hayan tomado conocimiento de los hechos “estarán obligados a guardar secreto”.

    Como si oyera llover. Encogió los hombros con el típico gesto de “no me importa” y replicó: “La fiscal es funcionaria del Estado y el presidente es el gobernante más importante del Estado; ¡debió advertirle lo que ocurría!”. Se fue enojado. Contra la tozudez y la adicción partidaria resulta imposible razonar en todos los partidos, especialmente cuando creen que todo vale.

    Así nos va.