Omisa investigación sobre Toma

En ese paquete se deben incluir también los arbitrarios viajes de la contadora Giuliana Pérez, una funcionaria recién ingresada a la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Senaclaft). Integró las delegaciones oficiales sin conocerse los fundamentos de su importancia. Cuando se observan las conclusiones de la investigación de la Jutep sobre el exvicepresidente Raúl Sendic la diferencia de criterios queda al desnudo. Inevitable comparar.

¿Por qué la Jutep dio por buenas enclenques explicaciones sin profundizar? Para comparar las investigaciones del organismo a Sendic y a Toma basta con utilizar el sentido común y el trabajo como unidades de medida.

En el caso de Sendic, la decisión la tomaron todos los integrantes de la Jutep: Ricardo Gil Iribarne, presidente, Daniel Borrelli, vicepresidente, y la vocal Matilde Rodríguez. En el de Toma solo actuaron Borrelli y Rodríguez por licencia de Gil Iribarne. El 9 de enero ambos directores decidieron que el viaje a Roma del secretario presidencial (aún lo era) no merecía reproches y lo archivaron. Cuando Gil Iribarne se reintegró, marcó su discrepancia y la hizo pública.

Borrelli retrucó. Explicó en Teledoce que el año pasado recibió un mail anónimo en su cuenta personal que le advertía que en Presidencia estaban pasando “cosas raras”. El mail sostenía que en dos oportunidades Toma había viajado a Roma con dos funcionarios que “iban a pasear”. El mail “era muy primario, sin explicaciones”, argumentó Borrelli. ¿Por qué no buscó individualizar al remitente del mail a través de su dirección IP para conocer más detalles?

Borrelli dijo que le pidieron informes a Presidencia y que sobre los viajes intervino el jefe de Contaduría de la Presidencia, lo que consideró una garantía para desestimar la denuncia.

Por haber cuestionado el archivo le atribuyó a Gil Iribarne pretender “vestirse de héroe”. Sostuvo que él y Rodríguez le ofrecieron reconsiderar el archivo pero no quiso.

Vale señalar que la responsabilidad financiera contable alcanza a todos los funcionarios del Estado y que en el accionar de los dos integrantes de la Jutep existió desidia o desinterés en profundizar.

La cuestión no es que se haya descartado la denuncia sino que no se hayan agotado los medios para investigar y que los fundamentos del archivo sean desnutridos. La Ley Nº 17.060/1998 de creación del organismo y su contexto habilitan ampliamente para recabar información y trasladarla a la Justicia.

La mayor responsabilidad recae sobre Borrelli aunque Rodríguez haya suscrito el archivo del 9 de enero. Borrelli es abogado y tiene una historia laboral acorde: fue jefe de Policía de Salto, juez, fiscal, ministro interino del Interior y fiscal de Gobierno. En cualquiera de esos cargos debió aprender que investigar a fondo cualquier hecho denunciado como irregular es fundamental.

¿Es admisible que no se haya profundizado para obtener informes sobre todos los viajes (no solo a Roma) realizados por Toma? ¿Por qué no indagaron conocer el vínculo personal de quienes lo acompañaron, pese a tener un cúmulo de indicios? ¿Cuál fue el costo de los pasajes para los dos viajes a Roma y los tres a Washington (los de Toma en primera clase) así como el pago de hoteles? ¿Hay constancia de pago de esos hoteles? ¿Recibieron viáticos? En cualquier caso, todo sale del bolsillo del contribuyente.

Que no se haya realizado una investigación profunda constituyó una grave omisión por razones que quizá nunca sabremos. ¿A qué se debió la celeridad para desestimar la denuncia? ¿Fue por desidia, morosidad administrativa, por una relación personal entre Borrelli y Toma o por solidaridad filosófica? Quizá todo junto.

Pero en la administración nada es definitivo. El archivo llamó la atención a las nuevas autoridades de la Jutep. Su presidenta, la escribana María Signorino Barbat, el vicepresidente, contador Guillermo Ortiz, y el vocal, Jorge Castro, decidieron desarchivar y profundizar. Entre otras medidas le pedirán a la Presidencia  los informes de Toma al cabo de sus cinco viajes que todo funcionario está obligado a presentar al regresar.

“Nosotros lo vamos a mirar desde la óptica de la ética y la transparencia”, explicó la escribana, por cuya formación académica debe ser una minuciosa recopiladora de datos y fechas.

En forma paralela por decisión del presidente Luis Lacalle Pou se realiza una investigación administrativa sobre los viajes mientras el fiscal Ricardo Lackner inicia la suya con los antecedentes periodísticos que le remitió el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Si Borrelli sigue el mismo razonamiento que lo llevó a descalificar a Gil Iribarne por cuestionar el archivo, también debería imputarles a los nuevos integrantes de la Jutep y a Lacalle Pou “vestirse de héroes”.

Mientras esos trámites avanzan Toma y Borrelli siguen al frente de las dos fiscalías de Gobierno. ¿No llegó la hora de buscar una solución para que esos dos cargos que no requieren venia del Senado dejen de servir de comodines a los gobiernos de turno y a los partidos?